Según establece la norma, la comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura controlará la implementación y avance del Programa, que deberá ponerse en funcionamiento “inmediatamente y desarrollarse” en un plazo no mayor a los 2 años desde la entrada en vigencia de la ley. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones presupuestarias para la implementación del Programa durante el presente año para la adquisición de insumos tecnológicos y/o contratación de personal.
El proyecto establece además que se consideran incluidos en el Programa, todos los sistemas eléctricos, electrónicos o computarizados para “el control de posicionamiento georreferencial, bajo cualquier modalidad y tecnología de transmisión de señales, datos sonidos o imágenes, de personas y objetos vinculados a procesos judiciales de naturaleza penal, civil o de familia, en trámite o con condena pendiente de cumplimiento definitivo”.
Prensa Marzo 31