De esta manera, el flamante Procurador de la Corte dio inicio a la reunión que encabezó el presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, junto a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras y miembros de la Bicameral de Seguridad, para continuar con el análisis de la nueva normativa.
“Es un avance significativo en el camino que sigue el país respecto a la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Es un camino irreversible porque los objetivos del Poder Judicial y de la Corte, y los del Ministerio Público Fiscal no son los mismos”, aunque “coincidimos sí, en la realización de justicia”, dijo Gullé.
También ponderó la autonomía financiera que le otorga el proyecto al organismo a su cargo, reiterando la diferencia de objetivos de los distintos órganos de justicia y haciendo hincapié en que no solicita más presupuesto, sino poder utilizar los recursos para concretar la reorganización que pretende llevar adelante.
Gullé, dijo que si bien hoy las oficinas fiscales “están trabajando en condiciones de indignidad en muchos casos”, porque hay poca “infraestructura”, “nos estamos manejando con los recursos – económicos y humanos – que tenemos. De allí la necesidad de reordenarlos”.
En esa línea, afirmó que pretende un “funcionamiento vertical” del Ministerio Público Fiscal, “donde se responda a directivas”, sin que ello signifique decir qué hacer en cada causa, sino “llevar un control sobre las causas, que se investigue”.
El funcionario judicial respondió las consultas de diputados y senadores, e incluso se llevó por escrito algunas inquietudes para ser respondidas a la brevedad, de manera tal de terminar de saldar todas las dudas que puedan surgir del proyecto y arribar así a un despacho de consenso para llevarlo al recinto.
Entre ellas, sostuvo que el presupuesto 2017, que ya se está proyectando, incluye lo correspondiente a la Defensa, así como también se adelantó que la proyección de recursos estimados para el próximo año es menor al aprobado para 2016, según anticipó la Coordinara General, María Teresa Day.
“Estamos redimensionando, tratando de eficientizar los recursos que tenemos”, apuntó Gullé. “Tenemos que ahorrar sin perder la posibilidad de trabajar bien, y eso lo estamos haciendo”, subrayó.
El procurador, puntualizó asimismo que algunas de las sugerencias planteadas serán tenidas en cuenta, como por ejemplo, que “en las obligaciones de los querellantes particulares, se los excluía de los delitos que amenacen una pena menor a tres años, con lo cual, muchos de los delitos conexos a la violencia de género quedaban excluidos. Con muy buen tino, plantearon que en esos delitos sería importante también contar con la figura del querellante particular y me parece justo”.