La iniciativa promueve como requisito de ingreso ser argentino, nativo o por opción, tener entre 18 y 35 años, aprobar los exámenes de aptitud psicofísica, tener título de ciclo polimodal, secundario o equivalente, o bien, acreditar que se encuentra cursando estudios, en cuyo caso tendrán que concluirlos antes del primer ascenso.También, los interesados deberán acreditar la aprobación de cursos específicos en materia penitenciaria y justificar antecedentes personales de buena conducta.
Las designaciones o incorporaciones a los escalafones que prevé la ley, se hará en forma interina por doce meses, al cabo del cual deberá confirmarse o no en el cargo.
Tal confirmación se realizará sobre la base del desempeño del personal en las funciones asignadas por la superioridad,  demostrando idoneidad, adaptación, subordinación y aptitud.
Si en el transcurso de ese tiempo mediara alguna circunstancia grave, se procederá a la desafectación en el cargo sin esperar el cumplimiento de los doce meses.
Los aspirantes que se encuentren realizando los cursos y estudios requeridos para ingresar como personal penitenciario, no detentarán el estado penitenciario y podrán beneficiarse con una beca de estudios. Previo a ello, deberán suscribir un “compromiso de servicios penitenciarios” con el Estado provincial, por el término de cinco años, a contar desde su designación como personal pernitenciario.
En caso de incumplimiento con ese compromiso, implicará la obligación del aspirante de reintegrar al Estado los gastos insumidos en su preparación profesional.
Asimismo, se disponen modificaciones en cuanto al retiro obligatorio del personal y licencias por enfermedad.
Por otra parte, se señala que también podrá ingresar en forma directa en los grados intermedios de la escala jerárquica del servicio penitenciario, hasta oficiales jefes inclusive, siempre que se acredite experiencia penitenciaria, antecedentes destacados, título terciario según corresponda y demostrar poseer un relevante nivel de excelencia en los conocimientos específicos que exige la carrera penitenciaria.
Previamente, se deberá aprobar un examen de aptitud en la forma y con los requisitos básicos de ingreso que se establecerán en la reglamentación.
Además, se faculta al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, por intermedio del Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, por el término de 24 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, para llevar a cabo todas aquellas acciones necesarias para dotar al servicio penitenciario de la provincia,  de los recursos humanos indispensables para el cumplimiento de su función y organizar los recursos existentes.
El control y supervisión de la aplicación de esta normativa estará a cargo de la Bicameral de Seguridad y las comisiones de Labor Parlamentaria de ambas Cámaras, para lo cual el Ejecutivo deberá remitir bimestralmente a la Legislatura un informe con las medidas adoptadas, sus resultados y las medidas a adoptar .
“Las circunstancias actuales del Sistema Penitenciario Provincial requieren de acciones concretas para poner en pleno funcionamiento las distintas unidades penales, lo cual permitirá brindar a la población penal que allí se encuentra alojada un mejor tratamiento, atención y contención”, señalan los fundamentos.
En el mismo sentido, se indica que la Ley provincial 7493 “exige requisitos para el aspirante que tornan dificultosa dicha incorporación, por lo que es preciso redefinirlos introduciendo elementos que garanticen el acceso y perfeccionamiento continuo”.
“Además, para obtener un incremento en el número de aspirantes al sistema penitenciario, resulta esencial establecer una mejora en las becas de estudios que perciben los ingresantes, a fin que cuenten con recursos que les permitan una dedicación completa, en lo que hace a su formación mientras realizan los cursos requeridos por la normativa, asegurándoles el sustento de su grupo familiar”.