Presidió el encuentro el titular de la Comisión, Ricardo Puga (PIM), junto a los radicales Néstor Parés y José Barrigón; la justicialista Silvia Cardozo; el demócrata Hugo Baboleme y, por el Confe, Luis Petri, autor de la ley en cuestión.
Se consideró que ante la falta de la “policía judicial”, los testigos son instrumentados por la policía común y sobre estas declaraciones se basa el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, y el Poder Judicial para resolver los casos. Solicitaron el análisis de la metodología de trabajo implementada ante la poca claridad en la aplicación de la Ley del Testigo Protegido y los diferentes Códigos en materia penal que están vigentes en la Provincia.
Marcaron las asimetrías en materia de derecho respecto de los testigos protegidos, los que no tienen protección y los beneficios que gozan los “arrepentidos”
La Comisión continuará la investigación convocando a las víctimas o familiares en casos fatales donde se pueda comprobar una “mala praxis” en la construcción de pruebas que luego son consideradas como falsos testimonios. También asistirán autoridades del Ministerio de Seguridad, de la Suprema Corte de Justicia; el Colegio de Abogados; la Asociación de Magistrados y catedráticos especialistas en derecho penal.
Se aclaró que el tema no está instalado en la Bicameral de Seguridad porque corresponde la competencia a los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos en materia de integridad de las personas.
Prensa 17/5/2010
Cuestionan implementación de la ley de Testigo Protegido
La Comisión de Derechos y Garantías ha iniciado un proceso de investigación referido a la implementación de la Ley del Testigo Protegido y la “informalidad” en el uso y pago de recompensas, tanto en el caso de captura de sospechosos como para lograr pistas por parte de “informantes” de la Policía.
Los diputados, ante la presentación de una denuncia relacionada con el testigo falso del caso Cardozo, solicitaron a los abogados Carlos Varela y Alejandro Acosta, de reconocida trayectoria penal, un monitoreo de los últimos casos policiales más resonantes que dieron como resultado que los testigos a los que apelaron en primera instancia resultaron falsos al final del proceso.
Los profesionales mencionados presentaron un informe al respecto sobre “curiosos casos resueltos aparentemente, en primera instancia, por el aporte de un testigo de identidad reservada, cuyo testimonio se comprobó que era falso al final del proceso penal”. Así lo manifestaron y además manifestaron falencias en la implementación de las leyes aludidas y del Código Procesal Penal; como así también en el pago de recompensas.
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