La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley del Ejecutivo por el cual se lo autoriza a recurrir al uso del crédito por hasta 25 millones de pesos con destino a la capitalización del Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico de Mendoza, para la recuperación de bodegas Carricondo, en Junín.

A tal fin, el Ejecutivo podrá contratar con instituciones públicas o privadas provinciales, nacionales u organismos multilaterales de crédito, por medio de una o más operaciones de endeudamiento tales como préstamos, emisiones de títulos públicos de deuda, letras, constitución de fideicomisos financieros y de garantía, securitización o titulización de garantías, créditos puente u otros medios financieros que resulten convenientes a los intereses provinciales.

 La ley dispone asimismo que para garantizar el mismo, se afectará los Recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponda a la provincia.

 El texto establece que una vez capitalizado el Fondo, se afectará dicha suma al otorgamiento de un préstamo a la Municipalidad de Junín, para ser utilizado por ésta en la adquisición de la planta concentradora de mosto, bodega, depósitos y maquinarias, cuyos bienes mueble son propiedad de Pedro Carricondo e Hijos SRL, y el bien inmueble ubicado en calle Martínez s/n, distrito Algarrobo Grande.

En el mensaje de elevación del proyecto a la Legislatura, desde el Ejecutivo indicaron que “de acuerdo al análisis económico desarrollado por la Dirección de Promoción Económica de la Municipalidad de Junín, la principal actividad económica del mencionado Departamento y de la zona Este de la Provincia, generadora de mano de obra, se relaciona con la producción vitivinícola”.

“La región Este cuenta con el 46% de las 160.704 hectáreas cultivadas con vid en la Provincia (según información provista por el I.N.V.)”, destacan, y agregan que “un 65% de las explotaciones agrícolas corresponden a superficies inferiores a diez hectáreas y en una gran proporción las variedades implantadas son las denominadas uvas criollas cuyo valor en el mercado es el menor comparado con otras variedades y zonas”.

Las comisiones de Ambiente y Recursos Hídricos y Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda se reunieron con integrantes de la Superintendencia General de Irrigación, la Dirección de Recursos Naturales y Renovables y de Hidráulica, continuaron analizando la obra denominada “Plan de acción para la recuperación del volumen útil del embalse El Carrizal (PARVUC)” y su relación con los clubes instalados en el perilago.

Durante la reunión los representantes del Ejecutivo entregaron una copia del convenio firmado entre la provincia de Mendoza y el departamento de Irrigación, para la ejecución de la obra; la realización de estudios y proyectos para la Segunda Etapa para la retención de sólidos aguas arriba del embalse; la adquisición de elementos de medición para la auscultación del cuerpo de la presa y la ejecución de obras necesarias para defensa y/o mitigación.
Con respecto al último punto, los legisladores solicitaron que se les acerque un informe que establezca que obras deben hacerse en los clubes, sus costos y demás datos, que permitan aclarar la situación de los mismos.
Esto se debe a que la ejecución de la obra elevará la línea de seguridad, produciendo que las instalaciones de los clubes que se encuentran en las periferias del perilago se vean afectadas.
En este sentido, los representantes de los clubes señalaron la importancia que tienen sus instituciones en el turismo de Mendoza, ya que según aseguran “es el dique que más turismo genera en la provincia”.
Al respecto, desde el Ejecutivo señalaron que han comenzado un relevamiento de los clubes y de las obras que se deben hacer, como también se contemplará la accesibilidad y se apuntará a minimizar el impacto y a aportar positivamente al turismo.
Al finalizar el encuentro, los presentes acordaron continuar reuniéndose para seguir avanzando en el análisis entre todos los organismos y actores involucrados en la problemática de los clubes.
Estuvieron presentes los diputados Julia Ortega, Víctor Scattareggia, Liliana Pérez y Jorge Sosa, por los radicales; Norberto González y Luis Francisco, por el Frente para la Victoria y Martin Dalmau, por el FIT.

Los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Alejandro Viadana (FPV) recibieron al Coordinador de Políticas Públicas de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Raúl Vicchi quien respondió a un pedido de informe hecho por el radical Pablo Narváez, relacionado a la situación de un inmueble sito en San Martín 1225 /1245 de Godoy Cruz

El funcionario judicial, que dejó en el seno de la comisión un informe escrito, dijo que el edificio en cuestión se alquiló hace un año y en él se realiza una obra para poder ponerlo en condiciones y trasladar allí el Registro de la Propiedad.

“Lo que se busca es la mejora de la Gestión de Justicia en lo que se refiere a la justicia laboral y el mejor funcionamiento del registro de la propiedad inmueble”, subrayó Vicchi.
Indicó que esto importó una serie de tareas para las cuales el gobierno provincial licitó, a través de la Corte para ejecutar el plan de traslado y que para ello se hicieron tres licitaciones.
Del escrito se desprende que el contrato tiene una duración de tres años, que el primer año la erogación será de ochenta y un mil pesos, el segundo de ciento cinco mil y el tercer año de ciento treinta y seis mil pesos.
Asimismo se detallan los llamados a licitación y sus valores hasta llegar al actual de DENCOSUR SA, ubicado en San Martín 1225/47 de Godoy Cruz. La elección tuvo que ver con, según el escrito, la mejora de los cánones, encontrarse dentro del radio solicitado, ser un inmueble desarrollado en plata baja con una configuración libre que favorece la sobrecarga del peso generada por los expedientes y mayor aprovechamiento del espacio, adaptándose a las necesidades de la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial, entre otros aspectos.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley del senador Ernesto Corvalán (MC), por el cual se adhiere al Día Internacional de las Enfermedades Raras, que se recuerda el 28 de Febrero de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud, denominado “Un día único para millones de personas únicas”.
De esta manera, se busca que se difunda estos padecimientos poco frecuentes que afectan al 8% de la población mundial, según datos estadísticos de la OMS, que “extrapolando este valor a la Argentina, estaríamos hablando de 3 millones de personas que padecen estas enfermedades”, señalan los fundamentos.
Además, se pretende “posicionar a las enfermedades raras como una prioridad social y sanitaria, ya que la falta de información y el desconocimiento social de estas enfermedades provoca situaciones tales como que la media de diagnóstico para estas patologías sean cinco años o que el 76% de las personas con estas enfermedades se sienta rechazado y discriminado”, explican los fundamentos de la iniciativa.

Los integrantes de la Bicameral de Seguridad junto a funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, analizaron el proyecto de ley, que tiene por objetivo la autorización para el uso del crédito correspondiente al pago de los costos, gastos y demás accesorios, que demandará la construcción del nuevo penal en Cacheuta.

El Ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla, participó de la reunión e indicó que “el proyecto de ley ha ingresado hoy en la Cámara de Diputados y se analizará en comisiones. El monto total para la construcción de esta nueva penitenciaría es por $1.169.827.777 y podrá albergar entre 760 y 900 detenidos”. Con respecto al aumento de la cifra solicitada en primera instancia, el funcionario indicó que “por la variación de precios y el costo financiero se ha incrementado la cifra inicial”.

Asimismo la norma establece que la autorización para hacer uso del crédito podrá instrumentarse en pesos o su equivalente en otras monedas con entidades financieras o instituciones públicas, privadas, provinciales, nacionales, internacionales u organismos multilaterales de crédito, por medio de una o más operaciones de endeudamiento.
También el proyecto establece que los fondos que se obtengan con motivo de la operatoria de financiamiento, será administrado a través de un fideicomiso, a fin de que los mismos sean aplicados exclusivamente a la construcción de la cárcel.
Por su parte la senadora Milagros Suarez (UCR) indicó que “estamos convencidos de la necesidad de que haya una nueva cárcel, la Bicameral de Seguridad ha trabajado mucho sobre este tema, se han hecho aportes y hay que reconocer que se necesita con prioridad. Hemos pedido que durante este proceso se hagan algunas modificaciones y el Poder Ejecutivo se ha comprometido a tener en cuenta esas observaciones”.
En tanto, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Silvia Ramos sostuvo que “este proceso que viene desde octubre es novedoso, porque a partir de la iniciativa de una empresa privada se permitirá esta nueva construcción. También se están analizando los aspectos técnicos y políticos, desde lo político creemos que la construcción de la cárcel es imperiosa porque la cantidad de presos de condenados y procesados que están hoy en el sistema carcelario no disponen adecuadamente de los ámbitos rehabilitación y queremos que se avance rápidamente porque es una edificación larga”.
A su turno Jesús Riesco (PD) indicó que “hay que tener las cárceles necesarias las que hoy dispone la provincia, están saturadas, muy pobladas, con la construcción del penal federal se van a reducir unas 600 plazas para Mendoza y con la construcción de este nuevo penal se producirá un mejoramiento en el sistema penal mendocino”.

Los integrantes de la comisión Bicameral de Seguridad se reunieron con el Ministro de Seguridad Leonardo Comperatore, el director de Inteligencia Criminal, Héctor Madeo y el Director General de Policías, Juan Carlos Calleri, para informar sobre las tareas y los recursos con que cuenta el área de inteligencia.
Al término del encuentro, el presidente de la comisión el diputado Héctor Quevedo (UCR) indicó que “el informe, presentado por el Ministro de Seguridad, ha sido podre, porque no hay información concreta de como se gastan los fondos reservados y como se distribuyen los mismos en las distintas investigaciones”.
En segundo lugar, el legislador radical explico que también “le reclamamos por la muerte del policía Fúnez en el Hospital Perrupato, porque para nosotros, se ha realizado mal el trabajo inteligencia para este operativo. Nos llama mucho la atención como se han producidos los hechos, porque con el prontuario de esta persona, no podía estar a cargo de un oficial con tan poca experiencia”.

La Comisión de Salud, presidida por el diputado Luis Francisco (PJ-FPV), se reunió con profesores de educación física para continuar trabajando en el expediente que propone que se instituya el régimen de carrera para los licenciados, master y doctores en Educación Física con orientación en salud o afines de salud, egresados y homologados por organismos estatales reconocidos oficialmente y aquellos profesores de Educación Física que demuestren especialidad en Salud. 
Esta iniciativa, autoria del diputado Francisco, tiene el fin de trabajar y mejorar la atención integral de la salud, donde los profesores de educación física son un recurso necesario en la rehabilitación y recuperación de las personas.
En este sentido, se propone la creación del consejo deontológico, cuyo principal objetivo será fiscalizar y controlar los matriculados que se desempeñen en el ámbito de la salud.
Durante la reunión, los representantes de los profesores de educación física manifestaron la necesidad de que se concrete esta iniciativa, ya que actualmente se está ganando menos en salud que en el ámbito educativo y es muy difícil encontrar y retener a los profesionales.
Además, explicaron que en muchos casos no son reconocidos por su profesión, sino como administrativos, y esta hace que tengan sueldos bajos y mucha carga horaria, considerando que atienden a pacientes.
Por otro lado, señalaron que debido al estilo de vida que se tiene, cada día es más importante la práctica de actividad física y la aplicación de programas que hagan a la calidad de vida, ya que se presentan muchos casos de obesidad mórbida en edades muy jóvenes, como otras enfermedades crónicas no transmisibles.

Se establecen sanciones por infracciones. Quedan exceptuados los programas para pilas y baterías, la gestión de residuos patológicos y farmacéuticos, y el Plan de gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

Legisladores de la Cámara Baja otorgaron media sanción a una iniciativa de Silvia Ramos (PJ-FPV) por la que se establece el régimen para la identificación y recomposición de los pasivos ambientales en el territorio provincial.
Indica la norma que se entenderá por pasivo ambiental “al conjunto de daños ambientales, en términos de contaminación de suelos, agua, aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producto de cualquier actividad pública o privada ocurridos durante el funcionamiento ordinario o por contingencias sucedidas a lo largo de su desarrollo que constituyan un riesgo permanente o potencial para la salud humana, el ecosistema y la propiedad, que se halle en estado de abandono”.
También se expresa que la recomposición será “el conjunto de tareas que restablezcan las condiciones ambientales afectadas que los pasivos ambientales hayan producido, reduciendo a niveles de riesgo técnicamente aceptables su capacidad de afectar la salud humana, los ecosistemas y sus elementos componentes”.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales o quien lo reemplace en el futuro.
Por su parte, se explica que los responsables de la generación de pasivos ambientales están obligados a recomponer a su costa los sitios donde estos se encuentren, aun cuando este no sea su propio beneficio. Aquellos dueños de los inmuebles en los que se encuentren pasivos ambientales serán solidariamente responsables en el caso en que se demostrara su aceptación o conocimiento.
De igual modo, se expresa en la iniciativa que “el titular responsable de pasivos ambientales que constate la potencial o concreta ocurrencia de daño debe adoptar en forma inmediata las medidas necesarias para evitarlo o recomponer el ambiente afectado, sin esperar acto administrativo previo alguno y deberá comunicarlo a la autoridad de aplicación dentro de las doce (12) horas, sin perjuicio de cumplir con las disposiciones adicionales que la misma pueda requerir”.

 La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley, iniciativa del diputado Néstor Pares (UCR), que modificaría algunos artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades vigente, Nº 1079, con el fin de realizar las reformas necesarias para actualizarla conforme a las modificaciones de la Ley Nº 26.774, la cual incluye en la padrón electoral a los ciudadanos argentinos y extranjeros con dieciséis años cumplidos al momento de las elecciones.
 La iniciativa propone la modificación del artículo15º, que establece que serán electores en los comicios municipales todos los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional del Departamento respectivo; como también que “todos los extranjeros o extranjeras desde los dieciséis (16) años de edad cumplidos, están habilitados para votar en los actos electorales convocados, previa inscripción voluntaria en el Registro Cívico Municipal de Electoras/es Extranjeras/os creado por esta ley y que tengan dos años de residencia inmediata en el municipio respectivo. La emisión del sufragio es obligatoria para los inscriptos."

Además, se establece que se modifique el artículo 17º, que quedará redactado de la siguiente manera “Las exclusiones declaradas en leyes nacionales de la materia, serán aplicadas en la segunda parte del Registro Cívico Municipal, siendo causal suficiente de tacha o de impedimento del ejercicio del sufragio. Serán excluidos/as del Registro Cívico Municipal los/las extranjeros/as que: a-Queden comprendidos/as en alguna de las inhabilidades establecidas por las leyes electorales; b-Pierdan su calidad de vecinos/as del Departamento y c- Adopten la ciudadanía argentina y sean incorporados al padrón general de la Provincia.”

Respecto al artículo 20º, el mismo establece que “las personas comprendidas en el inciso b) del Artículo 15, deberán concurrir a las oficinas municipales a inscribirse, acreditando: a) El pago de la tasa o derecho con el recibo correspondiente del domicilio; b) Tener la calidad de "residente permanente" o “transitoria” en el país en los términos de la legislación de migraciones; c) poseer Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero; d) acreditar dos (2) años de residencia en el departamento y tener registrado en el Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero su último domicilio real en el Departamento; y e) no estar incursos en las inhabilidades que establece el Código Electoral Nacional.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se modifica la Ley 8619 que instaura las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), para la selección de cargos provinciales y municipales. Todos los bloques políticos votaron a favor de la norma, con excepción de los dos correspondientes a la izquierda.

En sesión especial, convocada por solicitud de los diputados justicialistas Silvia Ramos, Luis Francisco, Alejandro Viadana y Daniel Cassia, el radical Víctor Scattareggia, y el demócrata Rómulo Leonardi, la Cámara aprobó esta iniciativa que en los considerandos, señala que dicha ley, “significó un importante avance en el sistema electoral de la Provincia de Mendoza. No obstante al momento de su aplicación han surgido inconvenientes vinculados a la instrumentación del sistema de financiamiento del Estado, específicamente con relación a la publicidad en vía pública y gráfica”.

“Es por la razón indicada que se mantiene la prohibición a las agrupaciones políticas de contratar publicidad audiovisual por televisión y radiodifusión en forma privada estableciendo la obligación del Estado de financiar dicho rubro, facultando a las agrupaciones políticas a contratar el resto de la publicidad electoral”, añade el texto.

Asimismo, la modificación a los artículos 17; 18; 43 y 44, “tiende a determinar un porcentaje fijo afectado al fin indicado en el párrafo precedente, esto da certidumbre a las agrupaciones políticas sobre la disponibilidad de recursos para las campañas electorales audiovisuales, a la vez que sustrae la obligación del arbitrio de un poder de turno”, expresa la fundamentación de la propuesta.

El artículo 17, hace referencia a la prohibición de contratación en forma privada, por sí o por terceros, de publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción. Dispone al respecto que si una lista interna o agrupación política contratara publicidad “en violación de dicha prohibición”, será sancionada “con la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público, por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1) a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general correspondiente”.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva el proyecto de ley, iniciativa de la senadora Olga Bianchinelli (PJ-FPV), que tiene por objeto incorporar a la Ley Provincial N° 7.679, el artículo 9 bis, para la inembargabilidad de los bienes de cualquier naturaleza de propiedad de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios, debidamente reconocidas, de la Provincia, que se encuentren afectados directamente a la atención y realización de las actividades específicas.

En el mismo sentido, tampoco se les podrá embargar el dinero que en su totalidad supere el 20% (veinte por ciento) de los subsidios y/o aportes, donaciones y/o ingresos de toda índole que perciban las mismas, provengan éstos de sus asociados, del estado nacional ,provincial, municipal y/o de cualquier otra entidad o persona física y/o jurídica.

Además, la norma establece la derogación de cualquier disposición legal o reglamentaria que se oponga a la presente.

En la actualidad “se ha registrado un incremento constante de personas que ingresan a servir solidariamente en los distintos cuerpos de bomberos, por ello deviene imprescindible la necesidad de atender la realidad que surge atento a la complejidad de los servicios que se prestan, a los elementos indispensables para su desarrollo, la adquisición de insumos precisos y su protección jurídica”, señalan los fundamentos.

Además, se destaca en la iniciativa que “lo que perciben las Asociaciones en concepto de cuotas, o aportes del Estado en forma de subsidios, lo utilizan básicamente, para sufragar los gastos de funcionamiento de las mismas: combustibles, pólizas de seguro de las unidades, mantenimiento de los vehículos y de todo otro tipo de herramientas y materiales indispensables, como mangueras, indumentaria apropiada, entre otros”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley impulsado por Juan Dávila (FPV), por el cual se ratifica el acuerdo interprovincial alcanzado por las Legislaturas de Mendoza, San Juan y San Luis, que establece la creación del Parlamento de Cuyo.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador señala que el Acta Fundacional fue refrendada “por los Sres. Vicegobernadores Sergio Uñac, Carlos Ciurca y Jorge Díaz respectivamente, como así también por Legisladores de las Provincias Fundantes”.

Según indica Dávila, “la constitución de este Parlamento viene a satisfacer el constante anhelo de los mendocinos, sanjuaninos y puntanos, que reivindicando nuestra unidad histórica, buscamos forjar esa común unidad de destino, que nos permita afrontar con mejores posibilidades los nuevos desafíos de un mundo cada vez más integrado, y donde emergen Bloques políticos o económicos, nacionales o regionales, buscando mejores condiciones de competitividad y posicionamiento estratégico”.

Además sostiene que el Parlamento de Cuyo “es un espacio común, en el que se refleja el pluralismo y la diversidades de la región, donde los Legisladores debemos estar en la primera línea de las voces y reclamos sociales sectoriales o académicos; debemos aportar por nuestras propuestas o proyectos respuestas a esos reclamos y pretendemos desde este espacio integrador, reflejar las necesidades e intereses comunes, contribuyendo a generar políticas que permitan el desarrollo integral de la región”.

La Cámara de Diputados convirtió en ley una iniciativa que otorga beneficios a hacedores culturales mendocinos en sus diversas ramas musicales con el objeto de otorgar pensiones honoríficas a compositores, autores e intérpretes de música.
El texto legislativo aprobado tiene los aportes del diputado Alejandro Viadana (PJ-FPV) y de Aldo Vinci (MC) junto a colaboraciones realizadas por la Cámara de Senadores; a su vez, el mismo, modifica la ley n° 7.643 referida a las pensiones para hacedores de cultura en Mendoza.
Contempla, la sanción definitiva, un Régimen de reconocimiento a la trayectoria de autores, compositores e intérpretes de música, a través de un sistema de pensiones honoríficas y que serán otorgadas a partir de la designación de un jurado.
El monto del beneficio a otorgar a los artistas seleccionados será equivalente a tres (3) veces el importe de la asignación de la Clase 13, monto básico, sin asignaciones, correspondiente al escalafón general contemplado en la Ley 5.126. Agrega que este beneficio será imputado a una cuenta especial de Rentas Generales del Presupuesto Anual y será liquidado y abonado por la Administración Central, entregándole su correspondiente bono a cada beneficiario. Asimismo, se actualizará el beneficio automáticamente de acuerdo a la paritaria correspondiente de la Administración Central.
En relación a las posibles incompatibilidades con otras pensiones, indica la ley que “los beneficios correspondientes al mérito artístico, serán compatibles con la percepción de jubilación, retiro o pensión nacional, provincial o municipal, siempre que estas últimas sean únicas y de haber mínimo. El beneficio se permitirá compartir con hasta una (1) jubilación”.
Sostiene, además, el artículo que “esta ley otorgará no más de cinco (5) beneficios por año”, de los cuales 3 serán para autores y compositores, y 2 para intérpretes musicales.

            La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Luis Francisco (FPV), por el cual se modifica el artículo 41 de la Ley 2636, relacionado con el tiempo de duración de los cargos de los profesionales que integren el Consejo Deontológico.

            Dicha ley, es la que reglamenta el ejercicio de profesiones sanitarias – tales como medicina, odontología, farmacia, entre otras -, y el objetivo de esta iniciativa impulsada por Francisco, es que “los integrantes de los honorables consejos deontológicos y jurados de concursos”, tengan “un mínimo de diez años en ejercicio profesional”, duren “tres años en sus funciones” y puedan “ser reelegidos por un solo período consecutivo”.

            El legislador sostiene en los fundamentos del proyecto que “la democracia conlleva la posibilidad de participación de la ciudadanía en todas sus dimensiones y considerando que una persona indefinidamente en un cargo, puede en ciertos casos empoderarse del mismo y olvidarse del fin para el cual se lo asignó, es que las reelecciones indefinidas y sin tiempo debilitan las instituciones y dificultan el funcionamiento de los cargos creados”.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley, iniciativa del senador Javier Cofano (PJ-FPV), que tiene por objeto la modificación del Código de Faltas de la Provincia, Ley Nº 3365, a fin de establecer sanciones a quienes utilicen ríos, canales o acequias como balnearios.
En este sentido, se propone la incorporación en el título VI- Faltas contra la Seguridad Pública, el artículo 84 bis, el cual establece que será castigado con arresto de hasta diez días o multas de hasta mil pesos, quien usare para bañarse los canales de riego, represas, diques derivadores, tomas y cualquier obra hidráulica de la provincia; al que arrojare sobre los cauces, tacos, maderas, piedras, o cualquier otro elemento que obstaculizare el normal escurrimiento de las aguas por la red de riego de la provincia; o el que deteriorare por cualquier tipo de actividad, los cauces, las obras de toma, los taludes de los canales, las compuertas o cualquier obra hidráulica de conducción del agua de la Provincia.
“La intención de incluir esta norma dentro del código de faltas de la provincia, es darle fuerza de ley a esta prohibición y tipificarla como falta, porque las distintas resoluciones emitidas por el Departamento General de Irrigación estableciendo penalidades no han logrado eliminar esta práctica, que genera riesgos a quienes se bañan en ríos y canales, perjuicios a los regantes y daños al patrimonio público”, señalan los fundamentos del proyecto.

La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de ley del diputado Néstor Parés (UCR), con el fin de modificar el inciso 2 e incorporar el inciso 9 del artículo 235 del Código Procesal Civil de la Provincia.

De esta manera, se equipararía a los jubilados y pensionados de las Cajas Privadas con sede en la Provincia, con los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.P.A.), en lo que respecta a la inembargabilidad (en la proporción de la ley) de salarios y remuneraciones.

En cuanto a lo que refiere a la propuesta de incorporación de un nuevo inciso, el proyecto resalta que “del estudio del marco Legislativo que regla la materia de inembargabilidad de jubilaciones y pensiones, consagrada en el actual art. 235, inc. 2° del C.P.C., se advierte que la misma, a diferencia de lo normado por la Ley Nacional, no excluye íntegramente a las jubilaciones y pensiones otorgadas por las Cajas Privadas existentes en la Provincia de ser pasibles de embargo. Lo señalado implica que tanto jubilaciones y pensiones de ese tipo, podrían en la Provincia ser afectadas por una medida de este tipo”.

La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de ley, del diputado Alejandro Viadana (PJ- FPV), por el que se transferiría en donación a la Dirección General de Escuelas el inmueble propiedad de Bodegas y Viñedos Giol Empresa Estatal Industrial y Comercial, en la liquidación conforma Ley Nº 5.814, el inmueble ubicado según plano de mesura archivado en la Dirección Provincial de Catastro Nº 07- 39046, en calle Juan Agustin Maza sin número, entre calles Dionisio Herrero y Suárez, de Ciudad de Maipú.

El mismo será destinado a la construcción de un establecimiento educativo de gestión estatal.

La Comisión de Economía presidida por el diputado Néstor Guizzardi (UCR), recibió al director de Contingencias Climáticas, ingeniero Marcos Scipioni quién informó sobre el Plan de Lucha Antigranizo, a raíz de un pedido de informes realizado por el presidente del bloque demócrata, diputado Rómulo Leonardi.
Al término de la reunión el diputado Guizzardi indicó que “tienen contemplado aumentar el presupuesto para que puedan adquirir los elementos como cartuchos y bengalas, para mantener un stock”. También van analizar el material que dejó el funcionario con los números y todos los operativos que se han llevado a cabo.
Por su parte el diputado Leonardi, también se mostró satisfecho con la exposición realizada por Scipioni y coincidió en la necesidad de aumentar progresivamente el presupuesto y trabajar en la compra de un avión destinado a la zona del Valle de Uco.
En respuesta a lo solicitado por la bancada demócrata Scipioni indicó que el Plan de Lucha Antigranizo para la temporada 2014-2015, cuenta con 4 radares en servicio doble banda y digitalizados, 2 de ellos inaugurados durante esta temporada ubicados en Cruz Negra y Bowen, 17 generadores de yoduro de plata, 15 en Valle de Uco (3 de estos construidos en 2013) y dos en construcción en El Juncalito, en San Rafael, 30 estaciones meteorológicas automáticas en toda la provincia, una estación meteorológica móvil para calibración, adquirida en 2014, 3 aviones operativos del 1 de octubre al 30 de abril. Estimó el funcionario provincial, que el cuarto avión podrá estar funcionando para 2016-2017.

Integrantes de la comisión de Salud, que preside Luis Francisco (PJ-FPV), se reunieron con Alicia Navia y Nancy Andreotti, integrantes del Programa DESEPREC (Detección Precoz, Seguimiento y Estimulación Temprana), y colaboradoras del mismo, para analizar el expediente legislativo que crea en el ámbito provincial el Plan Provincial de Atención Integral para la Primera Infancia.

Tanto Navia como Andreotti fueron invitadas a la comisión para que expusieran las labores que llevan adelante y cuáles son las necesidades presentes ya que para sistematizar el trabajo que realizan interministerialmente y de manera multidisciplinaria, es fundamental crear el marco normativo a través de una ley.
De este modo, se indicó que el trabajo llevado adelante tiene más de 25 años en la provincia y que surgió como idea preventiva para trabajar sobre la discapacidad aunque también sobre la vulnerabilidad de los más pequeños.
Explicaron también que el DESEPREC depende institucionalmente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, pero en su forma ejecutiva desde el Ministerio de Salud, por lo que el aprovechamiento de la multidisciplinariedad ha sido, y sigue siendo, un punto fundamental del progreso del Plan.
Se agregó que “cada ministerio tiene sus áreas específicas dedicadas a la niñez, pero creando este Plan, las redes de trabajo conjunto se sostendrían en el tiempo”, supliendo además la posibilidad de no renovar personal al término de las gestiones, fomentar la llegada de recursos de orden nacional y asegurarle a la provincia un programa dedicado específicamente a la temática.

Las comisiones de Ambiente y Recursos Hídricos y Obras Públicas, Urbanismos y Vivienda se reunieron con integrantes de la Superintendencia General de Irrigación, la Dirección de Recursos Naturales y Renovables y de Hidráulica, y las universidades Nacional de Cuyo y Tecnológica Nacional para analizar la obra denominada “Plan de acción para la recuperación del volumen útil del embalse El Carrizal (PARVUC)” y su relación con los clubes instalados en el perilago.
Algunos de los detalles solicitados por los legisladores fueron sobre las especificaciones técnicas de la obra a ejecutarse; estudios geotécnicos y otros realizados a fin de determinar el estado actual de la presa y su fundación; mención de los equipos técnicos y profesionales que han tenido a su cargo el proyecto ejecutivo de la obra; estudios sobre la verificación de la estabilidad de la presa con la cota máxima esperada en el embalse y la determinación topográfica de la superficie del perilago afectada por la crecida del nivel de agua, entre otros.
Durante la disertación realizada por Irrigación se señaló que la obra se construyó en la década del 60 y se habilitó en el año 1971, con una proyección de 45 años de vida útil, que se cumpliría en el 2016. Por esta razón es que se comenzó a trabajar para la recuperación del embalse, que extendería su vida útil otros 30 años más.
Entre las distintas opciones analizadas por la Superintendencia se concluyó que la más viable es el recrecimiento del vertedero, ya que el mismo esta perdiendo su capacidad y ha quedado muy chico para cumplir el objetivo con el que fue creado, con una reducción de un 30% de su volumen, disminución de su calidad de agua y de riego.
Otras de las opciones analizadas fueron la extracción de sedimento, la generación de una nueva represa o el abandono de la misma.
Esta obra tendrá un costo de 27 millones aproximadamente, que será financiada con presupuesto de Irrigación, que luego será reembolsada por los regantes.
Uno de los principales conflictos que presenta la obra es respecto a la línea de seguridad, ya que la misma involucraría a diversos clubes que encuentran parte de sus instalaciones afectadas por la creciente que se generaría.
Al respecto representantes de los clubes señalaron, que ellos no están en contra de la obra, sino que no tienen condiciones de poder hacer las obras de infraestructura necesaria, es por ello que solicitaron que sean contemplados dentro de la obra y que se les brinden soluciones, ya que son parte muy importante del sector turístico de la Provincia.
En este sentido, solicitaron que se extienda el tiempo de licitación por lo menos cuatro meses más para analizar en profundidad su situación.