Esta propuesta, una vez sancionada, obligaría a los responsables de cada supermercado, hipermercados, u otros similares cuya superficie total cubierta supere los 1000 m2, o cuya facturación bruta mensual supere el millón de pesos, o bien conformen una cadena con al menos cinco bocas de expendio, a remitir semanalmente por vía informática y con carácter de declaración jurada, los contenidos surgidos de la base de datos de precios reales al consumidor final que se cobran en caja.
Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que aquellos comercios que no alcancen los límites establecidos, puedan en forma voluntaria enviar la misma información.
En la información que se remitirá a la autoridad de aplicación, deberá identificarse el local de venta, la fecha, el código numérico individual del producto, el nombre y marca y el precio.
El SIPCoMen, estará constituido por la Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, quien será la autoridad de aplicación de esta normativa, las asociaciones de Defensa del Consumidor registradas a tal efecto, y los sujetos obligados a brindar los datos establecidos.
La información suministrada será publicada semanalmente en Internet, integrando una base de datos única que debe relacionar la fecha, el precio, el producto y el local donde se expende..
Además, se promueve que dicha información sea de fácil acceso, de manera tal de garantizar el acceso rápido, permitiendo al menos búsquedas por producto, barrio, departamento y local comercial.
Esta propuesta fue presentada por la senadora nacional Marita Perceval, y los diputados provinciales Roberto Blanco, Gabriela Sánchez y Ricardo Puga.
Según señaló la legisladora nacional, la iniciativa surge luego del estudio realizado por la fundación Consensos, en la que se determinó diferencias sustanciales en productos de igual naturaleza y marca, en distintos puntos de venta.
Señaló también, que no se trata de una medición de la inflación sino de un monitoreo de precios, con el fin de evitar “la distorsión espantosa de precios”.
“Esto no es contra del hipermercadismo sino a favor de los consumidores, para que tengan información certera sobre las diferencias de precios, para que puedan ejercer su libertad de elección”, dijo Perceval.
Asimismo, manifestó que la idea es que el Estado asuma la protección integral de la población en todas sus dimensiones, incluyendo  los derechos de los consumidores.
En la lista que se ofrecerá por Internet, estarían contemplados unos 150 .productos de la canasta básica, “de consumo cotidiano”, que abarcaría además, artículos de limpieza y perfumería.
En tanto, Roberto Blanco explicó los lineamientos generales del proyecto y añadió que la iniciativa fue tomada de la ley 1493, de la Ciudad de Buenos Aires, “que a la fecha no ha podido ser instrumentada debido a la dificultad que implica organizar un sistema que conjugue las distintas variedades de productos que ofrece cada cadena de comercialización”.
A la vez, indicó que la propuesta presentada hoy, ha sido adaptada a la realidad de Mendoza, para que pueda aplicarse a la brevedad.
“Se pretende con el sistema a crearse, garantizar una adecuada accesibilidad a la información publicada permitiendo buscar un producto y comparar precios, teniendo en cuenta zonas de ubicación de los puntos de venta en toda la geografía provincial, entre otros aspectos”, dijo Blanco.