Señaló también que se ha previsto desde esta Comisión legislativa una ronda de consultas al respecto para alcanzar una herramienta legislativa eficaz en tal sentido. Durante el mes de setiembre asistirán: el martes 9, a las 10.30, el presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra; el jueves 11, a las 10.30, representantes de casinos privados; el martes 16, a las 10.30, los ministros de Desarrollo Social, Silvia Ruggeri, y de Salud, Aldo Sergio Saracco, y miembros de la Asociación de Jugadores Anónimos; el jueves 18, a las 10.30, responsables de Areas de Turismo y/o directores de Turismo de los Municipios; el martes 23, a las 10.30, empleados del Casino Provincial, y el jueves 25, a las 10.30, intendentes municipales.
Vietti manifestó que los hoteleros consideraron que no necesariamente se debe asociar esta actividad a la instalación de casinos; mientras que desde el Turismo opinaron que en algunos departamentos las salas de juegos y otras explotaciones de entretenimiento podrían generar desarrollo económico y fuente de trabajo.
Asistieron a la reunión los diputados demócrata, Antonio Spezia; los justicialistas Juan Dávila, Cristina Pérez, Juan Antonio Gantuz y Nélida Negri, y por la Concertación Ciudadana, Daniel Ortiz y Alejandro Molero.
Por la Dirección General de Rentas, asistieron los subdirectores de Legal y Técnica, Rodolfo Quiroga; de Fiscalización, Jorge Domínguez, y de Atención al Contribuyente, Carlos Villa.
Los funcionarios Rentas entregaron detallada documentación sobre los ingresos brutos que tributan los casinos en Mendoza; a la vez que observaron que el control técnico operativo de los mismos, como las autorías correspondientes, está a cargo del Instituto de Juegos y Casinos. Recordaron que el 80% de la recaudación de los Casinos oficiales tienen un destino social y el 20% de los privados ingresan a Rentas Generales.
Manifestaron predisposición para colaborar en la elaboración de un instrumento legislativo que abarque todas las aristas de un tema complejo como es el juego. Informaron que desde su ámbito fiscalista el único inconveniente que observan es que las máquinas tragamonedas de las salas en cuestión tributan un 20% de lo recaudado si son propias y sólo un 3% si son alquiladas, cuando en realidad se trata de la misma explotación comercial en ambos casos. Esta diferencia debería subsanarse en el caso de nuevas instalaciones.