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Quitan beneficio a empresas que registren trabajo esclavo o infantil
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del diputado Gustavo Arenas (PJ) que impide el acceso a beneficios fiscales, impositivos, .jpg)
económicos o financieros dispuestos por la Provincia a los empleadores que tengan antecedentes en el Registro de Infractores Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza.
El objetivo de la medida es erradicar el trabajo esclavo y la explotación infantil y que las empresas que registren infracciones constatadas de carácter muy grave previstas en el Régimen General de Sanciones o que presenten situaciones de contratación de mano de obra que violen las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo y que puedan implicar delitos relativos a la libertad de los trabajadores, tipificados en el Código Penal o en la Ley Nº 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se les quitará el beneficio del que sean receptores.
La norma, señala también en su artículo primero que, para acceder a cualquiera de los beneficios indicados, el empleador deberá acreditar mediante certificación de la autoridad competente que no está incluido en el Registro de Infractores Laborales; e indica que, en el caso de las personas jurídicas, ese requisito debe ser cumplido también por la totalidad de sus directivos.
económicos o financieros dispuestos por la Provincia a los empleadores que tengan antecedentes en el Registro de Infractores Laborales, de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza.
El objetivo de la medida es erradicar el trabajo esclavo y la explotación infantil y que las empresas que registren infracciones constatadas de carácter muy grave previstas en el Régimen General de Sanciones o que presenten situaciones de contratación de mano de obra que violen las normas previsionales, laborales o sobre higiene y seguridad en el trabajo y que puedan implicar delitos relativos a la libertad de los trabajadores, tipificados en el Código Penal o en la Ley Nº 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se les quitará el beneficio del que sean receptores.
La norma, señala también en su artículo primero que, para acceder a cualquiera de los beneficios indicados, el empleador deberá acreditar mediante certificación de la autoridad competente que no está incluido en el Registro de Infractores Laborales; e indica que, en el caso de las personas jurídicas, ese requisito debe ser cumplido también por la totalidad de sus directivos.