La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2020, que mantiene las mismas alícuotas para Ingresos Brutos, Sellos, Automotor e Inmobiliario que los establecidos en 2019.

El Ministro de Seguridad, Raúl Levrino, expuso ante las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, la pauta requerida para el funcionamiento del Ministerio de Seguridad, que rondará en los $16.622.826.810, de los cuales $12.726.617.966 se destinarán a la Policía y $3.896.208.844 al Servicio Penitenciario. En la oportunidad, anunció el pronto envío a la Legislatura, de un proyecto de Ley de creación del denominado Observatorio de Seguridad Ciudadana. 

La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción al proyecto de Ley de Avalúo Fiscal, que el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura junto a los proyectos de Impositiva y Presupuesto, para el ejercicio 2020. Cabe recordar que el Avalúo Fiscal, constituye la base imponible del Impuesto Inmobiliario  y en el Impuesto de Sellos, en la transferencia de los bienes raíces que se celebren en el transcurso del año.

El titular de la Administración Tributaria Mendoza, Alejandro Donati, brindó detalles de los proyectos de Avalúo e Impositiva para el ejercicio fiscal 2020, en el marco del análisis que las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras vienen desarrollando en torno al Presupuesto provincial.

El funcionario afirmó que “sustancialmente no sufren modificaciones, dado que  se mantiene la estructura de las Leyes de años anteriores y la política que venía llevando adelante el gobierno anterior”. En ese marco, sostuvo que el gobernador Rodolfo Suárez “ha considerado oportuno no aumentar la presión tributaria y mantener los beneficios para los contribuyentes cumplidores”,

En materia de Ingresos Brutos, para este año 2020 se propone mantener sin modificaciones el esquema del Impuesto, “idéntico al que ha regido en el año 2019”, mientras que en lo concerniente al Impuesto de Sellos, se mantienen las exenciones en el pago de este tributo para contratos de locación y créditos hipotecarios, actualizando los montos de los rangos.

De esta manera, “las locaciones para vivienda de hasta $ 10.000 mensuales quedarán exentas del tributo, y también las locaciones comerciales de hasta $40.000 por mes”. En la misma línea se ajustan los montos para la exención de este impuesto para los créditos hipotecarios de hasta $1.800.000, y se mantiene una alícuota disminuida para los montos superiores, “con lo que se beneficiarán todos los tomadores de créditos bancarios para la construcción o compra de sus viviendas”, señala la fundamentación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta a Impuesto Inmobiliario, “se mantiene la estructura general del impuesto utilizada en los años anteriores”. No hay incremento de alícuota, lo que se actualiza es el avalúo fiscal de las propiedades en torno a un 34%. En tal sentido, los funcionarios recordaron que el Avalúo fiscal no supera “en la mayoría de los casos el 20%del valor que la propiedad tiene en el mercado”.

Por otra parte, se mantiene el sistema de autodeclaración para propiedades de características especiales no residenciales.

Para el caso del Impuesto Automotor, tampoco experimenta modificaciones “en cuanto a la forma de cálculo, otorgamiento de beneficios para los contribuyentes ni modelos que se rigen por la valuación de la Dirección Nacional de Registros Públicos Automotores (D.N.R.P.A.)”, indica el texto del proyecto.

Esto significa que no habrá incremento en la alícuota, que el valor de los vehículos de 2010 en adelante se rige por lo establecido por el organismo nacional y que se mantienen los beneficios para aquel contribuyente que ha cumplido con sus obligaciones en los años anteriores. El beneficio en este caso es escalonado, teniendo en cuenta el comportamiento previo de cada uno, favoreciendo más a quien hubiera cumplido en los últimos dos años, respecto de quien sólo cumplió el año anterior. Por lo demás, se otorga un beneficio adicional a quien abone el impuesto anual en un único pago, al igual que en el Impuesto Inmobiliario.

La ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, anticipó ante las comisiones  de Hacienda de ambas Cámaras que los restaurantes mendocinos contarán en sus cartas con al menos un plato de la gastronomía local, que será servido en utensilios artesanales también locales. Se trata de un Programa que será presentado en los próximos días, basado en una investigación de la gastronomía mendocina que fue realizada en la anterior gestión. 

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, concejales de distintos bloques, representantes  del Movimiento Minero Malargüe, de la Asociación Minera Obrera Argentina y el presidente de la Cámara de Comercio de esa comuna, Gustavo Miras, explicaron a diputados del Interbloque Cambia Mendoza, la intención de buscar al desarrollo de minería de tercera categoría en el marco de lo establecido por la Ley 7722.

El Presupuesto 2020 continuará analizándose este lunes, cuando los titulares de Cultura y Turismo, Mariana Juri; Seguridad, Raúl Levrino, y Servicios Públicos, Natalio Mema, expongan ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras, la pauta de recursos para el próximo año. Las reuniones tendrán lugar a las 10; 11 y 12 horas, respectivamente, en la planta baja del Nuevo Edificio Legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, convocó a sesión especial para el próximo lunes, 30 de diciembre, a las 11, para proceder al tratamiento y aprobación de la derogación de la Ley 9209 y, de esta manera, restablecer la plena vigencia de la Ley 7722. 

Luego de que esta tarde  el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, anunciara la decisión de remitir a la Legislatura el proyecto de derogación de dicha normativa, el titular de la Cámara Baja convocó al Cuerpo para sesionar el lunes, luego de la sesión del Senado prevista para las 9.

La Cámara de Diputados, mediante resolución de Presidencia que se dicta Ad Referéndum del Cuerpo, dispuso adherir al Decreto del Poder Ejecutivo 01/2020 y de esta manera congelar los salarios de los diputados, autoridades superiores y funcionarios políticos de esta Cámara, desde el 1 de enero del corriente año y por el término de 180 días.

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