La comisión de Labor Parlamentaria ampliada, recibió a representantes del SUTE, quienes plantearon a los legisladores la intervención en tres puntos
relacionados con el financiamiento educativo, la equiparación de las asignaciones familiares de la provincia con la Nación, y la Ley Provincial de Educación.El secretario general del gremio docente, Javier Guevara, señaló que en noviembre de 2008 se hizo una presentación para equiparar con la Nación los montos que se pagan en concepto de asignaciones familiares y que hoy, “a 9 meses del pedido, nos parece que ha pasado un tiempo prudencial para que la Legislatura tome cartas en el asunto”.
Guevara, añadió que el segundo punto que solicitan es la prórroga de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, que si bien es competencia del Congreso de la Nación, la idea es llevar el planteo a las Legislaturas de todo el país, así como a los Concejos Deliberantes de cada uno de los departamentos.
Respecto de la Ley Provincial de Educación, manifestó que “amén de la Mesa del Diálogo Político, la comunidad educativa ha estado al margen”.
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, recibió a representantes de organizaciones sociales que pidieron se investiguen las
declaraciones del gobernador Celso Jaque, en cuanto a la realización de un relevamiento de objetores de conciencia en torno al casamiento entre personas del mismo sexo.La presentación fue realizada por ocho agrupaciones, quienes piden que la comisión solicite “los informes que estime pertinente” para “corroborar la veracidad de los hechos”.
La idea, es que se investigue la presunta comisión de “los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en los términos del artículo 248 del Código Penal, y apología del delito, por cuanto la conducta imputada conllevaría incitar a otros a incurrir en el delito establecido en el artículo 249 del Código Penal y Ley 23.592 (Actos Discriminatorios)”.
El escrito lleva la firma de referentes de “Redes Nueva Frontera”; “Diversidad Universitaria”; “Colectiva La Cortina”; “ACIDS”- Acción Ciudadana para la Integración de la Diversidad Sexual -; “OMIN” – Organización Mendocina de Integración de Minorías Sexuales -; “OIC” – Organización Identidad y Conciencia – y “Colectiva Las Pájaras”.
El interventor de Obras Sanitarias Mendoza, Gonzalo Dávila, explicó a diputados y senadores detalles de la situación financiera de la empresa, de cara al tratamiento que deberá dar la Legislatura al proyecto de ley que busca prorrogar la intervención de OSM hasta fines de setiembre.
Durante el encuentro, del que participó también el titular del EPAS, Javier Montoro, se brindó un informe financiero de la actual concesionaria explicando la reingeniería de recursos que debió formularse para hacer frente a distintos aspectos relacionados con el servicio, el personal y los reclamos de los usuarios, entre otros puntos.
Según indicó Dávila, al momento de la intervención existían 11.300 reclamos que no habían tenido respuesta, para lo cual se asignó personal y se llegó a que en la actualidad, esa cifra disminuyera a 3000.
Por otra parte, dijo que hubo que “reordenar gastos” porque en una proyección del flujo financiero que se realizó, se llegaba a un estado negativo a mayo de este año.
Entre los ítem que provocaron el rojo, se encuentran incrementos salariales y reajustes de sueldos por adicionales y otros conceptos relacionados con una “homogeneización del salario” para quienes cumplen idénticas tareas, que forman parte del convenio de trabajo, pero también, cuestiones relacionadas al servicio que presta la empresa.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales se reunió con funcionarios de la Municipalidad de Capital para trabajar sobre el proyecto
que plantea nuevos límites al Barrio Cívico con el objeto de despejar dudas respecto a la jurisdicción provincial o municipal en algunas construcciones o emprendimientos privados, calles, veredas o espacios públicos.Laura Profili, Secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Capital, sostuvo que “en algunos casos sucede que el municipio no puede actuar brindando los servicios básicos como limpieza de acequias, arreglo de calles, etcétera”. Agregó que existe una ley del año 1965 junto a una modificación de la misma del año 1969 en la cual se expresan, por ejemplo, los límites en altura en las edificaciones que no deben tener más de 7 metros; algo que no se corresponde con la realidad según su óptica.
La funcionaria expresó que “el Código de Edificación ha ido cambiando a través de los años, pero esa ley no. No se contemplan aspectos frente al crecimiento edilicio y/o el incremento del parque automotor” , por lo que algunos aspectos técnicos se ven afectados a la hora de realizar trabajos que le competen a la Municipalidad.
Diputados modificó la ley 6879 para que los listados de deudores aliment
arios puedan ser remitidos a organismos estatales. Los morosos no podrán ser funcionarios públicos.La Cámara Baja aprobó una iniciativa que permite “remitir nómina de deudores morosos alimentarios al área, dependencia, organismo y/o institución que el juez interviniente considere necesario informar”.
Al mismo tiempo dispone que “las instituciones u organismos públicos de la provincia no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios y/o empleados, en la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado y obra social del estado” a los incluidos en el registro.
La iniciativa contó con despacho de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en base a dos iniciativas de Carlos Bianchinelli (PJ) y la diputada Mandato Cumplido Amalia Monserrat.
Legisladores y Fiscal de Estado analizan situación de aduanas especializadas
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados se reunió con el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, con quien analizó la situación de la provincia en torno a las aduanas especializadas.
La idea, es avanzar en una estrategia provincial que involucre tanto a los legisladores provinciales, nacionales, Gobierno, Fiscalía de Estado y los sectores involucrados, para destrabar el tema a nivel nacional.
Según explicó el diputado Humberto Montenegro (ConFe), la provincia cuenta con dos aduanas, que tienen “categorías inferiores” a las que funcionan en otras provincias del país como Buenos Aires, Córdoba, Salta y la ciudad de Rosario.
Esta situación, impide el ingreso de determinado tipo de mercaderías que deben desviarse miles de kilómetros para las correspondientes autorizaciones para luego regresar a Mendoza.
La comisión de Ambiente recibió al titular de Recursos Naturales para analizar la viabilidad de distintas iniciativas. “El 90 por ciento” tiene el aval de la Dirección.
La comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Cámara Baja recibió al director de Recursos Naturales, Daniel Gómez con quien analizó siete
iniciativas relacionadas con la declaración de áreas protegidas.Los proyectos buscan proteger zonas en las distintas latitudes de la provincia, desde Malargüe hasta Lavalle.
Según el titular de la comisión, Antonio Spezia (PD), falta determinar algunos límites y el alcance de restricciones de las áreas que buscan protegerse y, por esto, Recursos analizará los textos y se realizará una nueva reunión.
“Estamos avanzando en varios proyectos e incluso algunos se van a trabajar en conjunto con Senadores para poder acelerar el tratamiento”, dijo Spezia.
Además, el legislador explicó que también deberá consensuarse con los municipios donde están estas áreas y, en algunos casos, con privados que son propietarios o habitan las zonas.
Por su parte, el director de Recursos Naturales expresó que “algunos proyectos los vamos a poder tramitar en quince o veinte días pero otros necesitan un estudio de campo” pero agregó que “en los próximos noventa o ciento veinte días” espera tener una conclusión definitiva.
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Esta ley favorece a deudores del sector agropecuario
Diputados aceptó las modificaciones del Senado y convirtió en ley una iniciativa oficial por la cual se ratifica convenio celebrado entre el Banco de la Nación
Argentina y el Gobierno de la Provincia. En consecuencia se autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento por la suma de 43.258.628, quedando facultado a través de los Ministerios de Producción, Tecnología y e Innovación y/o Hacienda a suscribir todos los instrumentos contractuales que resulten necesario para alcanzar el objetivo de la presente ley y a partir de los mismos a incrementar el Presupuesto de Gastos de la Administración Provincial contra Uso del Crédito.También se autoriza al Ejecutivo a afectar Recursos y/o Activos Provinciales en garantías de la operatoria objeto de la presente ley. Se exime del Impuesto de Sellos toda documentación que se suscriba a los efectos de la aplicación de la presente ley y se incluye en esta eximición la documentación de las refinanciaciones que deban suscribir los deudores del sector agropecuario que comprenda esta operatoria.
Todavía no hay dictamen y antes de emitir un despacho la comisión escuchará al diputado Molero.
La comisión de Derechos y Garantías que preside Ricardo Puga, comenzó hoy
el análisis del pedido de Cuestión de Privilegio que el titular del bloque demócrata, Aldo Vinci, solicitó contra Alejandro Molero, presidente del bloque de la UCR.Antes de emitir un dictamen, la comisión debe escuchar la defensa de Molero, que está previsto que sea el próximo 12 de agosto.
La solicitud de Vinci se basa en presuntas declaraciones periodísticas realizadas por Molero en un medio radial del departamento de General Alvear, en referencia a la votación dada en la Cámara Baja sobre el acta acuerdo firmado entre el Gobierno de Mendoza y la empresa Vale, por el proyecto Potasio Río Colorado.
Concurrió la directora del Registro de la Propiedad de la provincia, Paula Alfonso para responder a las consultas de los legisladores.
Durante el encuentro, se trabajó sobre el expediente (con media sanción del Senado) que posibilitaría reglamentar en todo el ámbito de la Provincia de
Mendoza la aplicación de la ley Nacional N° 17.801 de conformidad con lo establecido por el Art. N° 38 del mismo Cuerpo Legal, y por lo tanto derogar el Decreto Provincial N° 155 de 1980.Según los fundamentos, el proyecto organiza un mejor servicio de publicidad registral brindado a notarios, abogados, agrimensores, particulares y organismos públicos, dando mayor certeza y unificando los criterios de calificación registral de los documentos ingresados a las Direcciones de Registros Públicos de la Provincia a fin de conseguir mayor seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias en Mendoza.
Paula Alfonso explicó que hay necesidad de reforma de la ley nacional. Seguido de ello, expuso el ejemplo de San Luis que no le ha dado a la Nación injerencia en materia de procedimientos que, como sucede en Mendoza, es competencia únicamente provincial.
La Cámara de Diputados aprobó en su sesión de tablas, una resolución por la cual se crea la Comisión Investigadora de Obras Sanitarias Mendoza que
tendrá como finalidad analizar el servicio de provisión de agua y saneamiento en la provincia, desde el inicio de la concesión.El objetivo, es investigar todo lo actuado desde la concesión a favor de OSM S.A. hasta su finalización, y expedirse acerca de las responsabilidades políticas que puedan existir.
Dicha comisión estará integrada por un diputado por cada uno de los bloques de los partidos políticos con representación parlamentaria, quienes deberán emitir dictamen fundado en el término de 180 días “corridos de refrendada la presente”.
En los considerandos de la resolución de Presidencia de la Cámara Baja, se indica que el Cuerpo “ha considerado necesario abrir una investigación de todo el proceso de provisión de agua y saneamiento a través de la concesionaria Obras Sanitarias Mendoza S.A., que culminó con la rescisión del contrato de concesión por parte del Gobierno de la Provincia de Mendoza, por graves incumplimientos de la referida empresa”.
La Cámara de Diputados aprobó la resolución para convocar a una Sesión Especial para el lunes 26 de julio a las 11, y tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para prorrogar la intervención de Obras Sanitarias Mendoza
S.A. Este acuerdo se logró luego de las distintas reuniones mantenidas en esta jornada con las autoridades de Cámara y los presidentes de los bloque. Para fundamentar esta desición el presidente de la bancada justicialista Carlos Bianchinelli sostuvo que “existe desde el Gobierno la necesidad de restituir esta empresa a los mendocinos y para lograr esta instancia, esta ley tiene que tener todos los consensos políticos”. “Las dudas de la oposición, indicó el diputado Bianchinelli, se deben debatir e informar con los distintos funcionarios del gobierno que entienden en este tema”.
Por su parte, el titular del ConFe, el diputado Andrés Marín sostuvo que “este nuevo proceso de OSM necesita de un consenso político con vistas hacia el futuro. Por esa razón, me parece saludable que el oficialismo haya apostado al dialogo para lograr que se sancione esta ley”.
A su turno el diputado Roberto Pradines del PD indicó que “ante las dudas sobre algunos de los artículos que contienen esta norma, celebramos que se hayan reflexionado a favor de la provincia y que todos podamos acceder a la información respaldatoria”.
Entre las iniciativas que se analizan, se encuentra una propuesta del Poder Ejecutivo
La Comisión Bicameral de Educación se reunió para continuar con el trabajo tendiente a elaborar una nueva ley de educación para la provincia. En este
encuentro se analizó, puntualmente, el anteproyecto presentado recientemente por el Poder Ejecutivo. La diputada Norma Moreno (PJ), quien preside la comisión, expresó que “la mesa técnica para la Mesa Política de Diálogo por la Educación Mendocina ha elaborado una propuesta que también será analizada en el contexto de las reuniones de la comisión, en un documento -Compromisos para el próximo decenio-” que contiene el aporte de fuerzas políticas con representación parlamentaria e integrantes de la Dirección General de Escuelas.
En este sentido, se analizaron los principales artículos contenidos en la iniciativa enviada por el Ejecutivo en las que se plasman los principales conceptos sobre las disposiciones generales, el marco normativo, el ámbito de aplicación y los principios generales. En los primeros artículos se define, también, que es lo que se entenderá por educación en Mendoza junto a las prioridades provinciales en esta materia.
Diputados impulsará una serie de actividades para gestar un proyecto que incluya la detección y el tratamiento del autismo en la provincia. Quieren dar soluciones “a corto y mediano plazo”.
La comisión de Salud de Diputados trabaja en una iniciativa que de solución a y a las familias con niños que padecen autismo.
En principio la semana entrante se convocará a al director de Discapacidad de la Provincia y a representantes de OSEP y , además, en un plazo de dos meses “como máximo” se realizarán jornadas de trabajo en la Legislatura con distintos actores e instituciones que aborden la problemática.
Según explicó el titular de la comisión, Alberto Recabarren (PJ), la decisión tiene el aval de todos los integrantes y la idea es trabajar para dar solución a corto plazo a las familias que necesitan apoyo y luego trabajar en el mediano plazo en la adhesión a la ley nacional de discapacidad o en la creación de una normativa provincial impulsada desde la comisión de Salud.
“Una de las soluciones podría ser una ley provincial” dijo Recabarren, aunque aclaró que existen actualmente dos iniciativas que adhieren a la norma nacional.
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La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley de Nélida Negri (PJ), por el cual se establece un marco regulatorio de la
edición de libros y promoción de la lectura, priorizando los autores mendocinos.El objetivo es contribuir a la difusión de nuestra cultura, fortaleciendo la pluralidad territorial y la identidad provincial.
Además, se declara de interés provincial el Fomento y Producción de Libros, en soporte papel y digital, “ya que el mismo significa un aporte efectivo a la ampliación de la base cultural de la Provincia y al fortalecimiento de un área estratégica para la cultura de Mendoza, a la difusión del conocimiento y el arte”.
Asimismo, se adhiere a la Ley Nacional del Libro y la Lectura – 25.446 – y se crea un Consejo Asesor cuyas funciones serán, entre otras, la de asesorar a la Secretaría de Cultura de Mendoza en la ejecución de esta ley, así como en la elaboración de propuestas vinculadas a una política integral del libro y la lectura, que incluya libros, fascículos e impresos similares, cualquiera sea su género y soporte.
También, elevar propuestas de coordinación y cooperación entre el Estado provincial y el sector privado vinculado a la temática, y asesorar y proponer políticas para estimular y fortalecer el trabajo de los autores mendocinos.
Por otra parte, se crea el Fondo Provincial del Libro, como “instrumento destinado exclusivamente a la Producción de Libros y el fomento a la Lectura. Dicho fondo tendrá una asignación presupuestaria del uno por ciento del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura de la Provincia o al organismo que lo reemplace”.
También se reunió con el
intendente de San Martín. La idea es lograr acuerdos para legislar en función de las necesidades de los municipios. Mucho interés en el proyecto de ley de geriátricos.La comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se reunió con ediles de San Martín, Rivadavia y Junín para informar sobre distintos proyectos que analiza y escuchar las necesidades de los concejales en función de trabajar en normativas útiles para los departamentos.
Según la titular de la comisión, Nélida Negri, (PJ) “quedó demostrado que la Provincia y los municipios pueden trabajar en conjunto”.
El diputado Raúl Vicchi (UCR) expresó que “vinimos a absorber las ideas que se propongan” desde las comunas.
Será por 60 días. No se aprobó el artículo que otorgaba 10 millones de pesos.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la prórroga de la intervención a la empresa Obras Sanitarias Mendoza, en tanto rechazó por 2
5 votos contra 20 el anticipo financiero de 10 millones de pesos.El artículo 2 de la ley enviada por el Ejecutivo fue rechazado por los votos del ConFe, PD y la UCR y Patricia Gutiérrez (UP); la abstención del bloque PJ Federal y Roberto Blanco (UP). A favor del otorgamiento del dinero lo hicieron los bloques del PJ, Eje Peronista, PIM, Peronismo Unipersonal y ARI.
El art. 3 del proyecto, que hace referencia al diseño al nuevo modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento antes del 10 de septiembre, fue rechazado por el bloque del PJ, PD, PJ Unipersonal y el PIM. Al momento de fundamentar la negativa a este art., el presidente de la bancada oficialista indicó que existía un acuerdo político que se había roto al no aprobarse los 10 millones de pesos.
A favor de la aprobación de la norma se mostraron los legisladores de justicialismo, del PIM y el ARI.
En cuanto a la conformación de la Comisión Investigadora de Obras Sanitarias, que fuera propuesta por el PD y el PJ, la Cámara decidió que se convoque la misma por medio de una resolución de Presidencia. Esta comisión estará integrada por un representante de cada será encargada de investigar el proceso de provisión de agua y saneamiento en la Provincia desde el inicio de la concesión hasta su finalización y expedirse acerca de las responsabilidades políticas que pudieran existir.
El ministro de Infraestructura, el subsecretario legal y técnico de la Gobernación y el interventor de OSM; analizaron con diputados y senadores la iniciativa del Poder Ejecutivo de prolongar la intervención administrativa y posterior reestatización de OSM. Mañana miércoles (14 de julio) se discutiría en el recinto.
Durante el encuentro, legisladores mostraron acuerdo con
la iniciativa del Poder Ejecutivo de prolongar la intervención de OSM “hasta el 27 de septiembre de 2010 y en los mismos términos” establecidos en normas anteriores. A su vez, se destacó que ha sido una decisión acertada del gobierno la intervención, hace un año, y la posibilidad que se presenta hoy de rescindir el contrato con los socios franceses para la prestación del servicio de agua potable y cloacas de la Provincia.Jorge Tanús, presidente de la Cámara Baja, expresó que “se le está dando continuidad a la predisposición de los partidos políticos sobre la decisión del Ejecutivo de prorrogar la intervención en la administración y de reestatización de Obras Sanitarias”; agregó que “se debe trabajar velozmente para solucionar los problemas que se han generado y para diseñar los planes de obras, tarifas e inversiones”.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se reunió con la directora del Coro de Niños Cantores de Mendoza, Juana Mauro, con
quien analizó la posibilidad de crear el organismo formalmente, a través de una ley.Según indicó Mauro, hace 50 años que funciona el coro pero sin un marco institucional. “El coro existe de hecho pero no de derecho”, dijo, agregando que “un organismo de esta naturaleza, reconocido internacionalmente, no puede estar 50 años sin sostén”.
Asimismo, expresó que el Coro de Niños Cantores de Mendoza es “un patrimonio cultural de la provincia” y que lo que se busca además, es contar con un presupuesto para mantener su funcionamiento.
Actualmente, más de 40 personas forman parte del Coro entre niños y profesionales, que trabajan en “una habitación en el ex Ferrocarril Belgrano”, expuso Mauro.
Concurrieron Gonzalo Dávila, Fernando Simón y Javier Montoro para despejar todas las dudas surgidas en torno al tema
El principal punto sobre el cual no hay acuerdo general, es el adelanto financiero de 10 millones de pesos que se solicita para que la empresa
pueda cubrir las necesidades financieras, en este caso, gastos corrientes.En este sentido, Fernando Simón, subsecretario Legal y Técnico de Gobierno sostuvo que al otorgarse los 10 millones de pesos se posibilita mantener operativa la empresa a partir de los cambios que se van produciendo cuando se efectivice el cambio de propietarios. A su vez, resaltó que la empresa prestará el servicio de agua y cloacas por 60 días sin que antes pueda percibir facturación, ya que ese dinero es de la gestión anterior, por ello se incluye en el artículo que hace referencia a los 10 millones que “el dinero será recuperado”.
El presidente de la Cámara de Diputados, ing. Jorge Tanús, expresó que la empresa tiene “una cuestión de déficit estructural. Ha habido un vaciamiento por parte de los últimos concesionarios porque han tenido falta de compromiso con la Provincia.” Subrayó, además, que la intención es reestatizar O.S.M. y que por ello “los aportes sobre una mejor administración deben ser para los próximos días, cuando diseñemos el futuro de la empresa estatal”
El diputado Ricardo Puga (PIM), manifestó que tiene “preocupación por el costo operativo de la empresa. Debería ser lo más austera posible en función de la realidad que hoy se vive. El pasado demuestra que los empresarios no han invertido. Debe hacerse un replanteo de lo que se desea hacer”.
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