Integrantes de la comisión de Economía, que preside Gustavo Majstruk (PJ-FPV), recibió al Secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli, con el objeto de analizar las gestiones y acciones que realiza la provincia en relación a los incrementos tarifarios en las boletas de gas.

La Cámara de Diputados ratificó por mayoría, el Decreto Nº 529 de fecha 23 de mayo de 2016, que consiste en la eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, que actualmente se produce con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Cabe recordar que el acuerdo de 1992, conocido como “Pacto Fiscal I”, tuvo como finalidad financiar las obligaciones previsionales nacionales, determinando en su cláusula primera que: “A partir del 1º de Setiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15 % de la masa de impuestos coparticipables .Dicho “Pacto Fiscal I” fue objeto de prorrogas realizadas por fuera del mecanismo del denominado “Federalismo de Concertación”.
La ratificación del acuerdo Nación-provincias prevé una reducción de la detracción del 15%, a razón de tres puntos porcentuales por año calendario, quedando configurada la misma de la siguiente manera. Año 2016: “Doce Puntos Porcentuales. Año 2017: Nueve Puntos Porcentuales. Año 2018: Seis Puntos Porcentuales. Año 2019: Tres Puntos Porcentuales. Año 2020 y sucesivos: Cero Puntos Porcentuales”, tal como consta en la fundamentación del Poder Ejecutivo..
La media sanción de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito hasta el porcentaje y en las condiciones previstas por el Artículo 3 del Acuerdo ratificado por la presente ley, en un todo de acuerdo con las prescripciones de los Artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8706.
“Transitivamente, el acuerdo beneficiará a los Municipios, en tanto, la eliminación gradual de la detracción significará para la Provincia de Mendoza la obtención de mayor cantidad de fondos coparticipables, engrosando la masa a distribuir entre los Municipios de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 6396 y modificatorias”, señalan los fundamentos..
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo, “a otorgar a los Municipios de la Provincia que adhieran a la presente ley, dentro de la operatoria que establece el Artículo 3º del Acuerdo que se aprueba, un préstamo destinado a financiar obras de infraestructura, bienes de capital y/o erogaciones corrientes, por un monto que no podrá superar las proporciones establecidas en la Ley Nº 6396 y modificatorias para cada Municipio, en un plazo máximo de 90 días corridos de recibidos los recursos por la provincia”..
La instrumentación de los préstamos a los Municipios establecida en el artículo anterior deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando exceptuada la misma de las autorizaciones previas que establece la Ley Nº 7314 y sus modificatorias.
Además, se invita a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente ley, ello conforme a los mecanismos establecidos por la Legislación vigente.

La Cámara de Diputados, por iniciativa de Pablo Narváez (UCR), entregó un diploma de reconocimiento como “visitante ilustre” al Dr. Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico argentino creador del Instituto de Neurología Cognitiva, presidente de la Fundación INECO y rector de la Universidad Favaloro.

El Salón de los Pasos Perdidos fue el escenario de la entrega de la distinción y conformaron la mesa que presidía el acto el Presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; la vicegobernadora, Laura Montero; el Presidente Provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff; y el diputado provincial, Pablo Narváez.

Al hacer uso de la palabra, Narváez sostuvo que “es un honor poder llevar a cabo el reconocimiento”, agradeciendo la concurrencia de todos los presentes. Remarcó que no sólo podrá escucharse a Manes en las disertaciones programadas para esta tarde en el departamento de San Martín, sino que también se cumple con una actividad solidaria ya que se ha solicitado a cada uno de los que concurra que a cambio done una caja de leche. Se alegró Narváez por la cantidad de inscriptos, más de 5.000.

A su turno, tanto Néstor Parés como Laura Montero, ponderaron el recorrido científico y profesional de Facundo Manes asegurando que siempre la intención es “poner en valor la ciencia” y todas aquellas actividades que nos hagan prosperar como sociedad.

El profesional distinguido se mostró muy agradecido con el reconocimiento y expresó “un premio, una distinción nunca es personal, siempre es una construcción colectiva”. Tuvo palabras de agradecimiento con los profesionales que lo acompañan, sus secretarías, su familia y colegas que siempre buscan realizar sus aportes para lograr una vida mejor.

Carlos Chacón y José Panocchia, en representación de profesores, amigos y practicantes del tango acudieron a la reunión de Cultura de Diputados, para presentar una propuesta de “Promoción, Protección y Revalorización del Tango, Milongas y Prácticas en Mendoza”.

Mañana el jurado elegirá la propuesta ganadora del concurso organizado por la Cámara de Diputados en coordinación con la Secretaría de Cultura de Mendoza.

Terminado el plazo de entrega y habiendo recibido 13 propuestas, mañana jueves se procederá a abrir los sobres, analizar y elegir la mejor propuesta. El proceso será guiado por los escribanos de la Cámara Baja, quienes labraran las actas correspondientes y comunicaran el resultado a los competidores.

El jurado está conformado por los diputados Lautaro Giménez (FIT), Daniel Rueda (FPV) y Beatriz Varela (Frente Cambia Mendoza), la Profesora de la Facultad de Arte y Diseño, Sol González, y tres representantes de Cultura.

La propuesta ganadora se dará a conocer el próximo 15 de junio mediante una conferencia de prensa oficiada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, y el Secretario de Cultura, Diego Gareca, y, a partir de ese momento, se pautará la fecha de inicio de la intervención artística. Se destaca que el premio para el ganador, es de $15.000.

El certamen se encuentra en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y con la intención de reflexionar mediante expresiones artísticas de arte urbano sobre la identidad argentina y mendocina. Esto se expresará mediante un mural en la Peatonal Sarmiento, al costado este de la Legislatura de Mendoza.
 

Diputados de distintos bloques, recibieron a representantes de trabajadores de distintas cooperativas de la provincia, con quienes analizaron la situación de las empresas recuperadas.

Durante el encuentro, del que participaron los diputados Jorge Albarracín (UCR), Lautaro Jiménez (FIT), Héctor Fresina (FIT), Alejandro Viadana (FPV) y Patricia Galván (FPV), y la senadora Noelia Barbeito (FIT), se les solicitó información sobre los expedientes tramitados en la justicia para lo cual se acordó una nueva reunión el próximo jueves, con sus representantes legales.

Además, se abordó un proyecto de ley que en la sesión de ayer de la Cámara Baja, volvió en segunda revisión al Senado, que tiene por objeto establecer una normativa marco a favor de las cooperativas de trabajo originadas en procesos falenciales o de quiebra, también denominadas empresas recuperadas.

Albarracín, indicó al respecto que los trabajadores “están de acuerdo con esta media sanción y expresaron la situación concreta por la que atraviesan”, por lo que pedimos “un nuevo encuentro el próximo jueves, a las 11, en comisiones, con información más detallada de cada caso”.

La Comisión de Derechos y Garantías presidida por Cristina Pérez (FPV), recibió a representantes del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), quienes plantearon inquietudes respecto al Decreto Ley “Ítem Aula”.

La Cámara Baja sancionó, entre otras iniciativas, dos ratificaciones paritarias y un proyecto para que los medios de transporte público exhiban la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.
La Cámara de Diputados modificó hoy una iniciativa a través de la cual Mendoza adheriría a la ley nacional que establece que “todos los medios de transporte público de pasajeros, de origen nacional están obligados a disponer en sus unidades de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda ‘Las Islas Malvinas son argentinas’”.
El proyecto fue enviado al Senado para que las modificaciones sean analizadas por sus miembros.
Además, Diputados ratificó el Decreto 1196 de fecha 23 de Julio de 2014, por el cual se “homologa el Acta Acuerdo celebrada en fecha 22 de mayo de 2014, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social y suscripta por representantes de A.P.O.C., A.T.E., la Dirección de Control y Relaciones Laborales, representantes del Honorable Tribunal de Cuentas y del Cuerpo Paritario Central, mediante la cual se otorga un incremento salarial a los trabajadores del Honorable Tribunal de Cuentas” y lo mismo hizo con el decreto 2024, de fecha 07 de noviembre de 2014, “por el cual se homologa el Acta Acuerdo celebrada en fecha 15 de mayo de 2014, en el ámbito de la la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social y suscripta por la Dirección de Control y Relaciones Laborales, representantes de U.P.C.N. y A.T.E., y el Cuerpo Paritario Central”.

Referentes de distintos medios de comunicación de la provincia, brindaron la tercera charla de las Jornadas del Bicentenario, exponiendo su visión sobre los 200 años de historia desde el punto de vista del periodismo.
Las jornadas, son organizadas por la Cámara de Diputados en coordinación con la Universidad Nacional de Cuyo, bajo el lema “Debatiendo la Mendoza del Bicentenario”, y pretende brindar distintos enfoques sobre la Independencia Argentina. En esta oportunidad, lo hicieron Rodrigo Sepúlveda, Luis Ábrego y Viviana García Sotelo.
La apertura estuvo a cargo del presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, quien se refirió a la importancia de brindar distintas visiones sobre el Bicentenario, que enriquezcan y mejoren la comprensión de la actualidad y los nuevos desafíos.
En este sentido, se refirió al cambio que desde la Casa de las Leyes se está proponiendo, donde “no sólo somos una fábrica de leyes, sino que somos un poder del Estado que tiene que acompañar los procesos sociales”. Es por ello que, a través de estas actividades, se busca “acercarnos más a la gente y no quedarnos en un microclima que nos puede llevar a cometer errores”.
A continuación, la vicegobernadora Laura Montero resaltó que una Legislatura abierta, con este tipo de actividades, lleva a “la reflexión”, a pensar “cuáles son los desafíos de la comunicación en el sistema democrático presente”; “el rol de los medios”, “la libertad de expresión”, “la comunicación e información” y “el papel de las redes sociales”.
El primer disertante de la jornada fue Rodrigo Sepúlveda, quien desde una mirada crítica y reflexiva, se refirió al papel de los medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el rol de algunos medios “hegemónicos” en ese contexto.
“Cuando uno comparte ideológicamente lo que dice el medio y acepta esa visión, se queda en eso y cree que esa es la realidad”, señalo, y añadió en ese sentido que “los medios, tienen que ser medios de comunicación”, ese es el “ideal de la democracia informativa”.

Sería entre septiembre y diciembre, cuando el Francisco Gabrielli sea refaccionado. La comisión de Turismo y Deporte recibió hoy a representantes de Cámaras ligadas a la actividad.

La comisión de Turismo y Deporte de la Cámara de Diputados recibió hoy a representantes de AMPROTUR, la Cámara Hotelera de Mendoza, AEHGA, AMAUyT y Mendoza Boureau en el marco del análisis de un proyecto de Lucas Ilardo (FPV) que declararía la emergencia en el sector desde el 7 de septiembre al 7 de diciembre, tiempo en que el aeropuerto Francisco Gabrielli estará cerrado por refacciones.

“La idea es escuchar las inquietudes del sector y hemos tenido una charla extensa donde nos las hicieron llegar”, sintetizó el presidente de la comisión, Norberto González (FPV) y agregó que entre las preocupaciones está que “Mendoza ha sido quitada de las promociones y si alguien hoy quiere comprar un pasaje de septiembre a diciembre no puede hacerlo porque no figura como destino”.

En este sentido los empresarios turísticos se mostraron a favor de la declaración de emergencia pero sumaron la necesidad de especificar que los alcances de los beneficios sean para quienes estén registrados correctamente, algo que fue tomado en cuenta por la comisión de la misma manera que la idea de promocionar las refacciones del aeropuerto.

Integrantes de la comisión Bicameral de Seguimiento del Acuerdo Mendoza-San Juan, Ley n° 6.216, que preside el diputado Ricardo Mansur (UCR), se reunieron con el presidente del Fondo Vitivinícola Mendoza (FVM), Bernardo Lanzilotta, y colaboradores, con el objeto de dialogar y estudiar entre otros temas, la cosecha 2016 y el acuerdo Mendoza-San Juan 2016, la edulcoración con mosto y la polilla de la vid.
Un punto específico que solicitaron los legisladores es que los representantes del Fondo envíen, para su ratificación en la Legislatura, las resoluciones emitidas por el propio organismo, ya que así está consignado en la legislación.
En lo específico al tema vitivinícola, se refirieron a la necesidad de que el Congreso Nacional sancione la ley de mosto para edulcorante, indicando que a Mendoza le quedarían entre 40 mil y 50 mil toneladas de mosto para edulcorar, si la fructuosa de maíz deja de utilizarse para este fin. Indicaron al respecto que en diversos lugares del mundo la edulcoración con fructuosa de maíz se está prohibiendo, temas que desde el Fondo ya están trabajando con legisladores nacionales, entre ellos, el diputado nacional Luis Borsani, según manifestaron durante el encuentro.
Otro punto abordado fue el de la polilla de la vid, sobre el que explicaron que están pidiendo al gobierno nacional entre 600 y 800 millones de pesos para poder combatirla y evitar así que se propague en los cultivos de la provincia.
En ese sentido, indicaron que para la economía provincial la vitivinicultura representa un 4%, aunque si a la actividad propiamente dicha se le agregan otros componentes que necesariamente intervienen en ella como el transporte y el trabajo directo e indirecto que genera, tiene una presencia importante en el Producto Bruto Interno. “Es necesario tener en cuenta el aporte socioeconómico que la vitivinicultura hace a la sociedad”, expresaron.
Por otra parte, se puso en análisis una presentación ingresada a la comisión por el diputado Manzur, referida a que “existirían graves irregularidades respecto al beneficio fiscal compensatorio de la pauta diversificadora, en virtud de la cual se habrían generado beneficios millonarios a distintas bodegas”.

La Cámara Baja dio sanción final a la iniciativa del Poder Ejecutivo que sustituye y modifica diversos artículos del Código Procesal Penal, en lo referido al dictado de prisiones preventivas.

La Ley fue aprobada en general por el voto de todos los bloques a excepción del FIT, mientras que en particular, el bloque del FPV votó en forma negativa el artículo 3°, y los diputados Lucas Ilardo y Patricia Galván (ambos del FPV), también lo hicieron negativamente por el artículo 1°.

Según expresan los fundamentos, la norma busca que se cuente con “información clara y precisa respecto de la situación de las personas privadas de libertad, determinando los tiempos de detención, etapas procesales que transitan y autoridad judicial bajo cuya responsabilidad se encuentran”.

Agrega que “la obligación de proporcionar esta información vital, corresponde a quien tiene el gobierno de la administración de justicia y puede obtenerla. El propósito es transparentar la situación de los detenidos sometidos a proceso, como parte de la obligación constitucional que pesa sobre el Alto Tribunal de pasar anualmente una memoria y estado de dicha administración conforme lo establece el artículo 144 en su inciso 2 de la Constitución Provincial”.

Simultáneamente, la iniciativa propone “reformas al Código Procesal Penal referidas al dictado, control y cese de la prisión preventiva”, apuntando “a la modernización del procedimiento, oralizando el trámite - lo que va a redundar en una mayor rapidez del mismo-, permitiendo a su vez la intervención de la víctima en él”.

Del mismo modo, con esta Ley se unifica “lo concerniente a esta temática en toda la provincia con independencia del código procesal vigente”.

En el Salón de los Pasos Perdidos se desarrolló la presentación formal del proyecto de Ley, autoría de María José Sanz (UCR), referido a la creación del “Programa Provincial de Búsqueda Universal de Identidad de Origen y Biológica”.
El Presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, Jorge Nanclares; María Amanda Fontemachi, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez; legisladores radicales e integrantes del “Colectivo Mendoza por la Verdad” conformaron la mesa de presentación.
Sanz resaltó la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el encuentro y ponderó la necesidad de brindar herramientas desde el Estado para dar solución a las actividades ilícitas relacionadas con la apropiación de bebés, la sustitución de identidad y la agilización de los trámites de adopción.
La diputada remarcó que “todos trabajamos para mejorar la situación pero debemos comprometernos como sociedad en buscar la verdad luchando contra esos pactos de silencio”. Puntualizó que la iniciativa tiene puntos similares a la tarea que realiza Abuelas de Plaza de Mayo pero sin circunscribirlo a unas fechas determinadas. “Las apropiaciones de bebés han sucedido antes y después de la dictadura militar y siguen sucediendo hoy, y esto es algo que nos preocupa” Alertó Sanz.
En materia de adopciones, indicó Sanz que se trabaja mancomunadamente con la directora del Registro Único de Adopciones (RUA) y su directora, Verónica Gutiérrez, solicitándole la apertura de una delegación y envío del equipo interdisciplinario para el Sur provincial con el objeto de agilizar los trámites de las parejas que deseen adoptar, y prevenir el delito de querer “buscar un bebé por otros medios que no sean los legales”.
En el mismo sentido, especificó la legisladora que el proyecto presentado ha sido trabajado junto a integrantes del Colectivo Mendoza por la Verdad y con funcionarios del Órgano Administrativo Local (OAL). “Estamos a disposición para agilizar los procesos, sumar herramientas legales como así también trabajar por la situación de los chicos que hoy están en dependencias de DINAF y la OAL”.

La Comisión de Derechos y Garantías, presidida por Cristina Pérez (FPV), se reunió con Representantes de Organismos de la Casa por la Memoria, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Sobrevivientes y ex presos del D2; para analizar el proyecto que busca brindar un marco legal al funcionamiento y constitución del “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.
El Espacio antes mencionado, fue creado por el Decreto 499/14 del Poder Ejecutivo, y fue puesto en funcionamiento tras la entrega parcial que se hizo a los organismos de derechos humanos locales el 12 de setiembre de 2015; donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyT) “D2”, en el actual Palacio Policial.
Los representes presentes, expresaron que es necesario darle institucionalidad a este lugar mediante una ley, ya que hoy depende de una resolución del Poder Ejecutivo, que puede dejarse sin efecto.
Los diputados miembros de la Comisión, elaboraron una agenda de trabajo para las próximas semanas, para seguir estudiando este tema, juntamente con la comisión del Senado.

La Cámara de Diputados rechazó, por amplia mayoría, el pedido de juicio político presentado por la jueza de familia María Elisabeth Lizán contra el Procurador de la Corte de la provincia, Rodolfo González.

En su sesión de tablas, la Cámara Baja resolvió hoy desestimar ese pedido por 33 votos. En tanto, los 4 legisladores del bloque del FIT votaron por la continuidad del proceso, mientras que 6 integrantes de la comisión de Jury de Enjuiciamiento se abstuvieron a la hora de la votación.

Según explicó el diputado Jorge Albarracín (UCR), “el Cuerpo consideró que no hubo mal desempeño y mucho menos la posible comisión de un hecho ilícito que habilitara la investigación”, por lo tanto, el expediente, pasa al archivo. 

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados, el proyecto de modificación al Código Procesal Penal para la unificación de causas, que busca dar “claridad normativa entre lo que debe entenderse por unidad de investigador fiscal, la acumulación de causas, como de la expresa prohibición de acumulación de éstas”.
Según señala la fundamentación de la iniciativa, este proyecto refiere a la “eficacia de la investigación fiscal y de la prisión preventiva para los casos de reiterancia delictiva y riesgo procesal previstos en los incisos 2 y 3 del Artículo 293 del C.P.P., en la reciente sanción de la Ley Nº 8869 sobre la prisión preventiva”.
Destacan en ese sentido, que “resulta necesario disponer normativamente y con claridad la diferencia que debe existir en la investigación de las causas entre la unidad de investigador fiscal o unidad de investigación y la acumulación de procesos”, y afirman que “la necesidad de la iniciativa está relacionada con la confusión existente por la falta de claridad normativa entre lo que debe entenderse por unidad de investigador fiscal, la acumulación de causas, como de la expresa prohibición de acumulación de éstas”.
En ese sentido, se modifican los artículos 59º y 60º, relacionados con el efecto de la conexión: unidad de investigación y juzgamiento y la excepción a la unidad de investigador o juzgador, respectivamente.
Tales modificaciones propuestas, apuntan al sistema de competencia de conexión de casos, que establece el Código Procesal Penal en la Sección Tercera, del Capítulo 2, del Título III, del Libro Primero, con relación a sólo dos de los tres artículos que lo integran.

Integrantes de la comisión de Economía, que preside Gustavo Majstruk (PJ-FPV), recibieron al titular del INV, Carlos Tizio, con el fin de dialogar sobre el grado de alcohol de los vinos para el presente año.
Ricardo Mansur (UCR), vicepresidente de Economía, manifestó que se le informó a la comisión sobre los procesos para determinar el grado alcohólico de 2016 y subrayó que “(Tizio) explicó todo lo referido a la elaboración de vino nuevo, los grados a los que llegaron, las variedades que no se tomaron en cuenta, la cantidad de vino remanente; y justificó los 12.30 para tinto y 11.80 para blanco que determinó la Resolución n°12 del INV”.
El legislador remarcó que le solicitaron al funcionario que “buscara alguna alternativa de solución para aquellos productores que tienen solamente vino nuevo y que no podían cumplir con ese grado”. Remarcó que muchos lograron el grado mezclando el vino nuevo con el de la anterior cosecha por lo que, entonces, aquel que no tiene vino viejo no logra llegar al grado solicitado.
Aseguraron en la reunión que para el caso de aquellos que no logren el grado requerido, seguramente, tendrán inconvenientes para vender su producto puesto que no cumplirían con la exigencia del Instituto para los vinos de 2016.
Es por ello que Tizio y sus colaboradores se comprometieron a estudiar lo planteado en la reunión junto a las propuestas realizadas por los legisladores.

La Cámara de Diputados dio sanción al final al proyecto de ley, venido en revisión del Senado, mediante el cual se declara patrimonio cultural histórico de la Provincia la casa de Don Juan Francisco Guevara, la cual queda ubicada en carril Urquiza Nº 8136, Ruta Provincial Nº 60, del distrito de Russell, en Maipú.

Esto surge por la necesidad de proteger “este sitio como puntapié inicial para la elaboración de un programa de refaccionamiento y reacondicionamiento de la casona y su predio”, fundamenta la iniciativa.

Esta antigua casona de finales del Siglo XIX, ya mereció la consideración de los maipucinos al dictarse la Ordenanza Nº 2478/95, declarándola Patrimonio Cultural Ambiental del Departamento, en consideración a sus valores arquitectónicos, históricos y culturales.

La comisión de Desarrollo Social, que preside la diputada Beatriz Varela (UCR), recibió al Director de Adultos Mayores, Aldo Sáez, con el fin de conocer la situación actual de los geriátricos en la provincia y analizar la necesidad de modificar o ampliar la ley existente que los regula.

Sáez no sólo informó sobre la situación de los geriátricos, sino también del proyecto de ley que han presentado en la Cámara Alta junto a senadores radicales, que busca brindar una protección integral de los derechos de las personas mayores en todo el territorio provincial.

Actualmente, el Director explicó que se encuentran limitados en cuanto a poder controlar, supervisar y realizar un seguimiento a las residencias/geriátricos privados, ya que la legislación actual no les da ese poder, que “permitiría normalizar el servicio” y asegurar que las medidas se cumplan.

Asimismo, señaló que se trabaja para supervisar los hogares de adultos mayores y que no haya proliferación de “geriátricos truchos”. En este sentido, agregó Sáez que es necesaria la concientización de las familias y la sociedad en general, ya que según su óptica “tenemos una sociedad hipócrita” porque “las familias los dejan ahí (abuelos/as) y no se preocupan por saber si el mismo cumple con las condiciones para su funcionamiento”. Destacó que es imprescindible el compromiso de todos en esta situación.

“Es necesario visibilizar lo que no se está viendo. Hay que visibilizar lo invisible”, para poder ir mejorando lo existente en materia gerontológica, puntualizó el Director de Adultos Mayores.

El director de Enlaces y Asuntos Penitenciarios de la provincia, Juan Ignacio Mulet, y el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul, se reunieron con la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja, que preside Jorge López (UCR), para analizar un proyecto de ley que faculta al Ejecutivo a la toma de crédito para la construcción de la “Institución Diferenciada Cerrada para la Ejecución de la Pena”.
Mulet, hizo hincapié en que desde 2007 a la fecha “no hay nuevas unidades penitenciarias en la provincia”, por lo que se hace indispensable “construir una política penitenciaria a futuro”.
Sin bien resaltó que en aproximadamente 520 días podrían estar culminadas las obras de la cárcel federal, sostuvo que no obstante, “no resuelve la situación porque se necesitan más unidades carcelarias para dar una mejor calidad de vida a las personas privadas de su libertad”.
Afirmó que entre 2010 y 2016 la población carcelaria prácticamente se duplicó, pasando de 2622 internos a 3945, en tanto que en 2015 y lo que va de 2016, se ha mantenido estable. Actualmente, indicó, hay 3969 internos en los distintos penales, de los cuales la gran mayoría – entre un 60 y 70% - provienen de zonas urbanas.
En cuanto al gasto que cada interno le implica al sistema, sostuvo que sin contar traslados ni medicamentos, ronda los 20 mil pesos mensuales.
Por otra parte, en cuanto a los presos federales alojados en los penales de la provincia, indicó que al 30 de mayo sumaban 325 los procesados y 148 los penados. En proporción inversa, en la provincia, del total de encarcelados el 40% son procesados y el 60% tienen condena.
En ese sentido, Mulet resaltó que con la reciente sanción de la Ley de prisiones preventivas, se estima que “van a disminuir los plazos procesales”.
Durante la reunión, el diputado Marcos Niven (PD) consultó sobre la posibilidad de construcción de un penal en la zona Este, a lo que Mulet respondió que “son posibilidades” pero que “lo importante es que en estas mesas de trabajo se pueden dar estos debates y lograr consensos”.
Asimismo, Jorge Tanús (FPV) coincidió en la idea de una unidad carcelaria en esa región de la provincia y propuso que sean los jueces los que se trasladen hasta las cárceles a tomar declaración a los detenidos para evitar los traslados. “Hay que discutirlo. Necesitamos de un amplio consenso al respecto”, dijo al respecto Majul.