Además establece un horario en el cual los internos podrán comunicarse con sus familiares por teléfono público. Estas llamadas tendrán una duración de 5 minutos y los presidiarios deberán dejar sus datos personales, número al que llamarán y destinatario de la comunicación, entre otros datos antes de realizar la llamada.
Estos datos quedarán asentados en un registro que estará a disposición del Magistrado que los requiera en caso de efectuarse un secuestro virtual.
Según lo propone la iniciativa en los lugares donde se encuentren los teléfonos se ubicarán cámaras que registrarán a la persona que realizó la comunicación pero no grabarán el audio de la misma preservando la privacidad del individuo.