El principal reclamo, giró en torno a sus derechos territoriales. En este sentido, Jiménez indicó que “el pueblo Huarpe y el Mapuche están siendo avasallados en sus derechos, sufriendo desalojos”, agregando que “hay un conflicto de más de seis mil hectáreas con Huarpes de Lavalle“.
En la audiencia se expuso que si bien “hay leyes nacionales que estrictamente ordenan proteger la integridad de estos pueblos originarios en sus territorios, en el sur de la provincia hay desalojos“.
Gabriel Jofré, autoridad huaquén de la “Organización, Identidad Territorial Maralhueche” que reúne actualmente a unas veinticinco comunidades mapuches y mapuches pehuenche de la zona del centro sur de Mendoza, señaló que la comunidad reúne a 150 familias con 100 puestos de talaje.
“El reclamo es por 800 mil hectáreas que hoy ocupamos. Básicamente, porque en la Constitución Nacional se plantea que debe reconocerse la propiedad comunitaria que ocupamos las comunidades originarias y pedimos que se adecue la legislación para tener garantías sobre nuestras tierras”, enfatizó Jofré.
Otras situaciones planteadas en la audiencia fueron que “ el desarraigo producido por la precarización en la tenencia de las tierras expulsa a la ciudad a personas que terminan sumándose a los cinturones de pobreza”.
Al referirse a la educación, se mencionó que en las comunidades “ hay mucho analfabetismo” y que hay “ muchos problemas sociales que están asociados al aislamiento, a las distancias y a la forma de vida, ya que aun hoy hay casas de piedra y barro que si bien son pintorescas para el turista, necesitan adecuarse a niveles actuales de calidad de vida”.