Además, indicaron  que no se incluyen en el listado teléfonos públicos ubicados en lugares “sensibles a la sociedad”, como son los hospitales públicos, salas de primeros auxilios, oficinas públicas o centros de jubilados, sino que se trata de teléfonos que tienen “cero uso” y que se encuentran en otros sitios.
Hicieron hincapié asimismo en que del total de teléfonos públicos instalados en Mendoza – unos 1329 teléfonos - el 20% no se usa, y el 80% restante tiene un promedio de utilización de 4 minutos en la noche, en una franja horaria que abarca desde las 21 a las 9.
En ese sentido, señalaron que por tal motivo el criterio con el cual se determina qué teléfonos son los que deberían darse de baja o reubicarse no es el económico, sino el uso y el nivel de “agresión” que pueden recibir los aparatos.
Precisamente, explicaron a los integrantes de la comisión que Mendoza tiene el promedio de vandalismo más alto de la media nacional, llegando al 21% - la media llega al 12% - no sólo en lo que respecta a la rotura de teléfonos sino también en cuanto al robo de cables.
Aseguraron por tanto, que nunca “el retiro fue pensado en forma masiva” y que pretendió hacerse “con la mayor racionalidad posible”.”Si esto fuera pensado por una cuestión de rentabilidad, ningún teléfono público es rentable, por eso hablamos de uso y vandalismo”, señalaron.
También manifestaron que la cantidad de aparatos de telefonía pública, que incluye también a los locutorios y los semipúblicos, supera en cinco veces las metas que la empresa tiene que cumplir. Esto implica que legalmente la empresa debe cumplir con un total de 1239 teléfonos, y hay en todo el territorio mendocino, alrededor de 8000.
Esta situación, sumada a los cambios que ha tenido la sociedad con la incorporación y el crecimiento de la telefonía celular hacen que las metas cambiaran, manifestaron.
En tanto, desde SOETEM, el gremio telefónico, Mario Guiñazú sostuvo que el listado que el personal le hace llegar a él, señalaba la orden de retirar de la calle 550 teléfonos, de un total de 983 que debían ser “sacados” en forma paulatina.
Guiñazú dijo que comunicó la preocupación de los empleados a la “jefatura de Mendoza”, pidiendo además una reunión para analizar la situación. Esa reunión nunca se concretó, puntualizó el gremialista, por lo que decidió comunicarse con los legisladores para que tomaran cartas en el asunto.
De allí que los legisladores adoptaran como medida convocar a las distintas partes para que explicaran lo que estaba sucediendo y hasta qué punto el planteo del gremio y de algunas uniones vecinales, se estaba cumpliendo.
El diputado Luis Orbelli (PJ), hizo alusión a que más allá del vandalismo, las empresas tienen una suerte de “riesgo empresario” donde se prevén este tipo de situaciones y puntualizó que sería “bueno hacer una planificación conjunta entre la empresa y el gobierno para establecer los mecanismos” de funcionamiento de este servicio público.
Por su parte, el titular de la comisión, Santiago Cazzoli (CC), señaló tras la reunión que lo “importante es llevar tranquilidad a la ciudadanía porque la empresa ha suspendido la medida, y se trabajará en forma conjunta con los municipios, la comisión y la comunidad, para analizar la problemática y establecer prioridades y necesidades reales”.
Por otro lado, se le pidió un informe al titular de la CNC, Julio César Bauzá, sobre cuáles podrían ser los teléfonos que deberían sacarse o reubicarse y qué medidas adoptará el organismo en caso de que la empresa continúe con el retiro de teléfonos.