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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley por
el cual se modifica el régimen legal que ordena la Caja de Seguro Mutual, adaptándolo a la normativa federal de orden público vigente.Esta modificación incorporará la incapacidad psíquica para la cónyuge o concubino y por muerte de los hijos solteros, ítems antes no presentes en al ley
Proporcionará a todos los agentes de la administración pública provincial y municipal una extensión de la cobertura del seguro de vida colectivo obligatorio.
Esta nueva situación conllevará el aumento de las primas de los asegurados, las que serán retenidas por las oficinas respectivas, descontándose de las remuneraciones y jubilaciones respectivas a través del código de descuento.
La filósofa y socióloga Maristella Svampa, la socióloga Norma Giarraca y el especialista en Derecho Ambiental, Enrique Viale, explicaron ante los
integrantes de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados distintos aspectos que, a su criterio, son necesarios para resguardar el recurso hídrico de la provincia y defender el ecosistema de nuestra cordillera ante los emprendimientos megamineros que se conciben para Mendoza.Esta reunión, presidida por Alejandro Limas (UCR) se enmarca dentro del plenario de comisiones que analiza el expediente que autoriza el proyecto minero San Jorge.
En oportunidad de la visita de los especialistas a la provincia, desde la comisión se propuso atender a los aportes que los primeros pudiesen realizar en torno al análisis del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
La comisión de Salud de Diputados estudiará la viabilidad de adherir a la ley nacional de prestaciones de salud para personas con discapacidad o
bien promover una iniciativa del Ejecutivo que les garantizaría el servicio.La comisión de Salud, que preside Alberto Recabarren (PJ), se reunió con miembros de la Obra Social de Empleados Públicos y la titular de la Dirección de Discapacidad, María Pereyra de Gabutti, para analizar la posibilidad de que Mendoza adhiera a la ley de prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad.
Según Pereyra, es contradictorio adherir a la ley nacional cuando el Poder Ejecutivo ha presentado una iniciativa para la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza.
De hecho, OSEP ha presentado ayer el proyecto que establecería las prestaciones que esta mutual tendría que efectuar a los discapacitados afiliados.
Raúl Martínez, gerente de asuntos jurídicos de OSEP, manifestó que la adhesión “lisa y llana” a la norma nacional significaría “transformar a OSEP en nacional con lo cual corremos el riesgo de un desfinanciamiento”.
Según Martínez, la inviabilidad radicaría en que existe un fondo con el que trabajan las obras sociales nacionales que le permiten recuperar lo gastado en tratamientos de sus afiliados, pero “nosotros al adherir no tendríamos la posibilidad de recuperar lo que se invierta en prestaciones a los afiliados discapacitados”.
Por eso desde OSEP se promueve un proyecto del Ejecutivo que establecería el “mismo elenco prestacional que a nivel nacional pero asegurándose los fondos necesarios”.
El funcionario aseguró que las prestaciones que se asegurarían con la ley provincial serían el “cien por cien” de las que necesitarían los afiliados.
Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Silvia Ramos (Eje Peronista) por el cual se declara parte integrante del Patrimonio histórico y cultural de la Provincia, en los términos de la ley 6034 y sus modificatorias, al inmueble de la escuela 9-003 Normal Superior “Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”, ubicada en calle Barcala 14 de la ciudad de San Rafael.
Representantes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEN), de la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI) y de la Federación de Empresarios de Mendoza (FEDEMZA) acercaron sus posturas al plenario de comisiones que analiza el expediente que autoriza el proyecto minero San Jorge. Roberto Blanco (PJ Federal), de Obras, presidió la reunión.
Las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuest
o, Ambiente, Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales que conforman el plenario de comisiones, y diputados de distintos bloques, se reunieron con representantes de CASEMI, CAMEN y FEDEMZA con el propósito de analizar sus inquietudes en torno al proyecto minero San Jorge, en la localidad de Uspallata. El propósito de las reuniones del plenario se funda en el análisis del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
En este sentido, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para exponer trabajos de investigación y estudios realizados, relacionados a las ventajas y desventajas principalmente en oportunidades económicas y desarrollo que el proyecto minero pueda fortalecer y/o poner en riesgo.
Los integrantes de la comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados que preside el demócrata Antonio Spezia, recibieron a funcionarios de la Secretaría
de Ambiente de la provincia para analizar el proyecto de ley por el cual se crea la Agencia de Protección Ambiental.Los ingenieros Ricardo Debandi y Oscar Rubio explicaron el objetivo de la misma que será fortalecer el sistema de control ambiental de las actividades industriales y extractivas de la provincia, sin perjuicio de las competencias del resto de los organismos existentes.
Serán funciones del organismo monitorear, controlar y vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo las resoluciones de los organismos competentes y solicitar información antecedentes y todo dato de interés a los organismos provinciales competentes.
El proyecto de ley seguirá siendo analizado por la comisión de ambiente de la cámara baja y según el diputado Spezia hay legisladores que sostienen que no sería necesario crear esta agencia porque “aunque se plantea como un área desconcentrada será presidida por el mismo director de protección ambiental dentro del mismo ámbito, desde este punto no se justificaría la creación de otra área”, adelantó el diputado demócrata.
El plenario de comisiones recibió también el aporte de Guillermo Pensado, geólogo que trabaja en el ámbito de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.
El plenario de comisiones de Diputados que analiza la autorización del proyecto minero en Uspallata recibió a representantes de distintas agrupaciones ambientalistas que consideraron negativa la instalación del
emprendimiento.“No estamos en contra de la minería, sino de la mega minería contaminante como San Jorge”, manifestó Eduardo Llorca, de la Organización ambientalista Los Horneros.
Claudia Timoner, del Consejo Provincial Ambiental, sumó que “San Jorge es inviable porque pone en juego nuestro recurso hídrico” y Eduardo Sosa de OIKOS opinó que “el xantato (que usaría la minera) reúne condiciones para considerarse tóxico”, entre ellas la “explosividad” y la posibilidad de causar cáncer.
Estas opiniones se escucharon en la reunión llevada adelante por las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda, Economía y Obras Públicas, que han realizado una serie de consultas previas al tratamiento del expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge.
Además, Marcelo Giraud, representante de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza ante el Consejo Provincial del Ambiente, también se expresó en contra. Para él, la instalación de San Jorge “estaría violando por lo menos tres leyes provinciales que legislan sobre sustancias tóxicas y áreas naturales protegidas”.
Además, Giraud manifestó que “distintos elementos del ambiente se contaminarían”, entre ellos el agua, pero también “el aire, el suelo y la flora y fauna del lugar”.
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El nuevo Ministro de Gobierno se reunió con los integrantes de Labor Parlamentaria de ambas cámaras para ponerlos en antecedente del proyecto y acercar posiciones para su próximo tratamiento. Mantuvo, asimismo, una reunión con
el Presidente de la Cámara, Jorge Tanús y el diputado Carlos Bianchinelli (PJ). El ministro de Gobierno, Félix González, participó de las reuniones de Labor Parlamentaria de ambas cámaras a la que asisten todos los jefes de bloque, para anunciar el envío del proyecto de reforma de la Constitución provincial.
El borrador que elaboró el Ejecutivo ingresará formalmente mañana a la Legislatura y se estima que entrará por el Senado.
El funcionario destacó a los legisladores que es necesario tener un debate abierto para que la oposición realice los aportes que crea necesario y señaló que “me interesaría profundamente que tengamos un diálogo fluido y como un ministro político tengo que cumplir con esa misión es lo que me ha pedido el gobernador Jaque “.
Este debate será a “agenda abierta, que nos tomemos el tiempo que nos haga falta, en todas las fuerzas políticas hay vocación de reformar, en relación con los tiempos cualquier momento puede ser positivo o no, este momento puede ser bueno para entender que al transitar una etapa de culminación de mandato no beneficia a la actual gestión sino que piensa en función de futuro ya que cualquier fuerza política puede ganar las a elecciones, aclaró el ministro.
Si finalmente se sanciona la ley declarando la necesidad de la reforma, se intentará llegar con tiempo a los comicios de octubre próximo para someterlo a consulta popular.
La Cámara de Diputados, por iniciativa de Daniel Dimartino (UCR), entregó una distinción al diario digital “Centinela de Piedra”, realizado por la comuni
dad educativa de la escuela Petroleros Argentinos, de Godoy Cruz, “por el esfuerzo y la calidad educativa que brinda a sus participantes”.El colegio, de carácter urbano marginal, “cuenta desde hace un tiempo con un diario digital, incentivado por jóvenes y profesores, en donde desempeñan esta gran faceta periodística manteniendo constantemente las noticias y novedades que giran en torno al establecimiento y los que lo componen”, dice el legislador en los fundamentos de su proyecto.
Indica asimismo que en sus comienzos “no contaban con los materiales informáticos necesarios para el trabajo” pero que “decididos a enfrentar este nuevo desafío, enseñándoles a los alumnos la búsqueda de información fidedigna en la web, así como también la necesidad de mejorar la lectura, comprensión lectora y producción de distintos formatos textuales, es que nació “El centinela de piedra”.
La primera publicación del diario data de junio de 2008, llevando a la fecha 37 ediciones incluyendo algunas especiales relacionadas con el Dakar Argentina – Chile 2009 y la Vendimia 2009, entre otros.
Los integrantes de la comisión de Salud de la Cámara Diputados que preside, Alberto Recabarren (PJ) recibieron a la titular de AMPROS, Isabel del
Pópolo para discutir el proyecto de ley por el cual será posible que los profesionales de la salud puedan tener más de un cargo en la administración pública.La ley será de aplicación en toda la provincia siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria y no excedan las cincuenta y cinco horas semanales de conformidad los la ley 7759.
Los profesionales encuadrados dentro de esta norma podrán tener mas de un empleo público, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, siempre que su actividad se desarrollo en distintos ministerios y/o repartición u órgano descentralizados y autónomos.
No se aplicará el régimen mencionado a las personas que desarrollen su actividad en el mismo ministerio y/o repartición y/o órgano descentralizado.
Por otra parte, se abordó dentro de la comisión la problemática que se plantea dentro de la caja de la mutual del arte de curar en la cual muchos profesionales se encuentran en mora.
La comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto Recabarren (PJ), recibió a directores de distintos Programas de Complejidad, para
interiorizarse sobre el funcionamiento de sus áreas y receptar las inquietudes de los funcionarios.El subsecretario de Gestión de Salud, Enrique Quesada, señaló al respecto que se trata de programas complejos y caros y que si bien afectan a una proporción baja de la población, “en algunos casos son crecientes”, como los pacientes dializados u oncológicos.
Desde esa perspectiva, la titular de la Dirección de Programas Complejos, Natalia Luna Maffei, explicó que son nueve los programas de este tipo más un subsidio nacional. Se trata de los Programas de Oncología, Oxigenoterapia infantil, Oxigenoterapia domiciliaria y adultos, Hepatitis virales, Fibrosis Quística, Diálisis, Hemoterapia y Esclerosis Múltiple, a los que se suma el subsidio nacional en materia de Miastemia Grave. Todos ellos, reciben fondos del Instituto de Juegos y Casinos, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Presupuesto.
En ese sentido, dijo que en 2010, desde el Instituto se afectaron poco más de 90 millones de pesos, de los cuales unos 35 millones fueron derivados a distintos programas de salud, entre los que se encuentran los de alta complejidad.
Los funcionarios, admitieron que los recursos afectados no son suficientes para cubrir todas las necesidades, por lo que desde la comisión se comprometieron a analizar la situación, fundamentalmente, en lo que respecta a qué porcentaje del total de lo recaudado por Casinos, se deriva a salud.
El diputado Gustavo Arenas (PJ) explicó que la Legislatura está abierta para trabajar temas relacionados a sus labores.
En el Salón de los Diputados, alrededor de 50 trabajadores que desempeñan actividades de mensajería, delíverys y cadetería asistieron a un curso de capacitación en seguridad vial y se hicieron acreedores de cascos nuevos.
El encuentro fue organizado por el Sindicato Independiente de Mensajeros y Cadetes (SIMECA)-Regional Mendoza adherido a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Asistieron e hicieron uso de la palabra, el diputado Gustavo Arenas (PJ); el Ministro de Seguridad, Carlos Aranda; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el secretario de Relaciones Institucionales de SIMECA-Capital Federal, Juan Cáccamo; el secretario general de SIMECA-Mendoza, Pablo Encinas, y la titular de la Red de Familiares de Víctimas de Tránsito, Silvia Cabrera quien se desempeña también como secretaria de Derechos Humanos de SIMECA.
Una vez iniciada la charla, el diputado Arenas manifestó a los presentes que ha tenido reuniones en las cuales he tomado conocimiento de “la problemática de los deliverys, que en su gran mayoría son jóvenes trabajadores mendocinos que se desempeñan en una actividad que no está regulada, por lo que no tienen ART, sueldos justos ni obra social, por lo que desde la Legislatura vamos a trabajar para proteger y garantizar sus derechos”.
Se firmó un convenio de asesoramiento para la implementación del Parlamento Estudiantil entre la Cámara de Diputados, representada por su presidente Jorge Tanús, y la Fundación Familiares Víctimas Indefensas Mendoza -FAVIM-,
bajo la responsabilidad de su titular Eliana Luna.De acuerdo a la ley 7978 por la cual fue creado el Parlamento Estudiantil, iniciativa de los diputados Fabián Miranda (PJ) y Raúl Vicchi (UCR), corresponde ahora reglamentar este instrumento legislativo por parte del Ejecutivo provincial.
Durante el acto de firma del convenio, el prosecretario legislativo de la Cámara, Gustavo Tobares, señaló que se asumirá el compromiso de asesorar a FAVIM para lograr una propuesta para la reglamentación correspondiente conforme a las siguientes consideraciones y cláusulas: que desde el año 2008 la Fundación asiste a la Cámara en el desarrollo del programa “Si yo fuera diputado” visitando escuelas secundarias de todo el territorio provincial.
Además, según la referida ley se establece la creación de un Consejo Asesor Permanente del Parlamento Estudiantil, siendo una de sus funciones elevar al Ejecutivo un proyecto de reglamentación. El Consejo ha propuesto como metodología de trabajo abrir a la sociedad el proceso de conformación del Parlamento Estudiantil, promoviendo la participación de organizaciones no gubernamentales interesadas en colaborar. La Fundación junto con otras ONG desde hace tiempo están elaborando propuestas y asume el compromiso de coordinar y conducir dicha tarea.
El director de Saneamiento y Control Ambiental, Ricardo Debandi, afirmó ante legisladores de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados,
que la información remitida por Vale a la Secretaría de Ambiente es “insuficiente para determinar si se está cumpliendo” con el acta acuerdo firmada con la provincia, por el que se compromete a contratar hasta un75 por ciento de mano de obra y servicios en Mendoza.La comisión, presidida por Alejandro Limas (UCR), recibió al funcionario para analizar si la empresa – que desarrolla en Malargüe el proyecto minero Potasio Río Colorado – está cumpliendo con el denominado “compre mendocino”.
Según explicó Debandi, desde la Secretaría de Ambiente se solicitó a la firma que remitiera la información en noviembre de 2010, pero fue contestada en forma incompleta. A partir de allí, se le pidió que detallara entre otros puntos, las contrataciones realizadas en 2010, los procesos de selección de insumos, servicios y personal, las normas internas de contratación incluyendo a los contratistas y subcontratistas, así como información sobre la sede administrativa principal de la empresa.
La comisión fue al penal luego de las denuncias que hicieran familiares de detenidos. Hallan malas condiciones en el pabellón 18 pero destacan “avances” en la resocialización de los internos.
La comisión de Derechos y Garantías de Diputados concurrió a la cárcel de Boulogne Sur Mer para conocer detalles luego de que un grupo de familiares de detenidos denunciaran hechos de violencia.
Según los denunciantes, el domingo 27 de marzo se habría dejado ingresar a presos de un pabellón en otro y habrían existido hechos de violencia que habrían dejado un saldo de heridos y un internado.
Luego de recibir la denuncia, la comisión que preside Ricardo Puga (PIM) visitó el pabellón donde habrían sucedido los hechos y consultó a las autoridades penitenciarias sobre el mismo. Además pidieron detalles sobre el estado del preso que fue internado.
Según Puga, el hecho fue comunicado a la fiscalía correspondiente el mismo día domingo y la fiscal Claudia Ríos está a cargo de la investigación.
El diputado aclaró además que, según los registros penitenciarios, los médicos actuaron el mismo día y dos internos fueron derivados al Hospital Central y otros siete sufrieron heridas que no ameritarían el traslado a un hospital.
La elección fue por unanimidad durante la Sesión Preparatoria
La Cámara de Diputados realizó su Sesión Preparatoria en virtud de iniciarse el próximo 1° de mayo un nuevo Período Legislativo Anual, en cumplimiento del artículo 84 de la Constitución provincial.
De acuerdo con el Reglamento Interno el Cuerpo eligió a sus autoridades. No obstante acordó un cuarto intermedio para el próximo miércoles 27, porque algunos bloques aún no decidían la presidencia de los mismos.
La conducción de la Cámara Baja continuará bajo la responsabilidad del ingeniero Jorge Tanús por decisión unánime de sus pares. Igualmente fueron ratificados Roberto Infante en la vicepresidencia primera y Silvia Ramos en la tercera. La vicepresidencia segunda, en mano de los demócratas, quedó pendiente de definición por pedido del bloque.
La primera parte de la sesión fue presidida por el diputado Ricardo Puga (PIM), por ser el legislador de mayor edad, mientras Tanús fue reelegido para continuar conduciendo al Cuerpo.
Tras las propuestas de los candidatos a ser autoridades de Cámara, por parte de los titulares de los distintos bloques, se efectuó, en todos los casos, votación nominal y luego el juramento de rigor.
Los integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de la cámara de Diputados, que preside Ricardo Puga (PIM) recibieron a representantes de choferes
de troles de Mendoza, que llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales.Los trabajadores pidieron la mediación de los legisladores para que se garantice “la libertad de reclamar dentro del marco constitucional” y solicitaron una investigación para comprobar el estado económico- financiero de la empresa provincial de transporte, ya que según dijeron “los subsidios nacionales que la empresa recibe para pagar aumentos salariales estarían siendo usados de manera discrecional “.
El diputado Puga expresó que “estamos ante un conflicto grave que deja a los usuarios en una situación de debilidad frente al conflicto planteado,” y que es necesario que esta realidad se revierta y se retomen las negociaciones.
También solicitaron que se investigue los “sobreprecios” pagados a una empresa local por mantenimiento de las unidades, denuncia formulada por ATE hace tiempo y cuyo expediente se habría extraviado.
Por este motivo la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja decidió invitar en los próximos días, al Fiscal de Estado y a autoridades del Tribunal de Cuentas, organismos en los cuales habría estado dicho expediente.
Analizan actividad ladrillera en Mendoza en base a convenio de gestión ambiental Nación – Provincia
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que preside Alejandro Limas (UCR), se reunió hoy con la directora de Minería, Adriana Blesa, con quien analizó la situación de la actividad ladrillera en la provincia en base al convenio de adhesión al Programa de Gestión Ambiental firmado entre Mendoza y la Nación.
Según explicó la funcionaria, la consultora a cargo de realizar el relevamiento a nivel nacional, desarrolló en octubre del año pasado un muestreo en 250 hornos de ladrillo ubicados en la localidad de El Algarrobal, la región del Valle de Uco y el departamento de San Rafael, pero hasta el momento, sólo se ha remitido los “datos crudos” del estudio.
“Se enviaron datos crudos porque están haciendo una base de datos nacional que se bajará luego a las provincias”, dijo Bliesa, agregando que estiman que en un mes y medio “nos remitirán la devolución de la información que se recabó”.
Uno de los objetivos que se persigue, es “ubicar zonas alternativas para la actividad ladrillera que no sean irrigadas”, así como “buscar opciones de materiales alternativos a los utilizados habitualmente”.
También, “la idea es capacitar a la gente que se dedica a la actividad en forma artesanal”, completó.
Destacó asimismo que la provincia no recibe fondos para el tratamiento de residuos mineros en base al programa, sino que la función de la provincia es “participar en la elaboración de políticas en función de los diagnósticos” a los que se arriben.
El programa consta de cuatro componentes, entre los que se encuentran la actividad ladrillera y el fortalecimiento de gestión ambiental minera, y se ejecutará hasta 2013.
El plenario de comisiones de diputados recibió a un especialista chileno que dirige el Centro de Estudios del Cobre (CESCO) para conocer detalles sobre la experiencia del país trasandino en materia de minería.
Las comisiones de Obras Públicas, Legislación, Economía y Ambiente recibieron a Juan Carlos Guajardo, director del CESCO, organismo que se dedica al estudio de la minería y el cobre en Chile.
Liliana Vietti (UCR), quien presidió la reunión, explicó que la intención del encuentro era conocer la experiencia chilena, sobre todo en materia de “convivencia entre la explotación minera en diferentes escalas y la agricultura y la vitivinicultura”.
En ese sentido se le preguntó a Guajardo si Chile había tenido alguna crítica de organismos internacionales hacia productos agrícolas que se obtienen de lugares cercanos a proyectos mineros.
Sobre esto el invitado respondió que “hubo problemas en un momento con el hallazgo de cianuro en uvas”, pero luego “se determinó que el cianuro fue inoculado”.
De hecho, para Guajardo “hemos (en Chile) ido evolucionando y comprendiendo el aporte de la minería a la producción del país” y además “creemos que bien aplicadas la minería puede ser un actor de desarrollo”.
Roberto Blanco (PJ Federal), presidente de la comisión de Ambiente, interrogó sobre cómo ha hecho Chile para convivir entre la explotación de cobre y el cuidado del ambiente.
El intendente de San Carlos y representantes del Colegio Argentino de Ingenieros de Mendoza junto a la Federación Económica, acercaron sus visiones al plenario de comisiones que analiza el expediente que autoriza el proyecto minero San Jorge. Silvia Cardozo (PJ), de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidió la reunión.
Las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto, Ambiente, Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales que conforman el plenario de comisiones, y diputados de distintos bloques, se reunieron con el propósito de analizar el expediente que contiene la ratificación de la Resolución Conjunta nº 19 de la Dirección de Minería y de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, que autoriza la realización del proyecto minero Planta Concentradora San Jorge, “en los términos señalados en el Informe Ambiental presentado por la empresa, y condicionada al cumplimiento de las instrucciones de carácter obligatorio” que se enumeran dicha resolución.
En este sentido, cada uno de los asistentes hizo uso de la palabra para exponer sus posturas, en torno a las ventajas y desventajas que el proyecto minero San Jorge puede tener en su desarrollo en Mendoza.
Intendente de San Carlos
Al hacer uso de la palabra, Jorge Difonso, intendente del departamento de San Carlos, manifestó razones por las cuales muchos vecinos de esa localidad y del Valle de Uco están en desacuerdo con la explotación minera San Jorge en Uspallata.
Difonso subrayó la necesidad de comprender que Mendoza tiene experiencias de crecimiento y desarrollo sustentable con aprovechamiento del agua como premisa fundamental, esto demuestra que “estamos a favor de un modelo de desarrollo sustentable y la minería metalífera a cielo abierto no lo representa”.
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