Esta propuesta comprende a los deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios hasta el 15 de noviembre de 2005, a los deudores de los ex bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito SA – SEDESA -, y a aquellos que se incorporen a través del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad.
En ese sentido, el proyecto establece que esa cartera podrá incorporar al Registro deudores que hayan caído en mora entre el 16 de noviembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, en el plazo de treinta días a partir de la sanción de esta ley.
Por esta misma normativa, se suspende todo trámite de ejecución de sentencias de las deudas hipotecarias por el término de 180 días, que podrá prorrogarse por igual término, por única vez.
A la vez, se propone una depuración de ese Registro y se establece que el monto máximo a considerar unitariamente no debe exceder los cien mil pesos originarios.
El Poder Ejecutivo, a través del organismo que determine, deberá gestionar del Banco de la Nación Argentina el fondeo necesario para la recuperación, por parte de la entidad financiera, de los mutuos alcanzados por esta ley, previa quita, que expresamente autorizaría a negociar.
Asimismo se autoriza al Ejecutivo a garantizar al banco la operación, hasta el monto que alcance la constitución de los nuevos mutuos hipotecarios a celebrarse, y a establecer la modalidad de formalizar el recupero.
Una vez cumplida la recuperación de la deuda, a través del IPV se hará conocer a los deudores o sus representantes el monto definitivo de la misma pudiendo éstos optar individualmente por cancelar el total de la misma en un plazo de diez días de haber tomado la opción, o constituir un nuevo mutuo hipotecario. En caso de no optar por ninguna de estas alternativas, será eliminado del Registro..
Finalmente se dispone que el Poder Ejecutivo deberá subsidiar hasta en cuatro puntos porcentuales anuales las tasas de los nuevos mutuos que celebren los deudores cuyos titulares se hallen discapacitados o incapacitados para trabajar, cuando el titular y los miembros del grupo cohabitante hayan superado la edad jubilatoria y no perciban ingreso alguno ni se hallen incluidos en planes sociales asistenciales o cuando constituyan grupos familiares en circunstancias sociales que impongan el beneficio.
Los representantes de MO.DE.VI.FA, defendieron esta propuesta porque según señalaron, dará una respuesta a las 3800 familias que en Mendoza esperan una solución.
Estuvieron presentes, los diputados Raúl Millán (PJ), Nidia Martini (PJ), Mirta Díaz (Fiscal), Mario Casteller (PD), Mireya Díaz (PJ), Raúl Vicchi (UCR) y Gabriela Sánchez (CP).