El titular de la Cámara, Andrés Marín, acompañó a sus pares para anunciar también que se incluirá a los Municipios para dar cumplimiento al compromiso contraído en el sentido de lograr legislación al respecto, en tiempo y forma.
Las diputadas radicales Mirta Díaz (autora) y Amalia Monserrat (coautora) han presentado un proyecto de ley que "incorpora a la normativa ambiental minera los presupuestos establecidos en la ley nacional 25675 y 25831, así como sus disposiciones sobre la participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental, siendo éste un derecho que no puede desconocérsele al ciudadano por lo que es procedente su reglamentación", manifestaron en los fundamentos.
Agregaron que "atendiendo a que es necesaria la participación ciudadana en el procedimiento ambiental, se destaca que se ha previsto una consulta pública en el Municipio por 60 días y la correspondiente audiencia pública, generando un vínculo entre el proponente del proyecto y el ciudadano, para darle a éste el mayor conocimiento y participación en el proceso de evaluación ambiental". Destacaron que el proyecto elevado tiene como antecedente la normativa incluida el decreto 820, del 16 de mayo de 2006.
"Es necesario -añadieron las legisladoras- mencionar específicamente que dicho proyecto fue remitido por el Ejecutivo el 19 de diciembre del 2006 al Senado y han pasado ya varios meses sin que el mismo sea tratado, por ello con algunas reformas presentamos esta nueva propuesta".
Consideraron que "es indudable que a esta altura de los acontecimientos el debate sobre la explotación minera en la Provincia, como tantos otros, nos muestra la carencia de políticas a largo plazo y la necesidad de que la sociedad participe en el diseño de las mismas. La reciente sanción por parte de Diputados de la ley 7627 por la que se decide la suspensión del otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, y su posterior veto por parte del Ejecutivo, pone en evidencia que dicho debate lejos de encontrar una solución, está comenzando".
Finalmente, la legislación aludida tendrá como objetivo considerar los beneficios económicos que produce la explotación minera, los estrictos controles que se aplicarán para que no sea contaminante y encontrar todas las herramientas posibles para que esa actividad no tenga un impacto ambiental negativo.