Según Lo Vuolo para acceder a ese ingreso “no se requiere trabajar (como en el caso del salario), ser declarado incapaz (jubilación por invalidez), haber contribuido con una prima de seguro (jubilación, obras sociales), demostrar que se esta desocupado (seguro de desempleo) o ser pobre (programas asistenciales focalizados)”.
Lo Vuolo expresó que el IC “aparece como opción frente a las debilidades del empleo para funcionar como mecanismo de inclusión social dentro de un contexto de dilema ético del empleo en mercados laborales con empleos precarios” y que su propuesta “tiene potencialidades redistributivas”
Las características de la propuesta son incondicionalidad, universalidad y beneficio monetario, asumiendo como justificación de su existencia institucional, a las siguientes expectativas ciudadanas.
a) debería existir una red de seguridad en el ingreso que garantice que ninguna persona caiga por debajo de ella, que sea de fácil acceso y ue no estigmatice a los ciudadanos
b) esta red de seguridad debería ser un pico o una base desde donde las personas puedan desarrollar libremente su capacidad para generar ingresos propios y no un mecanismo que genere dependencia con respecto a la asistencia del Estado.
c) no debería discriminar entre personas de distinto sexo, situación civil o arreglo familiar de vida.
Durante la charla se analizaron los problemas de erosión de las tradicionales dimensiones de la seguridad laboral, las visiones alternativas sobre el problema de la pobreza que estimulan las políticas públicas y los diferentes criterios metodológicos para evaluar la efectividad de las políticas sociales con objetivos distributivos y de erradicación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas.
El economista comparó, además, la propuesta de ingreso ciudadano con otras políticas actualmente vigentes en el país y explicó la operatoria fiscal de la propuesta a la luz de los inconvenientes fiscales del país.
La charla estuvo presidida por el titular de la Cámara de Diputados, Ing. Jorge Tanus y contó con la presencia del rector de la universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Social, Juan Carlos Aguiló y legisladores de las distintas bancadas.