3. CREACIÓN COMISIÓN BICAMERAL DE SEGURIDAD VIAL 17. BENEFICIOS PARA ADJUDICATARIOS DEL IPV 29. LEY DE EDUCACIÓN  

5. DÍA PROVINCIAL CONTRA LA LEUCEMIA 12. LEGAJO ÚNICO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 19. FRACASADA 21. PROYECTO MINERO HIERRO INDIO 26. LEY DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN  

1. OBSERVATORIO DESERCIÓN ESCOLAR - ODE 8. FRACASADA 22.DESIGNACIÓN CON NOMBRE DE MUJERS DESTACADAS 29. RÉGIMEN DE CUIDADORES POLIVALENTES

3. IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA 10. MODIFICANDO LA LEY 4974 17. SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO -RNAR 24. FONDO ESPECIAL DE COMPENSACIÓN 

6. USO DE MICRÓFONOS EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA 13. DESARROLLO TÉCNICA DEL DESTETE PRECOZ 20. RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1954 Y 282 27. PLAN PODA  

Los integrantes de la Bicameral de Seguridad junto a funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, analizaron el proyecto de ley, que tiene por objetivo la autorización para el uso del crédito correspondiente al pago de los costos, gastos y demás accesorios, que demandará la construcción del nuevo penal en Cacheuta. El Ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, participó de la reunión e indicó que “el proyecto de ley ha ingresado hoy en la Cámara de Diputados y se analizará en comisiones. El monto total para la construcción de esta nueva penitenciaría es por $1.169.827.777 y podrá albergar entre 760 y 900 detenidos”. Con respecto al aumento de la cifra solicitada en primera instancia, el funcionario indicó que “por la variación de precios y el costo financiero se ha incrementado la cifra inicial”. Asimismo la norma establece que la autorización para hacer uso del crédito podrá instrumentarse en pesos o su equivalente en otras monedas con entidades financieras o instituciones públicas, privadas, provinciales, nacionales, internacionales u organismos multilaterales de crédito, por medio de una o más operaciones de endeudamiento. También el proyecto establece que los fondos que se obtengan con motivo de la operatoria de financiamiento, será administrado a través de un fideicomiso, a fin de que los mismos sean aplicados exclusivamente a la construcción de la cárcel. Por su parte la senadora Milagros Suarez (UCR) indicó que “estamos convencidos de la necesidad de que haya una nueva cárcel, la Bicameral de Seguridad ha trabajado mucho sobre este tema, se han hecho aportes y hay que reconocer que se necesita con prioridad. Hemos pedido que durante este proceso se hagan algunas modificaciones y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a tener en cuenta esas observaciones”. En tanto, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Silvia Ramos sostuvo que “este proceso que viene desde octubre es novedoso, porque a partir de la iniciativa de una empresa privada se permitirá esta nueva construcción. También se están analizando los aspectos técnicos y políticos, desde lo político creemos que la construcción de la cárcel es imperiosa porque la cantidad de presos de condenados y procesados que están hoy en el sistema carcelario no disponen adecuadamente de los ámbitos rehabilitación y queremos que se avance rápidamente porque es una edificación larga”. A su turno Jesús Riesco (PD) indicó que “hay que tener las cárceles necesarias las que hoy dispone la provincia, están saturadas, muy pobladas, con la construcción del penal federal se van a reducir unas 600 plazas para Mendoza y con la construcción de este nuevo penal se producirá un mejoramiento en el sistema penal mendocino”.

Las comisiones de Ambiente y Recursos Hídricos y Obras Públicas, Urbanismos y Vivienda se reunieron con integrantes de la Superintendencia General de Irrigación, la Dirección de Recursos Naturales y Renovables y de Hidráulica, y las universidades Nacional de Cuyo y Tecnológica Nacional para analizar la obra denominada “Plan de acción para la recuperación del volumen útil del embalse El Carrizal (PARVUC)” y su relación con los clubes instalados en el perilago. Algunos de los detalles solicitados por los legisladores fueron sobre las especificaciones técnicas de la obra a ejecutarse; estudios geotécnicos y otros realizados a fin de determinar el estado actual de la presa y su fundación; mención de los equipos técnicos y profesionales que han tenido a su cargo el proyecto ejecutivo de la obra; estudios sobre la verificación de la estabilidad de la presa con la cota máxima esperada en el embalse y la determinación topográfica de la superficie del perilago afectada por la crecida del nivel de agua, entre otros. Durante la disertación realizada por Irrigación se señaló que la obra se construyó en la década del 60 y se habilitó en el año 1971, con una proyección de 45 años de vida útil, que se cumpliría en el 2016. Por esta razón es que se comenzó a trabajar para la recuperación del embalse, que extendería su vida útil otros 30 años más. Entre las distintas opciones analizadas por la Superintendencia se concluyó que la más viable es el recrecimiento del vertedero, ya que el mismo esta perdiendo su capacidad y ha quedado muy chico para cumplir el objetivo con el que fue creado, con una reducción de un 30% de su volumen, disminución de su calidad de agua y de riego. Otras de las opciones analizadas fueron la extracción de sedimento, la generación de una nueva represa o el abandono de la misma. Esta obra tendrá un costo de 27 millones aproximadamente, que será financiada con presupuesto de Irrigación, que luego será reembolsada por los regantes. Uno de los principales conflictos que presenta la obra es respecto a la línea de seguridad, ya que la misma involucraría a diversos clubes que encuentran parte de sus instalaciones afectadas por la creciente que se generaría. Al respecto representantes de los clubes señalaron, que ellos no están en contra de la obra, sino que no tienen condiciones de poder hacer las obras de infraestructura necesaria, es por ello que solicitaron que sean contemplados dentro de la obra y que se les brinden soluciones, ya que son parte muy importante del sector turístico de la Provincia. En este sentido, solicitaron que se extienda el tiempo de licitación por lo menos cuatro meses más para analizar en profundidad su situación.

Los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Alejandro Viadana (FPV) recibieron al Coordinador de Políticas Públicas de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Raúl Vicchi quien respondió a un pedido de informe hecho por el radical Pablo Narváez, relacionado a la situación de un inmueble sito en San Martín 1225 /1245 de Godoy Cruz El funcionario judicial, que dejó en el seno de la comisión un informe escrito, dijo que el edificio en cuestión se alquiló hace un año y en él se realiza una obra para poder ponerlo en condiciones y trasladar allí el Registro de la Propiedad. “Lo que se busca es la mejora de la Gestión de Justicia en lo que se refiere a la justicia laboral y el mejor funcionamiento del registro de la propiedad inmueble”, subrayó Vicchi. Indicó que esto importó una serie de tareas para las cuales el gobierno provincial licitó, a través de la Corte para ejecutar el plan de traslado y que para ello se hicieron tres licitaciones. Del escrito se desprende que el contrato tiene una duración de tres años, que el primer año la erogación será de ochenta y un mil pesos, el segundo de ciento cinco mil y el tercer año de ciento treinta y seis mil pesos. Asimismo se detallan los llamados a licitación y sus valores hasta llegar al actual de DENCOSUR SA, ubicado en San Martín 1225/47 de Godoy Cruz. La elección tuvo que ver con, según el escrito, la mejora de los cánones, encontrarse dentro del radio solicitado, ser un inmueble desarrollado en plata baja con una configuración libre que favorece la sobrecarga del peso generada por los expedientes y mayor aprovechamiento del espacio, adaptándose a las necesidades de la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial, entre otros aspectos.

 La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley, iniciativa del diputado Néstor Pares (UCR), que modificaría algunos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, Nº 1079, con el fin de realizar las reformas necesarias para actualizarla conforme a las modificaciones de la Ley Nº 26.774, la cual incluye en la padrón electoral a los ciudadanos argentinos y extranjeros con dieciséis años cumplidos al momento de las elecciones.  La iniciativa propone la modificación del artículo15º, que establece que serán electores en los comicios municipales todos los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional del Departamento respectivo; como también que “todos los extranjeros o extranjeras desde los dieciséis (16) años de edad cumplidos, están habilitados para votar en los actos electorales convocados, previa inscripción voluntaria en el Registro Cívico Municipal de Electoras/es Extranjeras/os creado por esta ley y que tengan dos años de residencia inmediata en el municipio respectivo. La emisión del sufragio es obligatoria para los inscriptos." Además, se establece que se modifique el artículo 17º, que quedará redactado de la siguiente manera “Las exclusiones declaradas en leyes nacionales de la materia, serán aplicadas en la segunda parte del Registro Cívico Municipal, siendo causal suficiente de tacha o de impedimento del ejercicio del sufragio. Serán excluidos/as del Registro Cívico Municipal los/las extranjeros/as que: a-Queden comprendidos/as en alguna de las inhabilidades establecidas por las leyes electorales; b-Pierdan su calidad de vecinos/as del Departamento y c- Adopten la ciudadanía argentina y sean incorporados al padrón general de la Provincia.” Respecto al artículo 20º, el mismo establece que “las personas comprendidas en el inciso b) del Artículo 15, deberán concurrir a las oficinas municipales a inscribirse, acreditando: a) El pago de la tasa o derecho con el recibo correspondiente del domicilio; b) Tener la calidad de "residente permanente" o “transitoria” en el país en los términos de la legislación de migraciones; c) poseer Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero; d) acreditar dos (2) años de residencia en el departamento y tener registrado en el Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero su último domicilio real en el Departamento; y e) no estar incursos en las inhabilidades que establece el Código Electoral Nacional.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por Juan Dávila (FPV), por el cual se ratifica el acuerdo interprovincial alcanzado por las Legislaturas de Mendoza, San Juan y San Luis, que establece la creación del Parlamento de Cuyo. En los fundamentos de la iniciativa, el legislador señala que el Acta Fundacional fue refrendada “por los Sres. Vicegobernadores Sergio Uñac, Carlos Ciurca y Jorge Díaz respectivamente, como así también por Legisladores de las Provincias Fundantes”. Según indica Dávila, “la constitución de este Parlamento viene a satisfacer el constante anhelo de los mendocinos, sanjuaninos y puntanos, que reivindicando nuestra unidad histórica, buscamos forjar esa común unidad de destino, que nos permita afrontar con mejores posibilidades los nuevos desafíos de un mundo cada vez más integrado, y donde emergen Bloques políticos o económicos, nacionales o regionales, buscando mejores condiciones de competitividad y posicionamiento estratégico”. Además sostiene que el Parlamento de Cuyo “es un espacio común, en el que se refleja el pluralismo y la diversidades de la región, donde los Legisladores debemos estar en la primera línea de las voces y reclamos sociales sectoriales o académicos; debemos aportar por nuestras propuestas o proyectos respuestas a esos reclamos y pretendemos desde este espacio integrador, reflejar las necesidades e intereses comunes, contribuyendo a generar políticas que permitan el desarrollo integral de la región”.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley, iniciativa del senador Javier Cofano (PJ-FPV), que tiene por objeto la modificación del Código de Faltas de la Provincia, Ley Nº 3365, a fin de establecer sanciones a quienes utilicen ríos, canales o acequias como balnearios. En este sentido, se propone la incorporación en el título VI- Faltas contra la Seguridad Pública, el artículo 84 bis, el cual establece que será castigado con arresto de hasta diez días o multas de hasta mil pesos, quien usare para bañarse los canales de riego, represas, diques derivadores, tomas y cualquier obra hidráulica de la provincia; al que arrojare sobre los cauces, tacos, maderas, piedras, o cualquier otro elemento que obstaculizare el normal escurrimiento de las aguas por la red de riego de la provincia; o el que deteriorare por cualquier tipo de actividad, los cauces, las obras de toma, los taludes de los canales, las compuertas o cualquier obra hidráulica de conducción del agua de la Provincia. “La intención de incluir esta norma dentro del código de faltas de la provincia, es darle fuerza de ley a esta prohibición y tipificarla como falta, porque las distintas resoluciones emitidas por el Departamento General de Irrigación estableciendo penalidades no han logrado eliminar esta práctica, que genera riesgos a quienes se bañan en ríos y canales, perjuicios a los regantes y daños al patrimonio público”, señalan los fundamentos del proyecto.  

Las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Mendoza, en relación a las dietas de los legisladores informa: 1- La paritaria estatal 2014 arrojó un incremento salarial para los empleados del Estado del 30.5% promedio. 2- El Gobernador, a través del Decreto 220/2014 pospuso dicho aumento para los funcionarios y Ministros del Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2014. 3- El Poder Legislativo adhirió a dicho Decreto con acuerdo de TODOS los Bloques de ambas Cámaras, exceptuando a los empleados y funcionarios de la Legislatura. 4- La liquidación de Enero de 2015 corresponde al 30.5% de aumento pospuesto, más el cálculo de antigüedad del sueldo del Gobernador. 5- Se adjunta nota de Contaduría Gral. 2014 y 2015, como así también las copias de las Resoluciones 04 de Diputados y 32 de Senadores que adhieren al decreto 220. 6- La liquidación de los legisladores corresponde por ley 5811 al 95% de lo percibido por el Gobernador.    

  La Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa venida en revisión del Senado, mediante la cual se transfiere a la Municipalidad de Rivadavia dos inmuebles, destinados al funcionamiento de la Planta de Líquidos Cloacales y ACRE y a futuras aberturas de calles del Distrito La Central de Rivadavia. La norma establece la transferencia a título de donación y con cargo, de dos predios propiedad del Gobierno de la Provincia, que cuentan con una superficie aproximada de diez hectáreas cada uno. Prensa Febrero 4

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley del diputado mandato cumplido Aldo Vinci (PD), por el cual se pretende declarar Bien del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Mendoza, a la residencia que perteneciera al ex gobernador de la provincia, Francisco José Gabrielli. Gabrielli era propietario de una casa ubicada en calle Godoy Cruz al 310, esquina Patricias Mendocinas, en la ciudad de Mendoza., que fue construida por el arquitecto Ramos Correas y el mismo Francisco Gabrielli, “como figura en su fachada por calle Patricias Mendocinas y en la cual residió durante muchos años, inclusive cuando fue gobernador de la Provincia”, explica Vinci en los fundamentos. .“Tiene un valor arquitectónico inmensurable ya que es una de las casas más hermosas de esa época. Se destaca por su estilo y amplitud, así como también por sus sótanos, típicos de estas construcciones”, añade el ex legislador, destacando “el valor arquitectónico y cultural que ofrece la citada vivienda a la población, que hoy es patrimonio del S.U.T.E”.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Beatriz Varela (UCR), mediante el cual se declara como parte integrante del Patrimonio Cultural de la provincia, el edificio antiguo de la Escuela Nro 1191 “Julio Leonidas Aguirre”, ubicado en calle Las Tipas s/n, de Godoy Cruz. Según señala la legisladora en los fundamentos de la iniciativa, el establecimiento, fue fundado en el año 1919, con el nombre de “Escuela Pre infantil Nº 4”, hasta que en diciembre de 1922 se decide designar a dicho colegio el nombre de “Julio Leonidas Aguirre.”  Agrega al respecto que “es sumamente importante enseñar a los alumnos, desde los primeros grados de estudio, que existe un patrimonio cultural que debe ser conocido, apreciado y valorado. Además de inculcarles proteger este legado para que pueda ser disfrutado por las futuras generaciones, como así también difundir el patrimonio cultural, para promover el sentido de pertenencia de las generaciones presentes”.

La Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado un proyecto de Ley de Matías Stevanato (FPV), mediante el cual se modifica la Ley Impositiva en el Anexo de Tasas Retributivas de Servicios, en lo concerniente al ISCAMEN, para dar cumplimiento al convenio celebrado por ese organismo con la Asociación de Propietarios de Camiones (APROCAM). Según señalan los fundamentos, en agosto de 2014 fue publicado el Decreto 1234/2014 en el cual se tramitó la aprobación del Convenio entre el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza – ISCAMEN – y APROCAM. En él, se pretende coordinar con APROCAM, un reintegro parcial de la tasa abonada para sus asociados radicados en la provincia, siempre que se acredite “de modo fehaciente” el cumplimiento de las pautas pactadas en dicho convenio.

La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial al proyecto de nueva Ley de Educación provincial. La norma consta de 273 artículos, contó con el aporte de todos los sectores sociales y educativos, y fue trabajada en la Comisión Bicameral de Educación durante 7 años. La iniciativa fue consensuada por los bloques legislativos, excepto el FIT, en reuniones previas al inicio de la Sesión Especial. Al comenzar el debate, diversos grupos que se oponían a la media sanción ingresaron al recinto y al provocar constantes interrupciones, el Cuerpo decidió omitir la formalidad de la fundamentación del proyecto por parte de las distintas bancadas. Por esta razón es que se votó a favor la moción del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Néstor Parés, para que la votación se produjera por capítulos. De este modo, desde Secretaría Legislativa se enumeró cada uno de ellos y los legisladores, a mano alzada, expresaron su voto afirmativo. Como se mencionó, los diputados del Frente de Izquierda presentes, votaron de forma negativa. La normativa En los fundamentos de la media sanción se explica que “hoy se cuenta con un marco normativo actualizado que recupera lo mejor de la tradición educativa argentina: la “Ley de Educación Nacional”, la “Ley de Financiamiento Educativo” y la “Ley de Educación Técnico Profesional”, las cuales se constituyen en un programa de política educativa, que a la vez fija objetivos y genera condiciones”. Por ello, esta normativa para Mendoza, se inspira en la necesidad de contar con una ley provincial acorde a las tradiciones y cultura asociadas a nuestra provincia e insertas en un panorama federal, que brinde posibilidades de desarrollo y sustentabilidad en el tiempo para todos los habitantes que se encuentran en su etapa de aprendizaje en nuestro territorio. Se agrega que “los fines educativos emanados en los mandatos legales son de tanta envergadura y trascendencia para nuestro pueblo, que su alcance compromete a más de un período de gobierno. Requiere, también, del esfuerzo concertado entre el gobierno y el conjunto social y demanda que prime el interés común por sobre los intereses sectoriales, confirmando el rol del Estado como garante de la educación”. También se tiene especial consideración por la familia, ya que es la institución primaria de la sociedad y el ámbito natural donde los niños y jóvenes aprenden los valores humanísticos que serán eje de cualquier proceso educativo. De allí que “los padres mendocinos comparten con el Estado la responsabilidad y el desafío de preparar a los educandos como sujetos de derechos y deberes, conformando así la categoría de “sociedad educadora”. Asimismo, se establece que la Ley deberá admitir que el Sistema Educativo responda a las interpelaciones de los tiempos que vendrán, con la garantía de que los cambios necesarios se harán teniendo en cuenta: El carácter de derecho personal, bien social y bien público de la educación y el conocimiento; la indelegable responsabilidad del Estado de sostener política, financiera y pedagógicamente el sistema de educación pública, y garantizar que la educación que se realice por diversos medios privados cumpla con los principios de esta ley; entre los más importantes. Articulado de la norma La Nueva Ley de Educación enumera 273 artículos divididos en 18 títulos. En el Título I, (Disposiciones generales - que va del art. 1 al 12) se establece que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. La educación es un deber y un derecho de la familia como agente natural y primario, y una obligación indelegable, imprescriptible e inalienable del Estado Provincial”.

En el Salón de los Pasos Perdidos se realizó un emotivo acto de reconocimiento a la trayectoria y obras del mendocino escritor, periodista, dramaturgo y poeta, Rodolfo Braceli. El acto fue promovido por el diputado Alejandro Viadana (PJ-FPV) a partir de la Resolución n° 1273/14 votada por unanimidad por el Cuerpo y en la que se declara de interés también la última publicación del escritor denominada “Células de Identidad”. Iniciado el acto, Viadana agradeció la presencia del público y sostuvo que “el espacio de las leyes en Mendoza, la Legislatura, es la casa del pueblo y es donde debemos homenajear a los escritores provinciales”. Remarcó también que personalmente se conmovió con la obra de Braceli dedicada a Armando Tejada Gómez y eso lo acercó aún más a las letras del mendocino. Participó de la mesa académica de reconocimiento el poeta mendocino Juan López quien, al hacer uso de la palabra, dedicó palabras de elogio y una crítica literaria a “Células de identidad”. Destacó López que Rodolfo “sacude y despabila a sus lectores” remarcando que “hay un estilo Braceli y su clave es la confianza en la palabra con su pensamiento detrás”. Sintetizó el poeta que el último libro de Braceli es “hondo, profundo” siendo su literatura “horizontal y abierta”. A su turno, Rodolfo Braceli agradeció la distinción y remarcó que la acepta “porque viene de la democracia”. Agregó, con humor, que es “extraordinariamente vago” y que cuando ve sus publicaciones y le preguntan por ellas responde que se las han hecho su papá y su mamá. A ellos les dedicó el reconocimiento. Indicó además que esto le hace pensar en los escritores de Mendoza que alcanzaron el estrellato por la prodigiosidad de sus plumas, pero también en los que quedaron en el camino, que con su trabajo, allanaron el camino para muchos otros que están surgiendo.

El Presidente de la Cámara de Diputados adelantó que se modificará la partida destinada a publicidad y de los 29 millones, 24 serán para la compra de equipamiento policial y de seguridad Ante los legisladores que integran las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincia, el Ministerio de Seguridad que encabeza Leonardo Comperatore, presentó el Presupuesto 2015 para esa área que asciende a $3.036.000. Al comienzo de la exposición el funcionario detalló que la pauta de gasto tiene un incremento del 20% con respecto al 2014 y el mayor porcentaje está destinado al personal, por un total de 2.300 millones de pesos. También destacó Comperatore que “está estipulada la compra de vehículos, chalecos antibalas, armas y más cámaras de seguridad”. Con Respecto a los cargos se prevé el ingreso de 600 policías, 500 agentes y 100 ayudantes. En lo referido a las cámaras de seguridad está prevista para el próximo año la incorporación de 560 y también está presupuestada una cifra de 29 millones de pesos para comunicaciones y conectividad. Con respecto al parque automotor el presupuesto estipula una compra por 3 millones de pesos, además de contar con subsidios nacionales el Ministerio va a destinar una partida para hacerlo a través del sistema leasing, que permitirá un recambio permanente de los automóviles y no llegar al remate de los mismos. En la actualidad el Ministerio cuenta con una planta automotriz de 1500 móviles. Al referirse a la compra de elementos para los policías se destacó la adquisición de chalecos antibalas por 6 millones de pesos, también está prevista la compra de radares para detectar la velocidad y alcoholímetros. Asimismo está en los planes del Ministerio la puesta en marcha de un plan de foto multas, para cubrir a toda la provincia. Comperatore también indicó ante los legisladores que “el dinero para gastos reservados será de 7 millones y 231 millones será destinado al pago de los servicios extraordinarios”. Al momento de las consultas de los legisladores sobre el monto destinado a publicidad por parte del Ministerio de Seguridad, intervino el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús quien indicó que “por acuerdo con los bloques, se modificará la partida y de los 29 millones destinado a la publicidad, se otorgarán 24 para la compra de equipamiento policial y de seguridad y sólo 5 tendrán como destino la publicidad de actos de gobierno”.

El Ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno Rodolfo Lafalla; presentó ante las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras legislativas, su pauta de gastos para el año 2015. El presupuesto total del ministerio es de $943.094.757, de los cuales $709.930.000 es destinado al personal, lo que significa el 76% del presupuesto. Sobre este punto, el Ministro expresó que se solicitó la incorporación de 250 cargos, para agentes penitenciarios. Los gastos previstos para bienes, que incluye raciones de alimentos, medicamentos, combustibles y elementos de seguridad, rondan los $119.000.000; destinados en su mayoría al servicio penitenciario. Con respecto a los servicios, se utilizarán $97.740.621. Aquí son contenidos el Sistema Electorario previstos por la Ley 8619, las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, la recolección de residuos, alquileres, entre otros. Además se destinarán $13.481.631 para el pago de las pensiones Sanmartinianas, que cada año la Legislatura entrega a personas destacadas de la Provincia; y las pensiones a Veteranos de Malvinas. Asimismo, Lafalla se refirió a los objetivos planteados por su cartera para el próximo año. Acerca de las políticas de empleo afirmó que se buscará fomentar, crear y sostener el empleo; como también eliminar el trabajo no registrado y el trabajo infantil. Sobre este último, el funcionario subrayó la puesta en marcha de los “centros de buena cosecha”, que son centros educativos brindados para contener a los menores de edad, mientras sus padres trabajan en la viña y en otro tipo de cosechas.