El Pacto Fiscal, le dio luego a las provincias autonomía para diseñar sus políticas de vivienda, descentralizándose así la política en esta materia en las provincias argentinas. En esos cambios, “Mendoza adoptó posiciones muy claras”, porque transfirió “responsabilidades, funciones y recursos a las comunas, dándole continuidad a la tendencia nacional”.
Sin embargo, resaltó Tanús, en la actualidad el IPV tiene “un rol impreciso. Muy dependiente de las decisiones y los recursos nacionales, con una situación muy compleja sobre quien debe atender a la demanda (IPV o Municipios), y con la indefinición de si las obras para la vivienda social son Obra Pública o Créditos Sociales”.
“Esto ha significado una regresión en las políticas provinciales de descentralización” por lo que “debemos optimizar el gasto en funcionamiento tanto de IPV más Municipios, y aplicar esta reducción gradualmente a las obras”, dijo.
De acuerdo a las definiciones dadas por Tanús, sobre finales de los 90’, el déficit habitacional ascendía a unas 120 mil soluciones: 40 mil viviendas nuevas, 40 mil ampliaciones y 40 mil refacciones.
“Hoy este número seguramente ha cambiado. Ha aumentado el déficit, púes la cantidad de viviendas anuales producidas con la ayuda del Estado es menor”, expresó, agregando que “todos ellos .hoy, no conocen cuáles son las reglas claras para gestionar su hogar, ni poseen las herramientas para acceder a un programa habitacional”.
Además de los recursos con que hoy cuenta el IPV – FONAVI, recupero y Plan Federal-, Tanús indicó que sería necesario incrementar las partidas para el organismo en el Presupuesto provincial.
Si a ellos se le sumara un nuevo Banco de la Provincia, más una reducción de gastos tanto del IPV como de los Municipios, más el ahorro previo de la gente y el lote de “miles de familias”, los recursos con que se contarían para afectar a soluciones habitacionales serían “muchos millones”.
Finalmente, Tanús expuso que “debemos volver a favorecer la participación popular: individual y organizada” y al “diseño de los programas habitacionales de crédito” que “deben ser factibles y dinámicos con la realidad social”.
Asimismo, resaltó que “el Estado debe reducir los procesos burocráticos y su gasto ineficaz” y que “se debe capacitar a los Municipios, las ONG y los funcionarios encargados de ejecutar y controlar las políticas habitacionales”.
De la jornada, participaron distintas personalidades y referentes del ámbito político, académico y profesional.
Prensa noviembre 26