Además, dejó a los diputados de la comisión el informe que la semana pasada entregó la Corte al senado y adelantó que esta tarde, mantendría una reunión con el ministro de Gobierno, Mario Adaro para trabajar en este tema.
El gobierno provincial no descartó la posibilidad de plantearles juicio político a los miembros de la corte, situación que fue analizada por los legisladores de las distintas bancadas que integran la comisión de LAC, que preside la justicialista Silvia Cardozo.
Tanto Alejando Viadana (PJ), como el diputado Rogelio Gil (PJ) consideraron que la Corte extralimitó sus poderes lesionando la institucionalidad de la provincia y que se expone, de este modo, a la población, a decisiones que podrían en un futuro considerarse arbitrarias.
La presidenta de la comisión, Silvia Cardozo se mostró “sorprendida ante la falta de premura, por parte de la corte, para mejorar y tratar una ley más acabada y precisa que la 7294” y dijo que “el nombramiento de conjueces en esas circunstancias “es, por lo menos, una situación desprolija”.
Por su parte , el diputado Ricardo Puga (PIM) consideró que la Corte con su actitud No cumplió conforme a la Ley al obviar el dictado de una acordada para el nombramiento de conjueces y que es necesario que sea más rigurosa para garantizar la constitucionalidad, ya que la interpretación sienta un mal precedente.
En tanto, Daniel Casia (PF) consideró que este tema “se ha politizado” y que a su entender, “No hay sustento jurídico para proceder al juicio político “.
En esta misma línea, Luis Petri (CONFE) señaló que la presencia del titular del máximo tribunal sirvió para despejar las dudas sobre el comportamiento de la Corte y explicó que la Ley 7294 es una norma excepcional.”Bajo esta premisa lo actuado se ajusta a derecho aunque una acordada, en lugar de la vía interpretativa que se eligió hubiese evitado la actual situación”, reflexionó.
Raúl Vicchi (UCR) enfatizó que “este tema no tiene envergadura para constituir un juicio político. No esta mal el procedimiento de la Corte. Utilizó la herramienta que tiene dentro de una ley de excepcionalidad como es la 7294.
A su juicio “no hay afectación de la institucionalidad”por lo que pidió que el expediente iniciado por la comisión sea enviado al archivo.
El presidente de la Corte Suprema de la provincia, luego de la reunión mantenida con los legisladores en la sala de comisiones del edificio del Bicentenario, fue recibido por el titular de la cámara de diputados Jorge Tanús a quien le entregó el informe que será leído en la sesión de mañana, miércoles 25 de agosto, para poner en conocimiento a todos los diputados de su contenido.
Prensa Agosto 24
Pérez Hualde en LAC
Desde la Corte Suprema de Justicia de la provincia se enviará a diputados una acordada que dará rigurosidad al nombramiento de conjueces. Podría ser convertida en un proyecto de Ley.
Legisladores de la oposición no consideran que, jurídicamente, haya sustento para proceder a un juicio político a los miembros de la Corte.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provi
ncia, Alejandro Pérez Hualde, fue recibido por los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara, para que aclare aspectos vinculados al nombramiento de tres conjueces, sin tener en cuenta los mecanismos legales previstos en la Ley 7.294.
El magistrado explicó que lo actuado por la Corte provincial “no esta fuera de la ley y que lo que se pretendió “fue cubrir una falencia que perjudicaba a la gente”. Con el objetivo de subsanar falencias en el sistema de justicia se procedió al nombramiento interino de Silvina Roxana Culós frente al Segundo Juzgado de Ejecución Penal; María del Carmen Páramo frente al Juzgado de Familia de Malargüe y Armando Farina al frente del Juzgado Correccional y Faltas de General Alvear.
Pérez Hualde insistió en que la ley “no ha sido violada. Hemos hecho una interpretación de la misma, interpretación admitida por la normativa vigente.”
No obstante reconoció que “éstas pueden ser de mayor o menor rigor”, por lo que en los próximos días la Corte producirá una acordada que dará mayor precisión a la temática planteada y que será remitida a la cámara de diputados como proyecto para darle rango de ley.
El titular de la Suprema Corte, negó haber actuado en “forma autoritaria” y señaló que al momento de nombrar interinamente a los conjueces mencionados, “no pensaron en hacerlo a través de una acordada porque esos nombramientos se apoyaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”.
ncia, Alejandro Pérez Hualde, fue recibido por los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara, para que aclare aspectos vinculados al nombramiento de tres conjueces, sin tener en cuenta los mecanismos legales previstos en la Ley 7.294.
El magistrado explicó que lo actuado por la Corte provincial “no esta fuera de la ley y que lo que se pretendió “fue cubrir una falencia que perjudicaba a la gente”. Con el objetivo de subsanar falencias en el sistema de justicia se procedió al nombramiento interino de Silvina Roxana Culós frente al Segundo Juzgado de Ejecución Penal; María del Carmen Páramo frente al Juzgado de Familia de Malargüe y Armando Farina al frente del Juzgado Correccional y Faltas de General Alvear.
Pérez Hualde insistió en que la ley “no ha sido violada. Hemos hecho una interpretación de la misma, interpretación admitida por la normativa vigente.”
No obstante reconoció que “éstas pueden ser de mayor o menor rigor”, por lo que en los próximos días la Corte producirá una acordada que dará mayor precisión a la temática planteada y que será remitida a la cámara de diputados como proyecto para darle rango de ley.
El titular de la Suprema Corte, negó haber actuado en “forma autoritaria” y señaló que al momento de nombrar interinamente a los conjueces mencionados, “no pensaron en hacerlo a través de una acordada porque esos nombramientos se apoyaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación”.
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