Con estas palabras, el titular de la comisión de Economía, Roberto Pradines (PD), resumió el resultado de la reunión que los miembros de las dos comisiones, Economía y MERCOSUR, tuvieron como el ministro de Producción, Guillermo Migliozzi ; el gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina; y el representante de Fedecámaras Argentinas Primera Zona, Guillermo Fabre, para tratar  lo inherente  a las probables decisiones que se deben adoptar  ante la eventual restricción de exportación de vinos argentinos al Brasil. La resolución en tal sentido había sido impulsada por el diputado Eugenio Dalla Cia, de la bancada demócrata.
Del encuentro participaron también la titular de la comisión de MERCOSUR, María Cristina Pérez; los diputados Mireya Díaz, Nélida Negri y Raúl Rodríguez, del PJ; Liliana Vietti, de la UCR,  y Roberto Infante, de Concertación Ciudadana. Acompañaron a Migliozzi su asesor de gabinete, Pablo Frigole, y el gerente de Pro Mendoza, Marcos Abihagle.
La convocatoria, explicó el diputado Pradines, nació por la preocupación que existe tanto en la Legislatura, como en el gobierno provincial y el sector vitivinícola por la posibilidad de que en el intercambio con Brasil el vino  sea tomado como producto de cambio  a nivel nacional, en igual ponderación que los productos de la pampa húmeda.
Mendoza, coincidieron Pina y Migliozzi,   tienen un stock vínico equivalente a de 2 meses y medio de consumo. Este volumen ha contribuido  en los últimos años a tonificar el precio del vino, con los consecuentes beneficios para la industria Argentina en su integridad.
De darse la eventual posibilidad de que Brasil reduzca las importaciones vínicas provenientes de la Argentina, se elevaría localmente el stock de la bebida, con la consiguiente disminución de los precios.
El vino argentino, se argumentó también, representa el 25 por ciento  del consumo de esta bebida en Brasil, porcentaje que ha venido aumentando sostenidamente en los últimos años, como resultado de la política de reconversión puesta en práctica en nuestro país.
En Brasil, en cambio, su industria vitivinícola no ha tenido un desarrollo paralelo ni en tecnología ni en calidad. Además, ha acumulado stocks para tres años. Lo más grave sería que de modificarse  el acuerdo (un piso de ocho dólares para la caja de vino) al que ha llegado, mediante negociaciones permanentes, el sector privado de ambas naciones, la Argentina se vería obligada a enviar vinos de menor calidad, que representaría un retroceso no sólo en la política exportadora sino en la industria vitivinícola  nacional en general.