El proyecto de declaración de impacto ambiental fue archivado. La UCR, el PO, el PTS y el Partido Demócrata se oponían a su aprobación. El Frente para la Victoria dio libertad de acción a sus integrantes y el Frente Renovador se abstuvo.

La Cámara Baja rechazó en sesión especial el proyecto referido a la Declaración de Impacto Ambiental de las etapas de exploración y prospección del la mina Hierro Indio en el sur mendocino, que había sido aprobada por Senadores el martes pasado.

Los bloques de la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas adelantaron su postura en contra de la aprobación, mientras que el Frente Para la Victoria apoyaba la sanción aunque dejó “libertad de acción” a sus integrantes. El Frente Renovador se abstuvo.

Silvia Ramos, presidenta del FPV abogó por la aprobación y destacó la necesidad de “habilitar la minería sustentable” ya que esta implicaría “trabajo genuino” y permitiría “desarrollar el potencial” de los departamentos mendocinos con posibilidades.

Además, Ramos se refirió a la necesidad de “diversificar la matriz productiva en Mendoza” antes de aclarar que su bloque respetaría la voluntad individual de cada legislador.

El titular del bloque de la UCR, Néstor Parés, adelantó que en su bancada “hay diputados que piensan que en Mendoza se puede desarrollar la minería”, pero dijo que “ninguno está dispuesto a aprobar esta DIA” debido a que “faltan dictámenes sectoriales sobre cuencas hídricas de San Rafael y Alvear y falta el análisis del IANIGLA sobre áreas glaciares y periglaciares”.

            La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Alejandro Viadana (FPV), recibió al titular de la Empresa Mendocina de Energía, Alejandro Neme, con quien analizó un proyecto que promueve la creación de un “Fondo para el Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión y Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar” – FOPIATZAD -.

            La iniciativa cuenta con media sanción del Senado, y plantea la creación de este fondo para “hacer frente a la concreción de obras de desarrollo eléctrico que de otra forma sería imposible llevar adelante”, indican los fundamentos.

            Según explica el texto legislativo, será utilizado para financiar obras eléctricas tendientes a “evitar situaciones de riesgo de abastecimiento originadas por deficiencias estructurales del Sistema de Transporte Regional, en algunas áreas de la provincia”, y a fortalecer puntos vulnerables de la red de servicio público de distribución de electricidad de Alta Tensión, “en zonas de especial relevancia productiva y social”.

            “Podrá aplicarse también para resolver la conexión al sistema de servicio público eléctrico interconectado de zonas aisladas y/o áreas de desarrollo estratégico para el interés público general, que se justifiquen económica y socialmente frente a otras alternativas de suministro”, añade el proyecto.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por Sonia Carmona (FPV), mediante el cual se crea el Sistema Integrado de Registro de Información Provincial de Abordaje en Derechos de Niñez, Adolescencia, Familia y Comunidad de Mendoza, que tendrá entre sus objetivos, registrar información provincial de políticas públicas en la materia, desde la perspectiva de derechos.

Se crea en ese marco, el Legajo Único del Niño, Niña y Adolescente, cuya finalidad es permitir un monitoreo de posibles amenazas o vulneración de derechos, generando alarmas que contribuyan a la rápida y efectiva toma de decisiones, adecuadas a cada situación.

Además, promueve la articulación interinstitucional que “permita y conlleve la integración de las bases de datos ya existentes en las diferentes áreas del Estado Provincial y las que se creen por intervención de los integrantes del Sistema”, en el desarrollo “de acciones de abordaje de casos de niñez, adolescencia y familia en sentido amplio”.

También, se propone evaluar el resultado o impacto de las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, analizando los “trayectos institucionales” en los cuales son abordados desde el Estado, y brindar informes gerenciales que permitan analizar los avances y modificaciones que pudiesen realizarse en las políticas públicas de niñez, adolescencia y familia.

El proyecto minero Hierro Indio será tratado en Sesión Especial

Será el miércoles próximo (26/11) a las 17.30 horas. El día anterior, las comisiones de Economía y Ambiente debatirán y elaborarán el despacho en Plenario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Ing. Jorge Tanús, informó que el próximo miércoles 26 de noviembre a las 17.30 horas se realizará una Sesión Especial con el objeto de dar tratamiento al expediente legislativo, con media sanción del Senado, referido a la explotación minera Hierro Indio en el sur provincial.
Tanús indicó que “por mi responsabilidad, y porque pretendo darle un tratamiento serio al expediente he dispuesto convocar a una Sesión Especial” y sostuvo “antes de ello he convocado a las dos comisiones inherentes al tema, Economía y Ambiente, para que el día martes, anterior a la sesión, preparen un despacho”.

                Los integrantes de la Asociación Amigos de la Biblioteca General San Martín reclamaron ante la comisión de Educación de la cámara de Diputados, que preside el radical Tadeo García Zalazar, una serie de medidas tendientes a mejorar la situa

ción general de la biblioteca mendocina.

                La preocupación giró en torno a las condiciones laborales del personal, la falta de actualización bibliográfica y de un presupuesto adecuado para el mantenimiento del edificio y de los libros que allí se encuentran.

                “En 15 años la biblioteca más importante de la provincia y tercera en importancia en el país ha adquirido solo 300 libros lo que provoca una desactualización del material científico con el que se cuenta hoy”, dijo Lucía Bourguet ex directora de la institución. Según se explicó, la imposibilidad de actualizar las obras literarias y científicas “hace que se pierdan lectores“.
                Desde la Asociación, cuyo titular es Benito Acosta, se hizo hincapié además, en la falta de mantenimiento edilicio aunque ponderaron la última remodelación. Respecto del presupuesto que se maneja en la “caja chica” se informó a la comisión que el mismo es de seiscientos pesos y que por lo exiguo del monto consideraron que sería “muy bueno un incremento del mismo”.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa de Beatriz Varela (UCR), mediante la cual se crea en el ámbito del Ministerio de Salud, un equipo interdisciplinario de asistencia para padres, con el objetivo de brindar apoyo y contención psicológica en la urgencia ante la pérdida de sus hijos.
Entre las funciones más importantes de este equipo de asistencia, se encuentran las de prestar atención inmediata ante la urgencia en el lugar del hecho; concurrir ante el fallecimiento de una persona ya sea por accidentes de tránsito, incendio, suicidio o cualquier otra contingencia que amerite el abordaje; sostener física y psicológicamente a cada uno de los miembros de la familia afectada; y brindar a los municipios que así lo requieran información de cómo actuar en estos casos.

El presidente de la Cámara Baja, los titulares de las comisiones de Ambiente y Economía junto a los ministros Marcos Zandomeni y Guillermo Elizalde recibieron aportes de ciudadanos y organizaciones civiles.

Las comisiones de Ambiente, Urbanismo y Recursos Hídricos y de Minería, junto al presidente de la Cámara de Diputados -Jorge Tanús-, el ministro de Energía -Marcos Zandomeni- y el de Ambiente -Guillermo Elizalde-, analizan la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto de exploración y prospección del proyecto Hierro Indio, que el Senado sancionó el martes pasado.

Las comisiones de Diputados analizan los aportes de ciudadanos y organizaciones que quieran opinar sobre el emprendimiento antes de tratarlo en el recinto de sesiones.

En este sentido, el presidente de la Cámara Baja expresó “debemos tratar el proyecto con la seriedad institucional que requiere” y sumó que “vamos a escuchar a todos y tomaremos una decisión sin responder a presiones de ningún tipo”.

 Desde la Asamblea Popular por el Agua adujeron que “no hay licencia social” para llevar adelante el proyecto al mismo tiempo que “no se realizaron audiencias públicas”.

A esto último el ministro Zandomeni respondió que ante un proyecto como el que se analiza, con un impacto considerado “bajo o nulo” alcanza con la presentación del dictamen técnico.

Por su parte, una ciudadana manifestó que en la zona en la que se llevaría adelante la exploración y prospección hay “cerca de 16 puesteros que tienen necesidad de espacio para pastoreo y trashumancia de sus animales”. Otro orador opinó que “en Malargüe el agua es fundamental para la ganadería y la agricultura”.

            La Comisión Bicameral de Educación recibió a docentes representantes de las escuelas albergues de Mendoza. Supervisores, directores y maestros de todos los oasis de la Provincia presentaron una serie de pedidos para lograr el mejor funcionamiento educativo en esa especialidad. En forma previa habían realizado reuniones zonales y generales con sus pares para llegar a esta instancia con el mayor consenso posible.
            La presidenta de la Comisión, Lorena Saponara (PJ), recibió a la delegación junto a los diputados Martín Dalmau (FIT), Tadeo García Zalazar (UCR) y Rómulo Leonardi (PD).
            El eje central del pedido apunta a lograr una “modalidad albergue”, similar a lo institucionalizado para la educación especial, la de adultos o domiciliaria, para luego avanzar sobre cuestiones reglamentarias de acuerdo a la legislación respectiva. Esta iniciativa se enmarca en el análisis del proyecto de una nueva ley provincial de educación.
            Consideraron los docentes que se debería tener en el profesorado una orientación particular hacia la modalidad albergue, como así también un examen de aptitud psicofísico apropiado relacionado con las características que supone la educación en circunstancias de internación. En algunos casos el aislamiento y la falta de comunicación por largos períodos no son propicios para determinadas personas que sólo están preparadas para afrontar una educación común.
            Tanto desde el ingreso como en el desarrollo de una carrera en la especialidad albergue debería derivar en un bono especial. Las titularizaciones o asignaciones de cargos directivos tendrían que ser en orden a una carrera con antigüedad y no quedar en función de desplazamientos, cambio de funciones o trámites jubilatorios para dar más eficiencia al trabajo y sentido de pertenencia a ese sector educativo.

El Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Juan Antonio Gantus, presentó los proyectos de Ley de Avalúo e Impositiva 2015. El funcionario asistió junto a colaboradores de la cartera a su cargo y lo acompañaron el Vicegobernador, Carlos Ciurca; el Presidente de la Cámara de Diputados, Ing. Jorge Tanús y los titulares de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos legislativos (Francisco Cofano y José Muñoz). También presenciaron la exposición, diputados y senadores.
Al hacer uso de la palabra, Jorge Tanús agradeció la presencia de todos en el Salón de los Diputados y sostuvo que se ha diseñado “una agenda intensa, con el objeto de analizar las iniciativas para su pronta aprobación, logrando el consenso”.
Apoyado en material informático, Gantus explicó los principales lineamientos de los proyectos señalando que no tendrían sustanciales modificaciones a los aprobados para el ejercicio 2013 como aquel que rige para el año en curso.
Indicó el ministro que “en cuanto a Ingresos Brutos, se mantienen iguales las alícuotas a las del año pasado y se sostiene el régimen de impuestos mínimos establecidos en la ley Impositiva 2013 y 2014”. 

            Las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras, que presiden José Muñoz (FPV), en Diputados, y Francisco Cofano (FPV), en Senado, continuaron con la ronda de consultas para avanzar en los despachos de los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva para el ejercicio 2015.

            Durante la reunión, de la que participaron funcionarios de la Administración Tributaria Mendoza y de Catastro, el debate se centró en la pérdida de participación porcentual del impuesto Inmobiliario, en la masa total de recursos que ingresan a la provincia vía impuestos locales.

            En este último punto, se hizo hincapié en que en la actualidad, este impuesto representa el 4 por ciento de la totalidad de los recursos que aportan el resto de los impuestos provinciales. “Está perdiendo peso relativo”, dijo al respecto el diputado radical Martín Kerchner.

            “Los impuestos patrimoniales se han ido achicando pese a las actualizaciones que se han hecho”, señaló, por lo que propuso que los Municipios tengan más intervención en el tema, por cuanto “tienen más información patrimonial, buenos catastros para hacer ese seguimiento”.

                Las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras legislativas, que presiden el diputado José Muñoz (FPV) y el senador Francisco Cofano (FPV), se reunieron con los titulares de la ATM, Claudio Gil, y de Catastro, Gustavo Cruz, para comenzar con el análisis pormenorizado del proyecto de ley de Avalúo para el año próximo.

               Según indicaron los funcionarios, “no hay grandes modificaciones respeto a la Ley aprobada el año pasado” – y que rige para el ejercicio en curso -, teniendo en cuenta que mantiene la valuación por puntajes y no por escala, que tiene como objetivo “ser más equitativos y evitar los escalones, sobre todo para quienes estaban en los extremos de los escalones. Al ser por puntaje, esos escalones se transforman en una curva evitando las injusticias”, afirmaron.

                Lo que sí se actualiza es el valor unitario de la construcción. Para ello, se ha hecho un estudio del mercado en la provincia, y de allí se ha incorporado un 20% de incremento en el avalúo que implica pasar de 1048 pesos el valor del metro cuadrado construido – vigente en este ejercicio -, a 1250 pesos.

                Además, se actualiza un 20% el valor mínimo para la aplicación del adicional por baldío a los nuevos valores de la tierra, pasando de 49 pesos el metro cuadrado a 59 pesos.

                Una de las inquietudes planteadas desde el radicalismo, tal como lo expresaron el diputado Martín Kerchner y el senador Sergio Moralejo, es el impacto que el incremento podría tener en el impuesto Inmobiliario y a su vez, en el impuesto a los Bienes Personales. En ese sentido, el titular de la Administración Tributaria Mendoza sostuvo que “en realidad, nosotros hemos hecho un cálculo sobre nuestra base catastral y más del 85 por ciento de las viviendas no supera el mínimo del impuesto sobre los bienes personales, con lo cual la mayoría, más del 85% de las viviendas, no estarían impactadas por el impuesto a los bienes personales”.

                Por otra parte, dijo que este año se han incorporado a la base catastral 50 barrios privados que se suman a los 150 contabilizados el año pasado, así como también se han detectado 12.443 piscinas (de más de 10 metros cuadrados). Sobre este último punto, desde Aguas Mendocinas se ha solicitado, teniendo en cuenta la emergencia hídrica que transita la provincia, una ampliación del canon anual para piletas particulares.

                Claudio Gil, explicó que para el fortalecimiento de la base catastral se han firmado una serie de convenios tanto con organismos nacionales como provinciales. Uno de ellos fue suscripto con el Instituto Geográfico Nacional, a través del cual se hicieron vuelos fotogramétricos en zonas urbanas y suburbanas, cuyas imágenes ya están listas y tienen ahora que superponerse con la cartografía actual, y otro convenio fue celebrado con la CONAE – Comisión Nacional de Actividades Espaciales -, para el aporte de fotos satelitales fundamentalmente para zonas rurales.

                Asimismo, se han celebrado convenios con los municipios, para que cada uno de ellos pueda compartir datos de altas catastrales, y con AYSAM, EPAS, el IPV e Irrigación, en este caso, respecto a las hectáreas que tienen derecho a riego, como así también con el Colegio de Escribanos y de Agrimensores.

La Comisión Bicameral de Educación, presidida por la diputada justicialista Lorena Saponara, recibió al Vicerrector de la Universidad de Cuyo, Dr. Jorge Barón; a la Secretaria Académica, Prof. Adriana García; al Director de Territorialización, Prof. David Salinas; y al Secretario Gustavo Castillo. En la reunión se analizaron aspectos de la nueva Ley de Educación Provincial.
El Vicerrector de la UNCuyo, expresó que la Universidad como Institución se pone a disposición de la Bicameral a fin de realizar los aportes que los miembros consideren pertinentes para la elaboración de la ley.
Por su parte Adriana García, dijo que la Universidad como organismo educativo debe estar al servicio de todos los sectores que trabajen por la educación; y consideró favorable la iniciativa de la Comisión de consultar a los diferentes sectores de la sociedad, sobre los aspectos de la ley.
La titular de la Comisión Lorena Saponara, opinó que es necesario contar con los aportes de la Universidad, para la ley porque esta norma “refleja los pedidos de todos los sectores de la sociedad” y agregó que la educación “nos comprende a todos, no sólo a docentes o a la DGE, por eso es necesario escuchar al conjunto de la sociedad”
El diputado radical Tadeo García Zalazar, consideró como contribuciones importantes que puede brindar la Universidad dar su opinión acerca de los órganos consultivos, del observatorio de calidad, y la articulación de la educación media con la superior, entre otros.
A su turno la Mesa de Encuentro por la Educación de Mendoza, planteó ante los legisladores una serie de aportes a la ley Provincial de Educación que está en análisis.
Entre esos puntos subrayaron que la educción debe ser una política de Estado, que trascienda gestiones y que garantice la formación integral de los alumnos para que sean buenos ciudadanos y adquieran y desarrollen conocimientos y habilidades cognitivas y socioemocionales necesarias para un adecuado desempeño en el trabajo y en las instancias de estudios posteriores. También resaltaron la inclusión explícita de los padres como co-responsables de la educación. Entendiendo que la educación es un proceso de responsabilidades compartidas entre la familia, como agente primario de la educación, la sociedad y el Estado.

La Cámara de Diputados realizó la presentación del libro “Energía” de la colección de brevarios “La Argentina Estructural”, escrito por el Ingeniero Jorge Peña, ex Secretario de Energía de la Nación, que por iniciativa del diputado Jorge López (UCR), ha sido declarado de interés de la Cámara Baja. Acompañó esta distinción la diputada Pamela Verasay (UCR).

López destacó las opiniones del autor sobre la energía y la situación energética de Argentina, como también la propuesta de “desarrollar una política de Estado a largo plazo”, que genere “certidumbre en el sector”.

A continuación, Lapeña realizó una breve reseña de la historia de la energía en Argentina y destacó la importancia de que la energía sea un tema central en las discusiones políticas, que permitan “gestionar bien la energía”, “procurar que tenga un costo razonable” y se desarrollen “políticas continuas, que no cambien de un gobierno a otro”.

Esto traerá “inversiones", la posibilidad de realizar un “reenfoque de la matriz energética” y desarrollar “un compromiso fuerte de la energía y la acción gubernamental con el medio ambiente”, entre otras cosas, señaló Peña.

            Presentaron en la Legislatura los lineamientos del proyecto de modificación de la ley provincial 6354 para alcanzar una protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

            El encuentro fue organizado por los miembros la Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia, presidida por la diputada Sonia Carmona (FPV). Integraron la mesa académica el vicegobernador Carlos Ciurca; el presidente de la Cámara de Diputados, ing. Jorge Tanús; los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, y de Desarrollo Social y Familia, Rodolfo Lafalla y Cristian Bassin, respectivamente; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Patricia Spolianki; por la Universidad del Aconcagua, Hilda Fadin; y las diputadas Sonia Carmona y Beatriz Varela (UCR).

            En las palabras de apertura, en todos los casos, pusieron de manifiesto la vocación de todos los partidos políticos para darle a la gente solución a sus necesidades, desde el accionar de un trabajo social. Destacaron que se trata de un momento significativo en este sentido porque se trata específicamente de ampliar integralmente los derechos de los niños.

            Recordaron que Mendoza fue pionera en el país al adherir a convenciones internacionales que apuntaron a la protección de la niñez y la familia, como también de legislar al respecto ya que en el 2008, el entonces diputados provincial Carlos Ciurca presentó un proyecto protegiendo derechos de los niños. La inclusión y la promoción social suponen compromiso y convicción y se tiende a la profundización de esos objetivos, sobre todo en los sectores más vulnerables.

            Desde la Legislatura proponen una participación activa de todos los actores involucrados en estos temas, generando espacios de debate y aportes para garantizar un sistema de protección y además militar estos objetivos.

            Luego, varios profesionales ofrecieron disertaciones. En nombre de la Bicameral hizo uso de la palabra la presidenta sintetizando el camino transitado desde la creación de la Comisión de hace pocos meses para llegar a este presente y con la aspiración de sancionar en el corto plazo las modificaciones necesarias al primer instrumento legislativo mencionado.

            Fueron acumulados todos los expedientes que apuntaban al tema en cuestión, tales como el defensor de los derechos del niño; el de protección integral de la niñez y de organización y funcionamiento de la Justicia de familia; el de creación del registro único y equipo interdisciplinario de adopción; el referido al abogado del niño para su patrocinio y el de creación del sistema integrado de Registro de información provincial de abordaje en derechos de niñez, adolescencia, familia y comunidad de Mendoza.

 La comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que preside Sonia Carmona (FPV), se reunió con la coordinadora del servicio De.S.E.Prec. – Detección, Seguimiento y Estimulación Precoz del niño en riesgo -, Alicia Navia, para analizar la creación de un Plan Provincial de Atención Integral para la Primera Infancia.

La iniciativa pertenece a la diputada Carmona, y plantea como Atención Integral, el conjunto de actuaciones que se desarrollan en el abordaje de las niñas y niños, familia y su entorno, encaminados a optimizar su desarrollo y crecimiento, en particular aquel que desde el nacimiento a lo largo de su primera infancia presenta vulnerabilidad de sus derechos y/o trastornos de desarrollo y crecimiento o riesgos de padecerlo.

Como objetivo general, plantea “instalar en la provincia la prevención como estrategia de atención del desarrollo y crecimiento infantil, en forma integral, organizando una red transversal, desde lo institucional a lo social, y desde aquí a lo institucional”, que “unifique criterios de abordaje, intervención y seguimiento en el ámbito social, salud y educación de la provincia, optimizando los recursos existentes”.

Además, como objetivos específicos, propone reducir los índices de morbimortalidad neonatal; institucionalizar en forma interministerial la atención de los niños en riesgo, en forma sistémica y sistemática; federalizar los programas y servicios de los organismos implicados en el control y seguimiento de los niños en riesgo; crear un registro único transversal de prestaciones de control y seguimiento del desarrollo y crecimiento materno – infantil, y diseñar un sistema de auditoría del circuito estadístico de control y seguimiento, entre otros.

Según explicó Navia, el Servicio De.S.E.Prec, funciona en la provincia desde hace 25 años y es desde allí donde nace esta propuesta de creación de un plan integral. “Es producto de la experiencia institucional de 25 años en la atención primaria, de contacto incluso, con los jardines maternales. Es de allí de donde surge la visión de un plan”.

Los integrantes de la Bicameral de Seguridad, que preside el diputado Héctor Quevedo (UCR), recibieron a la directora de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Marisa Garnica, quien informó sobre el trabajo, las estadísticas y los programas que están llevando a cabo en el área.

Al finalizar la reunión el diputado Quevedo sostuvo que “el trabajo técnico presentado por la funcionaria es muy completo y se percibe una mejor conexión entre la unidad ejecutora que preside Garnica y el Ministerio de Seguridad, sobre todo en los proyectos que llevan a cabo con las comunas”.

También destacó el legislador que “se debe profundizar los controles en las rutas, debe haber mayor prevención, más personal para llevar a cabo esos controles y la coordinación permanente entre las dos aéreas”.

Otro de los temas que trataron fue la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Tránsito, al respecto Quevedo indicó que “hemos acordado para que en los próximos días se pueda avanzar en el estudio de la norma y entendemos que Mendoza debe adherir a la ley”.

Por su parte la Directora de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial destacó “que están llevando adelante un trabajo profundo para evitar los siniestros viales en especial con las comunas y la participación de la Legislatura es importante sobre todo en los proyectos que pueden bajar la siniestralidad vial en la provincia”.

 Con el objeto de presentar el proyecto de Ley que modifica la norma provincial 6.722 (Normas y reglas de funcionamiento de la Policía de Mendoza) para eliminar la figura de "averiguación de antecedentes", la diputada Cecilia Soria (PTS-FIT) junto a la senadora Noelia Barbeito (PTS-FIT) realizaron una audiencia pública con la presencia de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas explayándose en el alcance de la iniciativa y las razones por las que no debe existir esa figura.

Al momento de hacer uso de la palabra, Soria agradeció la presencia de familiares de víctimas de abuso policial y gatillo fácil, y organizaciones e indicó que es necesario eliminar la figura de “averiguación de antecedentes” porque se utilizan estas detenciones y tienen “manifiesta inconstitucionalidad”. Agregó que esto permite a la policía detener a una persona sin ningún motivo y solo por averiguación de antecedentes, hasta 12 horas en una comisaría.

La legisladora expresó que la audiencia realizada es “importantísima para Mendoza, porque nos marca la necesidad y el primer gran paso que hemos dado junto con otras organizaciones que vienen peleando desde hace años contra la violencia policial, y contra los casos de gatillo fácil que aumentan terriblemente en la Provincia”. En este sentido, Soria consideró que la detención por averiguación de antecedentes, “no es ni más ni menos que la detención por portación de rostro” y que está “íntimamente ligado con los casos de gatillo fácil”.

            Diferentes representantes de organizaciones concordaron con los motivos expuestos por las legisladoras y subrayaron que es necesario eliminar esta figura de la Ley provincial para evitar casos de abuso policial y gatillo fácil.

         Participaron del encuentro representantes de APDH San Rafael; de Correpi; de la Campaña contra la violencia institucional; de OCOVI (Organismo contra la violencia institucional); de la Liga por los Derechos del Hombre; de la Comisión para la prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes; representantes del Observatorio contra la Violencia Estatal; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; Xumec; H.I.J.O.S.; Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo; Conducción del CETEM; SUTE Godoy Cruz; PO; MIR y PTS.

La Comisión de MERCOSUR y Relaciones Internacionales, presidida por la diputada Marina Femenía (PJ- FPV), participó los días 6 y 7 de noviembre en Chile del “XXXIII Comité de integración Paso sistema Cristo Redentor Chile- Argentina”, que contó con la presencia de autoridades de ambos países.
Este encuentro Binacional apunta a desarrollar la logística asociada a las vocaciones productivas, turística y exportadora entre ambos países, en el espíritu del Tratado de Maipú, ratificado por las presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachellet en mayo pasado.
La actividad es organizada por la Cancillería y se realiza todos los años de manera intercalada en Mendoza y la región de Valparaíso.
El objetivo es “trabajar en comisiones para abordar de mejor manera la integración entre las provincias y lograr un expedito tránsito por el paso fronterizo, como también avanzar y profundizar la integración entre Argentina y Chile”, señaló Femenía.
En este sentido, la diputada Mónica Zalazar (PJ- PFV) participó en el panel referido a las cuestiones de género y el diputado Juan Dávila (PJ- PFV) hizo lo propio con respecto a temas de infraestructura.
En el presente Comité sesionaron las comisiones de Controles Integrados y de Facilitación Fronteriza; las Subcomisiones de Aduana, Coordinación y Cooperación Policial; Fito y Zoosanitaria, Migraciones, de Turismo y de Comercio y Producción.
También participaron las comisiones de Cooperación Judicial, de Infraestructura y Transporte, de Comercio, Producción y Turismo, de Cultura y Educación, entre otras.

Integrantes de la comisión de Hacienda, que preside José Muñoz (PJ-FPV), recibieron a Claudio Gil, titular de ATM (Administración Tributaria Mendoza) y colaboradores de la cartera, para continuar con el análisis de las iniciativas de Avalúo e Impositiva previstas para el ejercicio próximo.
La reunión tuvo tópicos similares a los dialogados al momento de presentarse los proyectos la semana pasada en la Legislatura. Sin embargo, los funcionarios de gobierno presentes explicaron detalladamente el cambio que se ha producido en el coeficiente por el avalúo de la propiedad lo cual incide en los valores de construcción por metro cuadrado.
La actualización de estos valores implica un aumento en los precios de las propiedades por lo que la tasa a abonar en carácter de inmobiliario tendrá su propia actualización.
Claudio Gil indicó que han sido 50.000 las parcelas con mayor avalúo previstas para 2015 y que las actualizaciones realizadas sobre las tasas a abonar no superan el 20%.
Ante la exposición de los funcionarios, los legisladores radicales y del PD fundamentalmente, consultaron por las modificaciones al Código Fiscal que se han planteado y por la posibilidad de ampliar beneficios previstos a diversas actividades que se encontraron (y se encuentran) vigentes en 2014.
Asimismo, en materia hidrocarburífera, se sugirió a los representantes de ATM que la producción de petróleo y de gas natural vuelva a tener alícuota del 5% y no del 3% como está redactado en el proyecto de ley y, a su vez, que las empresas acrediten las inversiones realizadas.

Los diputados que la integran acercaron a Carlos Bianchinelli una serie de iniciativas referidas a licitaciones, controles y pago a las empresas concesionarias.

Los integrantes de la comisión de Juegos y Casinos de Diputados presentaron una serie de propuestas al presidente del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos Bianchinelli. Entre ellas, los legisladores comunicaron la iniciativa referida a la modificación del sistema en función de nuevas licitaciones para que puedan presentarse empresas que acrediten experiencia en dos provincias en lugar de tres como hasta ahora, para ampliar el abanico de posibles concesionarias.

Además, la comisión de la Cámara Baja promovió para nuevas licitaciones el control anual por parte del Ejecutivo y la Bicameral de Seguimiento de Juegos y Casinos.

Al mismo tiempo, los legisladores pretenden que se actualicen las máquinas de agencias y subagencias de quiniela para poder contar con información electrónica y combatir el juego clandestino.

Otro de los planteos está relacionado con lo que Juegos y Casinos abona a las empresas con las que trabaja las apuestas “on line”. Desde Diputados propusieron que no se supere el 3,9 por ciento más IVA que el Instituto paga hoy.

Por otra parte, los legisladores recibieron un informe sobre el dinero que el Instituto destinó a programas de salud y deportes –cerca de 50 millones de pesos- que analizará en los próximos días y constatará con los organismos que lo recibieron.

La comisión especial de Juegos y Casinos de Diputados es presidida por Néstor Majul (UCR) e integrada por Raúl Guerra (PJ- FPV), Jesús Riesco (PD), Martín Dalmau (PO-FIT) y Evangelina Godoy (FR).