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Cuestionan implementación de la ley de Testigo Protegido La Comisión de Derechos y Garantías ha iniciado un proceso de investigación referido a la implementación de la Ley del Testigo Protegido y la “informalidad” en el uso y pago de recompensas, tanto en el caso de captura de sospechosos como para lograr pistas por parte de “informantes” de la Policía. Los diputados, ante la presentación de una denuncia relacionada con el testigo falso del caso Cardozo, solicitaron a los abogados Carlos Varela y Alejandro Acosta, de reconocida trayectoria penal, un monitoreo de los últimos casos policiales más resonantes que dieron como resultado que los testigos a los que apelaron en primera instancia resultaron falsos al final del proceso. Los profesionales mencionados presentaron un informe al respecto sobre “curiosos casos resueltos aparentemente, en primera instancia, por el aporte de un testigo de identidad reservada, cuyo testimonio se comprobó que era falso al final del proceso penal”. Así lo manifestaron y además manifestaron falencias en la implementación de las leyes aludidas y del Código Procesal Penal; como así también en el pago de recompensas.