Roberto Blanco expresó durante la sesión, los alcances y principales objetivos de la ley con estos conceptos: “este proyecto de ley cumple con el correlato de una norma de aplicación provincial para la recientemente sancionada Ley Nacional de Catastro 26209. Trata de establecer un inventario claro, preciso, genuino y actualizado de información territorial. Su uso será de invalorable utilidad en el marco de la implementación y desarrollo de políticas de planificación y ordenamiento territorial. Será la herramienta más importante para la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo”.
Manifestó luego que “desarrolla y pone en valor un Sistema de Información Territorial, permitirá tener al servicio de los estados provincial y municipal un conocimiento claro de su territorio y fundamentalmente de su riqueza. Además, su calidad, precisión y soporte tecnológico permitirá la planificación y desarrollo de servicios públicos que apunten a mayor eficiencia y menores costos en su mantenimiento”.
“Establece una clara normativa en materia cartográfica provincial inexistente hasta hoy en Mendoza, dijo Blanco. Tampoco en lo que hace a un poder de policía al respecto. Esto hace que distintos entes públicos o privados confeccionen cartografía sin un debido contralor, lo que lleva a confusiones y en muchos casos a errores que pueden derivar en serios conflictos. Esta norma otorga al Catastro, como finalidad más de su razón de ser, la confección de una Cartografía Oficial de la Provincia”.
También destacó que la norma es válida para solucionar problemas de límites departamentales; apunta a garantizar el tráfico inmobiliario y el accionar hacia una política tributaria más justa y equitativa; a definir el valor catastral o avalúo fiscal. En este sentido se prevé la continuidad de una política de actualización, fijando plazos (cada cuatro años máximo) para los relevamientos masivos y una propuesta de financiamiento de los mismos.
Finalmente, Blanco subrayó que “la incorporación del Consejo Provincial de Catastro permitirá asegurar una actividad catastral con resultados útiles a sus usuarios, que además de participar en la fijación de las futuras políticas en la materia, servirán de un constante apoyo a la obra catastral, tan olvidada y desconocida por la sociedad en su conjunto”.
El diputado agradeció a todas las instituciones y profesionales particulares que colaboraron en la elaboración del proyecto e informó a la Cámara de algunos pronunciamientos contrarios al espíritu de esta norma.
A continuación, cada bloque fue manifestando su opinión respecto del contenido del despacho final producido por las Comisiones de Ambiente y Legislación y Asuntos Constitucionales. El justicialismo se expresó por Rogelio Gil, quien manifestó su conformidad con un instrumento “ecuánime y de avanzada, para algunos sectores muy severo pero que traerá seguridad jurídica en el tráfico de bienes inmuebles”.
Daniel Vilches (UCR) y Mario Casteller (PD) aceptaron en general y coincidieron en críticas en particular respecto del articulado por “sobreabundante en su legislación”, falta de un análisis en profundidad en algunos temas y que producirá “colisión” con legislación de fondo, como la Constitución Provincial y el Código Civil” y algunas leyes nacionales sobre el registro de la propiedad.
Por otro lado, Roberto Pradines (PD) y Andrés Marín (Con Fe) calificaron a la iniciativa como “necesaria” y “sabia”, sobre todo “a nivel registral”.
A su turno, Ricardo Puga (PIM), expresó su “confianza en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales” y aclaró que la iniciativa no se trabajó “en diez días” sino que fue largamente estudiada y consensuada con distintos sectores.
Puga destacó el trabajo del autor del proyecto quien “analizó punto por punto” los aportes que se le realizaron al texto durante el trabajo en comisiones.


Prensa Diciembre 30