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Pérez Hualde en LAC
Desde la Corte Suprema de Justicia de la provincia se enviará a diputados una acordada que dará rigurosidad al nombramiento de conjueces. Podría ser convertida en un proyecto de Ley.
Legisladores de la oposición no consideran que, jurídicamente, haya sustento para proceder a un juicio político a los miembros de la Corte.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provi
ncia, Alejandro Pérez Hualde, fue recibido por los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara, para que aclare aspectos vinculados al nombramiento de tres conjueces, sin tener en cuenta los mecanismos legales previstos en la Ley 7.294.
El magistrado explicó que lo actuado por la Corte provincial “no esta fuera de la ley y que lo que se pretendió “fue cubrir una falencia que perjudicaba a la gente”. Con el objetivo de subsanar falencias en el sistema de justicia se procedió al nombramiento interino de Silvina Roxana Culós frente al Segundo Juzgado de Ejecución Penal; María del Carmen Páramo frente al Juzgado de Familia de Malargüe y Armando Farina al frente del Juzgado Correccional y Faltas de General Alvear.
Pérez Hualde insistió en que la ley “no ha sido violada. Hemos hecho una interpretación de la misma, interpretación admitida por la normativa vigente.”
No obstante reconoció que “éstas pueden ser de mayor o menor rigor”, por lo que en los próximos días la Corte producirá una acordada que dará mayor precisión a la temática planteada y que será remitida a la cámara de diputados como proyecto para darle rango de ley.
El titular de la Suprema Corte, negó haber actuado en “forma autoritaria” y señaló que al momento de nombrar interinamente a los conjueces mencionados, “no pensaron en hacerlo a través de una acordada porque esos nombramientos se apoyaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”.
ncia, Alejandro Pérez Hualde, fue recibido por los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara, para que aclare aspectos vinculados al nombramiento de tres conjueces, sin tener en cuenta los mecanismos legales previstos en la Ley 7.294.
El magistrado explicó que lo actuado por la Corte provincial “no esta fuera de la ley y que lo que se pretendió “fue cubrir una falencia que perjudicaba a la gente”. Con el objetivo de subsanar falencias en el sistema de justicia se procedió al nombramiento interino de Silvina Roxana Culós frente al Segundo Juzgado de Ejecución Penal; María del Carmen Páramo frente al Juzgado de Familia de Malargüe y Armando Farina al frente del Juzgado Correccional y Faltas de General Alvear.
Pérez Hualde insistió en que la ley “no ha sido violada. Hemos hecho una interpretación de la misma, interpretación admitida por la normativa vigente.”
No obstante reconoció que “éstas pueden ser de mayor o menor rigor”, por lo que en los próximos días la Corte producirá una acordada que dará mayor precisión a la temática planteada y que será remitida a la cámara de diputados como proyecto para darle rango de ley.
El titular de la Suprema Corte, negó haber actuado en “forma autoritaria” y señaló que al momento de nombrar interinamente a los conjueces mencionados, “no pensaron en hacerlo a través de una acordada porque esos nombramientos se apoyaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”.