Fueron informados asimismo sobre la distribución de detenidos  procesados según el tiempo de detención. En las detenciones mayores a doce meses este porcentaje alcanza al 10,22%.
Añadió el titular de la bicameral que uno de los principales obstáculos  reconocidos por la Corte para el funcionamiento total del Código Procesal Penal es la falta de recursos, reclamando en este sentido la urgencia de contar  con los medios presupuestarios para extender el sistema acusatorio a la tercera y cuarta circunscripciones. No obstante, señalaron que los índices de procesamiento alcanzados en Mendoza son los mejores del mejor del país.
Cuando los miembros de la Corte plantearon la necesidad de invertir más en Justicia comentaron  el ejemplo de Chile donde hasta hace pocos años se padecía la peor justicia penal. Sin embargo, el país trasandino invirtió alrededor de 700 millones y hoy exhibe la mejor justicia penal de Latinoamérica.
Legisladores y magistrados coincidieron en reconocer la sensación de inseguridad que sigue sintiendo la gente. El diagnóstico es el mismo: no bajan los índices de delito; la impunidad es alta y no hay recursos suficientes. Pero a pesar de ello hay hechos que demuestran que los procesos penales se ha agilizado y  ya hay evidencias de que el sistema acusatorio es el modo moderno de resolver los procesos penales.
En cuanto a las demandas por mala atención de víctimas de delitos, la Corte dijo a los legisladores que se trata de casos muy puntuales, sobre los cuales el Procurador General ha estado informando permanentemente al alto tribunal.