Cuando el joven intenta llamar desde su celular a la policía, le sacan el teléfono y le propinan una golpiza, quebrándole el tabique.
Bajo juramento y con versión taquigráfica de por medio, uno de los representantes de la empresa, Alfredo Quistapace – que estuvo acompañado por la asesora legal Laura Leonelli y Jorge González - indicó que un llamado telefónico lo alertó de lo sucedido, por lo que se traslada a la comisaría 27 para hablar con el empleado.
De acuerdo al testimonio de Quistapace, Rivera dice no saber quién le pegó, por lo que radica una denuncia policial y penal, en la Fiscalía que funciona en la sede de la misma comisaría.
Dijo que la familia Millán (dueña de la firma Átomo) “quiere llegar al fondo de la cuestión” y que a su entender, pudo haberse tratado de una “cuestión personal entre empleados”, ya que la empresa cuenta con 14 delegados gremiales en las distintas sucursales.
Posteriormente, Pereyra denunció violencia laboral sistemática en la firma comercial, por lo cual se han labrado 900 actas que se encuentran en la Subsecretaría de Trabajo, pero además, violación a los derechos humanos por el “trato humillante y vejatorio” hacia los empleados y trabajo infantil, en el caso de los menores que ayudan a los cajeros a embolsar la mercadería.
Agregó que “nunca hemos podido tener delegados en Átomo” y desmintió que existieran 14 representantes en la cadena de supermercados, porque cuando manifestaban su intención de ser delegado “eran despedidos”. De hecho, aseguró que diez días antes de la elección en esa sucursal, diez compañeros de trabajo fueron trasladados.
Por su parte, el abogado del CEC Roberto Domínguez, señaló que “lo sucedido en ese acto eleccionario no lo he visto nunca. No se trata de una picardía gremial” y añadió que hay una testigo que vio cuando le arrojaban el billete de cien pesos al agredido.
A su turno, Rivera ratificó la denuncia formulada por el titular del CEC y relató los hechos, pero además, se expusieron otras denuncias de empleados de otras sucursales de la misma empresa, relacionadas con: maltrato físico y psíquico, despidos injustificados, persecución por desarrollar actividades gremiales, violencia física, acoso laboral hasta en los domicilios particulares, retención indebida de documentación personal y superposición de funciones, entre otros.
Los legisladores mostraron preocupación respecto de los controles del Estado para saber si había una presencia activa para proteger a empleados y consumidores; sobre posible complicidad entre la patronal y funcionarios o inspectores de distintos organismos públicos en desmedro de los trabajadores.
Finalmente, el presidente de la comisión, Ricardo Puga, expresó que se iba a proceder a la deliberación de todas las actuaciones para expedirse en forma declarativa en contra de aquellas empresas que no tienen una conducta social adecuada. Advirtió que todos los miembros de esta comisión están comprometidos con los derechos humanos, y aclaró que “no tenemos investidura para sancionar”, como así también no se intervendrá en todas aquellas causas que ya estén instaladas en la justicia.
Participaron además de la reunión, los diputados Norma Moreno (PJ), Silvia Cardozo (PJ), Roberto Pradines (PD), Néstor Parés (UCR) y Luis Petri (UCR) y la senadora Fernanda Rodríguez..



Prensa noviembre 25