Las comisiones de Educación y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, recibieron a integrantes de la Junta Calificadora de Méritos y a la directora de Planificación y Monitoreo de la Calidad Educativa, María del Carmen de Pedro, con quienes se analizó la situación de los cursos ofrecidos por privados para capacitación docente.
El encuentro fue motorizado por un pedido de informes de la diputada Liliana Pérez (UCR), quien solicitaba datos respecto a los requisitos que deben cumplir las instituciones para poder ofrecer dichos cursos y el sistema de aprobación de los mismos; la regulación de los cursos en relación a la calidad y el resultado; tiempo de duración, costos y resultados educativos; tope de puntaje en cursos privados para cada docente y requisitos para acceder a los cursos, entre otros aspectos.
Desde la Junta Calificadora de Méritos de Dirección de Educación Secundaria, previamente, remitieron una nota en la que explican cuál es la función del organismo, detallando que sólo “aplica la normativa”, esto es, la resolución 930 de la Dirección General de Escuelas a través de la cual se asigna puntaje a los cursos de capacitación.
Además, detallan que no tienen incumbencia en cuanto al tiempo de duración, los costos y la acreditación de los cursos, aunque sí conforman jurados por áreas que son los encargados de “tabular los antecedentes en las áreas específicas”, aclarando que esto es así desde el año 2002. “Por lo tanto un jurado de área no puede rechazar un curso, por no considerarlo pertinente al área, ya que Dirección de Planificación de la Calidad Educativa está determinando que sí lo es”, detalla el escrito.
No obstante, en la nota presentada a la Cámara Baja hicieron hincapié en la rentabilidad que generan estos cursos y en la “gran desigualdad entre los docentes que tienen capacidad económica para comprar los paquetes de cursos que se ofertan y los que no lo tienen”.
Por otra parte, durante la reunión, los representantes de la Junta expresaron la necesidad de regular “el tema de los antecedentes” y que se pueda discutir y analizar la cuestión de los puntos otorgados por estos cursos, “para terminar con esta inequidad de que el que tiene plata accede y el que no, no puede entrar al aula” como titular.
El titular de la comisión de Educación, Tadeo García Zalazar (UCR), consultó respecto a los criterios utilizados para la tabulación, así como sobre la cantidad de horas de duración de un curso que materialmente, sería de imposible cumplimiento para el docente porque implicaría una simultaneidad con el horario de trabajo.

Los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Alejandro Viadana recibieron a representantes de la Asociación de Corredores y Martilleros Públicos, encabezados por Hugo Vásquez quienes hicieron aportes al proyecto de Ley para crear la colegiación de estos profesionales en Mendoza.

El proyecto en análisis determina que para ejercer las profesiones de Martillero y Corredor, en la provincia, hay que estar inscripto en algunas de las delegaciones del Colegio, donde tenga denunciado su domicilio legal a los efectos del desarrollo de su actividad.
La iniciativa del diputado Viadana (FPV) creando el Colegio de Martilleros y Corredores de Mendoza “es una necesidad”, según dijo Vásquez que consideró además que “sin esta legislación hoy se cometen muchas irregularidades en la actividad sin que nadie pueda controlar lo jurídico ni lo ético”.
Por su parte el legislador autor de la Ley, señala en los fundamentos de la misma que “esta ley mantiene el espíritu y la filosofía de la Ley Nacional 20266 y sus modificatorias, tiene en cuenta los requisitos académicos que imperan y pretende actualizare la normativa vigente en el ámbito provincial, con la participación de los verdaderos beneficiarios de esta reforma que son los egresados universitarios y lo equiparados por a ley 25.028 Art. 1ª b y 31ª b”.
“Lo que se propone es poder contar con un Colegio Profesional que ampare y regule la actividad de ambas profesiones, dando la mayor pluralidad y participación democrática a los profesionales de toda la provincia”,señaló.

La Comisión de Salud Pública, presidida por Luis Francisco (FPV), recibió al Subsecretario de Planificación y Control del Ministerio de Salud, Lic. Diego Álvarez; para conocer la evolución del programa de modernización asistencial, en el marco de la informatización del sistema de Salud de la Provincia.
El Subsecretario informó que ya salió la licitación y ya se adjudicó a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el sistema para la informatización de los 72 Centros de Salud Municipales, los cuales estarán interconectados con los Centros de Salud Provinciales, que son alrededor de 350. Este sistema, contendrá la carga de toda la información que se está realizando en los efectores de salud de Mendoza.
El funcionario adelantó que en 25 días, se comenzará a entregar el equipamiento necesario para su funcionamiento a los Centros de Salud Municipales.
También, Álvarez indicó que se están incorporando dentro del sistema de informatización, las historias clínicas prestacionales digitalizadas. Esto permitirá unificar toda la información, ya que se van a ir asentado todos los datos de la misma persona, por más que se haga atender en cualquier lugar de la Provincia.
Con respecto a esto, el funcionario explicó que para la legislación actual, la historia clínica es tal si es realizada por puño y letra del médico. Actualmente, en el sistema informático, se está trabajando en la firma digital certificada, por lo cual solicitó a los legisladores colaboración, para mejorar el marco legal. “Hoy sabemos que un sistema de cómputos completo, es mucho más seguro, por ello es necesario la digitalización”, subrayó Álvarez.

Durante un acto realizado en el Salón de los Paso Perdidos, la Cámara de Diputados realizó el acto de reconocimiento a la Escuela Fragata Sarmiento, por los proyectos de ley “Mendoza Haptica” y “Ley_endo Arte”, que por iniciativa de los diputados Jorge Tanús y Lucas Ilardo (FPV), ha sido declarado de interés legislativo.
Al comienzo del encuentro el diputado Ilardo felicitó a los alumnos por el trabajo y destacó “el compromiso de los alumnos, de las autoridades educativas y de las familias que colaboraron y trabajaron para llevar adelante ambos proyectos”.
También resaltó “el compromiso social amplio y el cambio positivo de los alumnos que se comprometieron a mostrar a la sociedad la tarea de investigación”.
Por su parte la profesora Silvina Berducci indicó que “ambos proyectos fueron desarrollados por los alumnos de sexto y séptimo grado y tuvo como objetivo conocer las raíces culturales, a través de las distintas materias que estudian los alumnos”.
La docente también hizo hincapié “en el interés de los alumnos por investigar, debatir y el compromiso de la familia para ayudarnos en la difusión de los proyectos”. El proyecto “Mendoza Haptica” desarrolado por la comunidad educativa es la exploración del tacto activo, viene de la psicología (Gibson), para que todos puedan percibir a través de todo el cuerpo, sentir lo que deseamos transmitir a través del arte.
La iniciativa busca conocer a Mendoza a través de los sentidos, en este caso se ha elegido el tacto para representarla, se busca en ello rescatar las raíces mendocinas perdidas y que todas las personas puedan apreciar nuestro arte a través de la exploración del tacto.

Tuvo lugar en la Legislatura de Mendoza, el acto en conmemoración del Bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “Gral. Las Heras” de Tupungato y de la Banda Militar “Talcahuano”, por cumplir esta última 198 años de su creación.

La ceremonia fue presidida por las diputadas Cristina Pérez y Julia Ortega, Betty Moreno (diputada MC),  el comandante de la VIII Brigada de Montaña, general de brigada Marcelo Carlos Ocampo, el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 11, teniente coronel Gustavo Fabián García, el Intendente de Tupungato, Joaquín Rodríguez y el secretario Legislativo del Senado, Sebastián Brizuela.
Durante el acto de conmemoración se descubrió una placa de la Banda Militar Talcahuano y se hizo entrega de reconocimientos a los integrantes de la misma.
En el mismo sentido se entregaron diplomas de reconocimiento al Regimiento de Infantería de Montaña 11 Gral Las Heras.

Integrantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) fueron recibidos por los diputados con el fin de plantear la situación de los trabajadores rurales temporales y acercar un proyecto de ley, que plantea la aplicación de un Plan Intercosecha. 
Al respecto, señalaron que debido a las características “del trabajo temporario y estacional de los trabajadores agrícolas y del alto porcentaje de trabajadores no registrados que existen en esta actividad, es necesario un programa que permita garantizar el ingreso anual de los trabajadores y contrarrestar el trabajo no registrado, promoviendo un programa especial para los propietarios menores de 10 hectáreas”.
En el mismo sentido, señalaron que “las actividades productivas se encuentran entre las que más ingreso proporcionan a la industria privada”, y que “sin embargo sus trabajadores se encuentran entre los peores pagos y sufren las consecuencias del desempleo estacional”.
En este punto señalaron, los problemas económicos que sufren cuando se pierde una cosecha o el valor del mercado de los productos, en donde ven a los productores subsidiados por el Estado, mientras que ellos no reciben ningún tipo de ayuda.
 Es por ello que se plantea la creación de un “Régimen de Asistencia Social Inter- Cosecha”, basado en un sistema contributivo compuesto por la Asignación Social Intercosecha proporcional a los días trabajados, destinados a aquellos obreros rurales registrados en el RENATEA en las categorías de trabajador temporario o eventual.
Participaron de la reunión los diputados Héctor Fresina y Martín Dalmau, por el FIT; Cecilia Soria (PTS- FIT) y Claudio Díaz y Sonia Carmona, ambos por el PJ- FPV.
Al respecto, el diputado Claudio Díaz (PJ- FPV), señaló la importancia de que se organicen y se realice un censo de la cantidad de trabajadores que corresponden a esta situación en cada uno de los oasis de la provincia, para de esa manera poder analizar la viabilidad del proyecto propuesto y su posterior aplicación.

Donan terreno con destino a la provisión de agua potable en La Paz

La Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa de Jorge Tanús (FPV), y Diego Guzmán (UCR), mediante la cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado en Ruta Nacional 7, de los Distritos las Chacritas y La Menta del Departamento de La Paz.
Dicho terreno, cuenta con mil ochocientos cincuenta y tres metros, y su expropiación tiene como fin, hacer una perforación con destino a la provisión de agua potable de los distritos antes mencionados.
Actualmente en el distrito Las Chacritas cincuenta y dos familias, docentes y alumnos de la Escuela N ° 8-135 “Francisco Capdeville”, carecen de agua potable,ya que cuenta con una perforación no apta para consumo. Asimismo, en el distrito La Menta sólo tienen una pequeña planta de tratamiento, ubicada en la Escuela N ° 1-583 “María de Allegranzi”.

 

 
Donan terreno para la Escuela José Vicente Zapata

Además, la Cámara de Diputados convirtió en Ley, la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo, por el cual se transfiere a título de donación a la Dirección General de Escuelas, un terreno ubicado en Ciudad, destinado al funcionamiento de la Escuela Nº 4-001 “José Vicente Zapata”.
El terreno ubicado en calle Rodríguez s/n, de la quinta sección, cuenta con más de cinco mil metros cuadrados.
 

La Comisión Bicameral de Educación, presidida por Lorena Saponara (FPV),  presentó la guía de trabajo y el proyecto de ley de educación, que está disponible para quienes quieran descargarlo, de cara a la última consulta sobre la ley que se realizará el próximo viernes 7 de noviembre en las escuelas de la Provincia de Mendoza.

La intención es que la comunidad educativa participe activamente de esta última consulta,  que estará abierta a docentes y público en general.

.Descargue aquí los documentos.

 

 

 

 

 

Con la presencia de su titular, Ing. Jorge Tanús, se realizó en la Cámara de Diputados la Jornada de actualización de la problemática judicial de las aguas del río Atuel, a la que asistieron el Fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández; el asesor de Gobierno, César Mosso Gianini; el especialista en aguas, Amilcar Moyano; el Secretario Legal y Técnico, Gustavo Tobares y el Superintendente General de Irrigación, José Luis Álvarez.
Los presentes integran las organizaciones que participan del Comité de Contingencia y Defensa del Río Atuel, que preside el propio fiscal Fernández, y parte de ellos son los que tratan las demandas de La Pampa contra Mendoza al conocerse que la Corte Suprema aceptó tratar dos instancias de la vecina provincia.
Tanús señaló que el objetivo del encuentro fue determinar las fortalezas y delinear las estrategias para defender a Mendoza de los embates de La Pampa; no obstante dijo que su posición “es la de buscar acuerdos políticos y dejar las instancias jurídicas para poder avanzar en la concreción de obras de ingeniería que ambas provincias necesitan parta optimizar sus recursos hídricos”.
Sobre el convenio que firmó Celso Jaque con el gobernador de La Pampa, Fernández dijo que el mismo “fue cuestionado y rechazado recientemente por las Legislatura” y enfatizó en “la imposibilidad que tiene Mendoza de suministrar agua a La Pampa por la escasez de la misma en suelo mendocino”.
En tanto, el Dr. Moyano tuvo a su cargo la explicación de la situación judicial que atraviesa Mendoza tras la cuarta demanda (aún sin notificación) interpuesta por La Pampa, por la utilización de las aguas del Atuel y las estrategias que llevará a cabo nuestra provincia para defender su posición.
Amilcar Moyano subrayó la dificultad de otorgarle a la vecina provincia lo que reclama ya que según indicó “el cambio climático ha hecho que los glaciares retrocedan en un 15 por ciento y que las estaciones nivométricas muestren una disminución del 68 por ciento, lo que habla a las claras de que no tenemos agua suficiente”.

La Comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia, presidida por la diputada Sonia Carmona (PJ- FPV), se reunieron con la directora Hilda Fadin, el coordinador Javier Ávila y la directora de Responsabilidad Civil, Graciela Parisi, del Observatorio de la Universidad Aconcagua, que se aboca a la misma temática, para analizar y realizar aportes a las modificaciones de la Ley provincial N°6.354 (Protección Integral del Niño y Adolescente), como también presentar un informe de la situación en la Provincia .

Fadin explicó que este informe es el resultado de un estudio que se realizó con equipos territoriales en toda la provincia, “recogiendo las voces de los operadores que están en terreno y en contacto permanente con las situaciones de vulneración de derecho” y además un equipo técnico profesional “que ha trabajado coordinadamente y conjuntamente con todo el equipo territorial”.

A continuación, señaló que “este análisis de la Ley provincial, que si bien es muy avanzada respecto de otras provincias, quizás requiere de algunos ajustes para estar más en consonancia con la Ley Nacional y con la doctrina de protección integral de los derechos de los niños”

En este sentido, Parisi se refirió a la necesidad de reconfigurar los equipos “intentando acercar más el problema a la solución y la solución al problema, por lo tanto dividir intervenciones en equipos de urgencias y equipos territoriales”, que permita que “desde la zona busquen la solución al problema” y esto se haga “con una fuerte presencia del Estado en esos equipos”, que permitirá que se acompañe a los pobladores en la búsqueda de sus soluciones”, y no que se tenga esperar a los profesional para actuar.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley, iniciativa de la diputada Silvia Ramos (PJ), que introduce el artículo 54 bis, a la Ley 5.811, mediante lo cual se reducirá la jornada laboral a la madre o padres o quien este ejerciendo la Guarda del Recién Nacido niño o niña con discapacidad, un 25 % desde el retorno a la Jornada Laboral.

Con esta norma “pretendemos ayudar en el proceso de adaptación entre padres e hijo, que en estos casos particulares requieren de mayor disponibilidad de tiempo y atención que en otros casos, para su mejor desarrollo y desenvolvimiento futuro”, explicó Ramos.

El beneficio establecido se hará extensivo en el caso en que la discapacidad se presentara con posterioridad al nacimiento. El mismo podrá ser prorrogado indefinidamente en función de las necesidades especiales del Niño o Niña con Discapacidad, y siempre que se pueda demostrar la necesidad de dichos cuidados especiales.

Además, la norma establece que los empleados públicos que se acojan a los beneficios establecidos, deberán presentar certificado que así lo justifique.

La comisión Bicameral de Niñez, Adolescencia y Familia, que preside la diputada Sonia Carmona (FPV), recibió al médico pediatra Jorge Chahla, quien brindó detalles de su experiencia en la problemática infantil, en el marco de una serie de encuentros que mantendrá ese órgano legislativo para recabar aportes que nutran las modificaciones que trabaja la comisión a la Ley provincial de protección de niños y adolescentes.

La Ley 6354, de Protección Integral del Niño y el Adolescente, data de 1995 y fue en su momento pionera en el país en esta materia. Sin embargo, la posterior sanción de la ley nacional 26061, hizo necesaria una adaptación de la legislación local, según sostienen los integrantes de la comisión.
En ese sentido, Chahla hizo hincapié en la necesidad de unificar criterios y establecer coordinación entre los distintos ámbitos que entienden en esta temática, tales como el OAL – Órgano Administrativo Local -, el GAR – Grupo de Alto Riesgo -, y la justicia, de manera tal que nadie “se patee la pelota” porque en el medio, “ocurran casos como los de Luciana o Amitrano, y tantos otros”.
Además, dijo que se necesitan recursos humanos calificados para el tratamiento y abordaje de esta problemática.
El reconocido pediatra, entregó a la comisión un compilado de “varios documentos” relacionados con su actividad profesional en el área infanto – juvenil, como así también aportes para la modificación de la legislación vigente, para su “aggiornamiento a la Ley Nacional 26061”, señaló.

La Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado, un proyecto de ley de Gustavo Cairo (PRO), por el cual se crea el “Museo Interactivo del Deporte Mendocino”, bajo la dirección y supervisión del Ministerio de Deportes de la provincia de Mendoza, que tendrá como finalidad destacar, difundir y valorar los logros deportivos de los atletas en todas las disciplinas.

Además, crea un Comité Asesor cuyo objeto será colaborar en la gestión del Museo, debiendo formar parte del mismo el Ministerio de Deportes, los Presidentes de las comisiones de Deportes de ambas Cámaras y se invitará a periodistas especializados en deportes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
 

La Cámara de Diputados otorgó media sanción a una iniciativa de Jorge Sosa (UCR) por la que se establece en Mendoza el régimen de cuidadores polivalentes “que se desempeñen en establecimientos asistenciales, residencias de larga estadía para adultos mayores, geriátricos privados o en domicilios particulares”. Los radicales Víctor Scattareggia, Liliana Pérez y Julia Ortega, también acompañan como coautores el proyecto.
La norma expresa que el cuidador polivalente es el que presta “servicios de atención de adultos mayores, personas con discapacidad, con patologías crónicas o enfermedades invalidantes con dependencia directa del mismo, de un familiar o persona a cargo”. Agrega que sus labores serán aquellas que deben desempeñarse para que la persona con dependencia pueda llevar una vida digna.
Serán funciones del cuidador polivalente: apoyar a los profesionales que atiendan la salud del paciente/asistido, respetando sus indicaciones; brindar compañía aplicando técnicas para evitar la dependencia; ejecutar medidas higiénicas, dietéticas y terapéuticas generales; observar y atender alteraciones de la salud física o mental del asistido; colaborar con la ejecución de técnicas recreativas, fisioterapéuticas y de laborterapia; entre otras.
Se creará en la provincia el Registro de Cuidadores Polivalentes, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, y será éste organismo quien expedirá la matrícula correspondiente al cuidador habilitándolo a desempeñar las tareas.
Aquellas personas que deseen ser cuidadores polivalentes y quieran inscribirse en el registro deberán poseer educación primaria completa; ser mayor de edad; acreditar capacitación afín a la función, plasmada en certificado expedido por Ministerio de Salud, Dirección General de Escuelas o Ministerio de Desarrollo Social provincial; declaración de situación ante AFIP; certificado de antecedentes judiciales y policiales; y aptitud psicofísica acreditada mediante certificado médico. Todos los requisitos mencionados deberán ser renovados anualmente.

La situación que atraviesan las empresas de vigiladores privados fue expuesta ante los integrantes de la Bicameral de Seguridad, por los representantes de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA). Estos solicitaron la necesidad de convocar una mesa ampliada con todos los actores que integran el sector para solucionar algunos de los inconvenientes que se han detectados en la provincia.
Al comienzo de la reunión el presidente de la comisión el diputado Héctor Quevedo (UCR), informó sobre las anteriores reuniones con otra parte de los vigiladotes y sobre el trabajo que se lleva a cabo para poder conmensurar una ley que incluya específicamente la capacitación, que ha sido un pedido reiterado por parte de estos trabajadores.
El delegado regional de la entidad Ariel Egdechman informó a los legisladores que “el mayor inconveniente que hoy afecta a los empleados son las empresas que no cumplen con las condiciones adecuadas para llevar adelante este trabajo. Esta situación ha permitido un crecimiento irregular de la actividad y muchas de ellas no cuentan con la habilitación del Repriv que es el organismo que controla actividad”.
También el dirigente gremial sostuvo que “hay muchas diferencias entre los objetivos privados y los del Estado”. En este punto indicó, que “en la actualidad hay una serie de irregularidades en el trabajo que cumplen los vigiladores en organismo del Estado y privados como Belgrano Cargas, OSEP, el Hipódromo, los Casinos estatales y OSEP entre otros”.
Por su parte el representante del Repriv, Juan Trombatore sostuvo que “existen 175 empresas registradas con aproximadamente 14.900 vigiladores, pero se han detectados muchos trabajadores que facturan, que no están habilitados y que cumplen funciones en los locales nocturnos”.

La Cámara de Diputados ratificó con media sanción el decreto del Poder Ejecutivo n° 1.102 (con fecha 04/2014) por el cual se incrementaron las tasas retributivas establecidas mediante Ley n° 6.279 (colaboración del Colegio Notarial en Registro de Propiedad Inmueble), por los servicios especiales que prestan las Direcciones de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia.
En los considerandos del decreto se indica que “la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la 1ra, 3ra y 4ta Circunscripción Judicial, y la Dirección de la 2da Circunscripción Judicial de la Provincia, solicitan aumento de las tasas retributivas especiales creadas por Ley 6.279”. Agrega que “dichas tasas representan aranceles bajos en relación al costo del servicio que se brinda” y que “el servicio que se presta debe ser brindado en tiempo y forma, para lo cual se hace necesario adecuar el valor de las tasas”.
Sostiene también que el Colegio Notarial de la Provincia de Mendoza, usuario del mencionado servicio, presta conformidad a esta petición.
Por todo lo expuesto es que en el articulado del decreto se establece el incremento de las tasas retributivas y “los importes actualizados se aplicarán a las escrituras públicas otorgadas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente e ingresados para su inscripción dentro del plazo establecido por el Artículo 5 de la Ley Nac. 17.801” (Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble).
Asimismo se establece que “todo tipo de tasa emergente del presente debe abonarse al ingresar el documento a la repartición y se cobra por cada asiento, persona o inmueble según el caso”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.370 que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control, admisión y permanencia de público en eventos y espectáculos públicos.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Marina Femenía y Lucas Ilardo (FPV), y “pretende otorgar a la provincia una regulación específica sobre un aspecto de central importancia como lo es la actividad de control de admisión y permanencia en eventos y espectáculos de entretenimiento, que en general, reúnen a una gran cantidad de público de forma permanente”, según indican los fundamentos.

La media sanción, dispone además derogar el inciso f) del Artículo 2 de la Ley provincial 6441, incorporado por la Ley 7421 de Regulación para las empresas de vigilancia privada.

Los diputados autores del proyecto, señalan que esta actividad “tiene fuerte impacto en la seguridad y cuidado del público que concurre a “eventos y espectáculos”, y añaden que “el público, mayoritariamente juvenil, encuentra en dichos eventos el principal espacio para la recreación y esparcimiento, por lo que la concurrencia es masiva y permanente”.

“En este marco, las tareas de admisión y permanencia llevadas a cabo por personal (que comúnmente se lo denomina “patovicas”) son de vital importancia. De ahí, la necesidad de su regulación”, expresaron.

La Comisión de Salud Pública, presidida por Luis Francisco (FPV), recibió a la Directora del Plan Provincial de Adicciones, Lic. Karina Stehlik; a la Coordinadora del área de Capacitación, Docencia e Investigación, Lic. Laura Alcaraz; y al Coordinador del Área de Capacitación, Lic. Gustavo Moreno. En la misma se abordaron temas referidos a distintas adicciones que aquejan a la Provincia.
La Directora del Plan de Adicciones, expresó que se está trabajando en la creación de espacios de capacitación, para conocer los riesgos que causan las distintas sustancias sean estas legales o ilegales; así como también las comidas, ya que existen adicciones que tienen que ver con el consumo de comidas perjudiciales para la salud, que causan adicción.
Daniel Llaver (UCR), opinó que debería plantearse que en los distintos efectores de salud de la Provincia, exista un equipo de profesionales preparados en la materia, que puedan tratar y acompañar al adicto en su proceso de recuperación.
Carina Stehlik indicó, que se está gestionando en todos los hospitales la apertura de camas para salud mental. También explicó que es necesario abrir los espacios de salud, para brindar una respuesta integral. “La sociedad mendocina es complicada en relación a trabajar abiertamente en materia de adicciones, tanto en las familias, donde cuesta asumir el problema, y en las instituciones”, afirmó.
Sobre esto último, la directora puso como ejemplo el caso de las escuelas, donde hay establecimientos dispuestos a trabajar cuando detectan la adicción, generando en la escuela un punto de inclusión. En otras escuelas, al detectarse el problema, se decide la expulsión del alumno adicto. “De igual manera sucede en los hospitales”, dijo y agregó que hay que trabajar para unificar puntos receptores en todos los hospitales, y lograr que “el problema de adicciones pase por todas las estructuras de la sociedad”.
Beatriz Varela (UCR), afirmó que es necesario incluir en los hospitales orientación para los familiares, y para los propios adictos que llegan a los nosocomios en estado de crisis, los cuales son atendidos en la guardia hasta “que se les pase el efecto”, y muchas veces no aceptan su problema de adicción.

Por iniciativa de Silvia Ramos (PJ-FPV), se llevó a cabo en el Salón Azul de la Legislatura un homenaje al fallecido Alberto “Bimbo” Serú García, un militante político justicialista y funcionario de gobierno y con activa participación en la vida política y social de Mendoza y Argentina.
El encuentro contó con la presencia de legisladores nacionales por Mendoza, entre los cuales estuvo Guillermo Carmona (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación), diputados provinciales con mandato cumplido como Ricardo Puga, familiares de Serú García y público en general.
Al momento de hacer uso de la palabra, Puga destacó “el espíritu democrático” de Serú García, su desempeño como legislador provincial en dos ocasiones y todas sus tareas a nivel provincia y nación con el objeto de resaltar al peronismo como fuerza política.
A su turno, Guillermo Carmona expresó palabras de elogio a Serú García subrayando que “aprendió mucho” a su lado y entablando una amistad que se prolongaría en el tiempo mientras tuvo, también, la posibilidad de ser legislador provincial. Remarcó positivamente las capacidades del peronista García y recordó momentos de conversaciones políticas en Mendoza.

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