La Cámara de Diputados aprobó la Resolución que adhiere al régimen establecido en el Decreto Provincial N° 1789/15 - régimen de presentación de Declaración Jurada Patrimonial en la Función Pública en el ámbito provincial- con el fin de que diputados, secretarios habilitados y legislativos, presenten sus Declaraciones Juradas. La iniciativa pertenece a los diputados Pablo Priore (PRO), Marcos Niven (PD), Néstor Parés y César Biffi (UCR).

En este sentido, se establece un plazo máximo de 30 días hábiles, a contar desde la aprobación de la presente Resolución.

De esta manera, se apunta a “transparentar y controlar la evolución patrimonial de las personas en el ejercicio de la función pública, de forma tal de prevenir y sancionar delitos de corrupción política”.

Además, según señalan los fundamentos, “hasta tanto la Legislatura provincial no haya sancionado una norma de ética pública, los miembros de esta Honorable Cámara tienen la obligación moral de que exhibir conductas ejemplares en lo atinente a la ética pública y a la gestión del Estado”.

La norma fue aprobada en general con 35 votos afirmativos, 12 se inclinaron por la negativa y hubo un ausente.

La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de Ley de Impositiva enviada por el Poder Ejecutivo para el presente ejercicio fiscal, mediante el cual “se fijan las alícuotas, mínimos y coeficientes para la determinación de la base imponible de los impuestos establecidos en el Código Fiscal y sus modificatorias, como así también, los valores de las Tasas Retributivas que perciben las dependencias del Estado Provincial por la prestación de los servicios”.

La votación en general resultó por 35 votos afirmativos y 12 negativos, registrándose 1 ausente (Carlos Bianchinelli). Votaron de manera afirmativa los bloques de la UCR, PD, PRO, FR y parte del PJ-FPV.

Los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, Omar Parisi, Gustavo Majstruk, Sonia Carmona, Lucas Ilardo, Daniel Rueda, Norberto Gonzalez, Mario Díaz y Patricia Galván y los 4 legisladores del FIT, Héctor Fresina, Martín Dalmau, Cecilia Soria y Macarena Escudero, se inclinaron por la negativa.

La norma, divida en capítulos, establece el marco de referencia para la recaudación de los impuestos inmobiliario, ingresos brutos, de sellos, automotor, venta de billetes de lotería, rifas, juegos de azar, concursos, tasas retributivas de servicios; como así también modificaciones al Código Fiscal de la provincia y disposiciones generales para la aplicación de la norma.

Se aprobó en general por mayoría con la negativa del FIT. Y en particular, con el voto afirmativo de la UCR, PD, PRO y FR. El PJ-FPV y FIT votaron en contra.

Luego de un debate extenso en el recinto y con sucesivos cuartos intermedios para el análisis del texto, la Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto que declara la emergencia administrativa, fiscal y financiera por el período comprendido en los ejercicios 2016 y 2017.
La norma alcanza “al régimen de pagos de las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cargo de la provincia, así como las que correspondan a los organismos mencionados en los incisos a y b del artículo 4 de la Ley 8.706 (Administración Financiera); exigibles y/o vencidas, sea cual fuere el origen de las mismas, incluidas las que resulten de resoluciones judiciales firmes o administrativas”.
La ley con media sanción es de orden público y se dicta en base a la normativa constitucional nacional y provincial, en particular a mérito de lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 99 de la Constitución provincial.
El debate de la norma se centró en diferentes posturas expresadas por los legisladores de los diferentes bloques. De este modo, la bancada justicialista propuso algunas modificaciones relacionadas al tiempo por el que se extendería la declaración de emergencia, los fundamentos que acompañan la norma y las diferencias planteadas en torno a los números expresados por el Ejecutivo provincial.
Desde el radicalismo, y sectores aliados, se aceptaron algunas modificaciones aunque se remarcó la necesidad de disponer de esta herramienta por la crisis económica y financiera que atraviesa Mendoza.
Por su parte, desde el Frente de Izquierda (tanto PTS como PO) se subrayó la negativa de acompañar esta norma, remarcando que su votación se inclinaría por el no.
En su artículo 2, el texto autoriza al Ejecutivo provincial a tomar, dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente, todas las medidas tendientes a concretar y efectivizar el necesario equilibrio presupuestario previsto y exigido por la Constitución provincial y las leyes 7314, 8706 y 8816 atendiendo la emergencia fiscal declarada, así como el normal desempeño de las funciones del Estado.
Se exceptúan de esta autorización mencionada toda modificación o alteración en los salarios de los empleados del Estado provincial que no se compadezca con la normativa legal vigente, así como los que se acuerden oportunamente en las negociaciones paritarias.
Por su parte el Tribunal de Cuentas deberá confirmar la deuda provincial al 10 de diciembre de 2015 respecto de los proveedores del Estado, a fin de determinar la razonabilidad de saldos informados por la Contaduría General de la provincia y los correspondientes a cada uno de los servicios administrativos financieros. Dicha confirmación deberá contener motivo y fecha de origen y de vencimiento de la deuda, debiendo también indicar si la misma se encuentra registrada o no registrada.

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley, iniciativa de la diputada Silvia Ramos (FPV), que modifica el artículo 1° de la ley 8621, que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1º: A los efectos previstos por el art. 1º de la ley 6.086 (Ley de Arraigo de Puesteros), ampliase hasta el 31 de Diciembre de 2.017 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se encuentren en trámite de ejecución de sentencia.”

De esta manera, se busca “mantener una precisa protección para evitar la erradicación de la población rural dispersa que desarrolla, en sus afincamientos alejados de los centros urbanos, actividades pecuarias y artesanales, con el fin de evitar que se los obligue al abandono de las mismas en forma coercitiva, preservando sus derechos, cultura y forma de vida”, explican los fundamentos. 

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Avalúo para el ejercicio 2016, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y que constituye la base de cálculo para el impuesto Inmobiliario.

La norma fue aprobada por 35 votos positivos de los bloques de la UCR, PD, PRO, Frente Renovador y parte del Frente para la Victoria y, 12 negativos de los diputados Sonia Carmona(FPV), Mario Díaz (FPV), Patricia Galván (FPV), Norberto González (FPV),Lucas Ilardo (FPV), Gustavo Majstruk (FPV), Omar Parisi (FPV), Daniel Rueda (FPV), Cecilia Soria (FIT), Martín Dalmau (FIT), María Macarena Escudero (FIT) y Héctor Héctor (FIT). Estuvo ausente el diputado Carlos Bianchinelli.

La norma establece la metodología, valores y parámetros aplicables para la determinación del Avalúo Fiscal del ejercicio 2016, correspondiente a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia.

El Avalúo Fiscal constituirá la base imponible de: a) Impuesto Inmobiliario -año 2016- correspondiente a los bienes inmuebles objeto del gravamen, e b) Impuesto de Sellos, cuando se celebren actos, operaciones y/o contratos referidos a bienes inmuebles, en el transcurso del período fiscal señalado.

La metodología aplicable para la determinación del avalúo fiscal no ha sufrido modificaciones respecto a la vigente, al igual que los valores unitarios de los guarismos que intervienen en la operación, salvo la incorporación del factor correctivo (fc).

Mientras que se formula la adecuación de los valores unitarios de la tierra libre de mejoras, de aproximadamente el 5% de las propiedades urbanas, cuyos valores se encuentran totalmente desactualizados respecto de las ubicadas en sus entornos. Así, también se prevé la adecuación del avalúo de aquellas parcelas que con relación al banco catastral plantea un demérito en su significatividad.

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley venido en revisión del Senado, que modifica los artículos 26° de la Ley 5811 - Régimen de Licencias y Remuneraciones Personal de la Administración Pública Provincial -, y 6° de la Ley 8727 – Remuneraciones Superiores Sueldos Gobernador.

 El artículo 26° de la 5811, hace referencia a la remuneración mensual del Gobernador de la Provincia, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Secretario General Legal y Técnico de la Gobernación, Secretarios con rango de Ministros, Director General de Escuelas y Subsecretarios.

  En tanto, el artículo 6° de la 8727, establecerá que “las disposiciones de la presente Ley son de orden público y deberán aplicarse con preeminencia sobre toda otra disposición legal y/o convencional, considerándose derogada toda norma en contrario, salvo que expresamente una norma posterior exceptúe la aplicación de la presente”.

 En ese sentido, al analizar la composición salarial, los fundamentos de la iniciativa del Poder Ejecutivo explican que los componentes del salario del Gobernador incluyen ítems de tipo variable (antigüedad y título profesional), “los que por su naturaleza implican que dicha remuneración pueda cambiar según las condiciones que reúna el primer mandatario en su caso”.

  Asimismo, detalla que “dicha composición salarial, de aplicarse al actual Gobernador, quien ostenta una mayor antigüedad reconocida en la función pública que el anterior mandatario”, tendría “como efecto directo”, que su salario se incrementara “en el mes de enero del año 2016, así como el de todos los legisladores y funcionarios políticos que están vinculados porcentualmente al mismo”.

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley, venido en revisión del Senado, que agrega al artículo 2°, de la Ley N° 8736- expropiación inmueble terreno distrito La Palmera en el departamento de Lavalle- con el fin de 

ampliar el objeto de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble inscripto , para “atraer inversiones y proyectos que permitan la generación de empleo genuino y de recursos que permitan el crecimiento sostenido”, explican los fundamentos.

El párrafo que se agregará será el siguiente:
“También el inmueble podrá ser destinado por parte del sujeto expropiante al emplazamiento de Proyectos Industriales y/o de Producción de Energía que sean ambientalmente compatibles con los usos mencionados en el primer párrafo de este artículo, en el marco de las Ordenanza Municipales de ordenamiento territorial, zonificación y de radicación de emprendimientos en el Departamento Lavalle.”

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia del sistema sanitario en la provincia de Mendoza por un período de seis mese prorrogable por igual período a partir de su promulgación. La norma fue votada por el bloque de la UCR, el PD, el PRO y el Frente Renovador, mientras que el FPV y el FIT no ingresaron al recinto.

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para el lapso que dure la emergencia sanitaria, deberá elaborar un plan de contingencia en todos los niveles prestacionales, haciendo hincapié en la continuidad de las acciones preventivas y de promoción de la salud, maternidad e infancia, atención primaria, hospitalaria, pre y post hospitalaria, garantizando la distribución equitativa de recursos humanos, financieros y materiales en todo el territorio provincial.
 Conforme a las atribuciones conferidas por la Ley de Administración Financiera y Control Nº 8706 y su Decreto Reglamentario 1000/15 se autoriza al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y órgano de la administración centralizada y entidades descentralizadas que de él dependan y/o autárquicas, según corresponda, por el término establecido en el Art. 1º de la presente ley a partir de su publicación, a contratar en forma directa, hasta la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) la compra de bienes corrientes, de capital y servicios personales y no personales imprescindibles para el cumplimiento de prestaciones de salud y necesidades básicas esenciales e impostergables.
En el caso de que la contratación directa sea inferior o igual a la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) el órgano contratante deberá publicar por lo menos durante dos días hábiles en la página web de la Dirección de Compras y Suministros dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Con la jura de los seis nuevos diputados quedó conformada en su totalidad la nómina de legisladores de la Cámara Baja.

Los primeros en prestar juramento fueron Carlos Bianchinelli y Omar Parisi, ambos del FPV, y Ricardo Manzur, por la UCR. Posteriormente, hicieron lo propio Carlos Gabriel Miró, Gladys Inés Sánchez y Marcelo Osorio, quienes ingresan en reemplazo de Néstor Majul, Martín Kerchner y Pamela Verasay.

El presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, anunció el ingreso esta semana, a la Legislatura, de la Ley que dispone adherir al Decreto nacional que declara la Emergencia en Seguridad. El principal objetivo es trabajar coordinadamente con la Nación en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.
“Con esta decisión se busca integrar a Mendoza a un sistema de seguridad federal. Esta declaración de Emergencia en Seguridad en todo el territorio provincial, permitirá un rápido equipamiento de la fuerza policial, mediante la incorporación de tecnología de última generación para mejorar la prevención, investigación y la inteligencia criminal”, señaló Parés.
Esta medida también favorecerá el mejoramiento de la infraestructura de la fuerza, la construcción de nuevos penales, la reorganización de la Policía y la profesionalización del sistema de capacitación y formación.
En este sentido el titular de la Cámara Baja, subrayó que “la situación es complicada en la provincia en materia de seguridad y el Estado tiene que retomar el rol que tiene que tener. Hemos encontrado una Policía y un Ministerio de Seguridad desorganizado, desmantelado, con serios problemas en la cadena de mando”.
Por otro lado, se anunció el inicio de la reforma estructural de la Ley 6722 en cuatro aspectos fundamentales: mejorar la disciplina interna, incentivar al personal, ordenar la pirámide organizacional de la fuerza (verticalidad de mando) y el restablecimiento de la obligatoriedad del secundario completo y los 30 años como edad máxima para ingresar a la Policía.
“Con este objetivo, desde el Ejecutivo buscan modificar el sistema de sanciones al personal, aumentándolas en caso de ser necesario. Además, se crearán más jerarquías para auxiliares y oficiales”, especificó Parés

El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, lo expuso en el Salón de los Diputados. La iniciativa determina poco más de 54 mil millones para erogaciones e ingresos totales de más de 48 mil millones.

En el Salón de los Diputados de la Legislatura, el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, junto al titular de la Cámara Baja, Néstor Parés y la vicegobernadora, Laura Montero, presentó el proyecto de ley de Presupuesto que el Ejecutivo elaboró para el año próximo.
Según lo explicado por Kerchner, la pauta estipula egresos totales por $54.181.838.870, con ingresos por $48.633.035.855; lo que implicaría un déficit de $5.548.803.015. Sin embargo, sostuvo Kerchner, la necesidad de uso del crédito rondaría los 5.021 millones de pesos.

El ministro manifestó que la iniciativa es “una ley honesta y no un dibujo contable” y agregó que “los mendocinos deben saber la situación de la economía”, al tiempo que calificó la coyuntura como “de crisis” aunque fue optimista al anunciar que se espera un crecimiento del 2,2 por ciento para el año entrante.

Además, indicó que se contempla un tipo de cambio del orden de los 14,32 pesos y una inflación del 22,28%.

Respecto a la distribución del Presupuesto, indicó que “no varía proporcionalmente del año anterior”, esto es, que el Poder Ejecutivo se lleva el 90,87%; el Poder Judicial el 6,60%, y el Poder Legislativo el 1,80%.

En ese orden, la distribución por jurisdicción del Presupuesto del Poder Ejecutivo, el 38,67% corresponde a la Dirección General de Escuelas; Salud, Desarrollo Social y Deportes representa el 22,35% y Seguridad, el 14,62%. En tanto, Economía, Infraestructura, Energía y Turismo, el 9,88%; Servicios Públicos el 7,89%; Hacienda y Finanzas, 2,76%; Gobierno, Trabajo y Justicia, el 2,05%; Cultura el 0,90%, y Ambiente y Ordenamiento Territorial, el 0,88%.

El ministro Kerchner, indicó asimismo que en materia de recursos corrientes se prevén 47.871 millones de pesos sin incluir el “carácter 5” (entes autárquicos), de los cuales el 46,6% son recursos provinciales y el 53,4% de origen nacional. En el caso de los recursos propios, el 33,5% son tributarios (impuestos provinciales) y el 13,1% no tributarios (como regalías o remesas del Instituto Provincial de Juegos y Casinos). En tanto, los recursos nacionales, están relacionados entre otros, con la coparticipación y los Aportes No Reintegrables. Por otra parte, los recursos de capital, alcanzan a poco más de 853 millones de pesos.

Kerchner, explicó además la composición de las erogaciones corrientes, señalando que prácticamente el 60% del gasto se va en Personal, y que tal el estado de situación de la provincia, “se gasta más en intereses y gastos de la deuda que en bienes del Estado como luz o gasas para los hospitales”.

Se desarrolló la Asamblea Legislativa que tomó juramento de ley a gobernador y vicegobernadora en funciones a partir del día de la fecha. Carlos Ciurca, vicegobernador saliente, encabezó el acto protocolar. 
Pasadas las 17 horas, se dio comienzo al acto institucional que tuvo como pasos de rigor la reunión de los Diputados y Senadores que conformaron la Asamblea Legislativa, presidida por Carlos Ciurca, acompañado por el Presidente Provisional de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff y el Presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.
El vicegobernador saliente solicitó la conformación de las comisiones de Interior y Exterior a fin de recibir a las autoridades electas. A propuesta del senador radical Alejandro Molero, los presidentes de los bloques de ambas cámaras integraron las comisiones y procedieron a la recepción, en la puerta de la Casa de las Leyes, de las autoridades que ocuparán los lugares de poder con mandato hasta el año 2019.
El vicegobernador que dejó sus funciones, Carlos Ciurca, fue quien realizó la toma de juramento de rigor a la Vicegobernadora Electa, Laura Montero. Posteriormente, Montero, ya en funciones, tomó juramento al Gobernador electo, Alfredo Cornejo.
Luego de jurar, la vicegobernadora hizo uso de la palabra agradeciendo a los presentes, a funcionarios designados, legisladores y mendocinos. Subrayó que “la Legislatura es la casa de todos” y que no se quedará detrás de su escritorio poniendo todos los esfuerzos en la mejora de la calidad de vida de todos los habitantes de Mendoza.
Resaltó que la intención es “fortalecer el diálogo con el Poder Ejecutivo, el Judicial, las Universidades y Organizaciones del Tercer Sector”, como así también “el espíritu republicano, democrático y el valor federal”.
Del mismo modo, resaltando ser la primera mujer en ocupar el cargo de vicegobernadora de Mendoza, se comprometió en trabajar para resignificar el rol de la mujer en los cargos públicos y en cada uno de los sectores en los que les toque desempeñarse, fundamentalmente trabajando codo a codo con los hombres. 
A su turno, Alfredo Cornejo también dedicó algunas líneas de discurso a los presentes en el Recinto de Sesiones. Sostuvo el nuevo gobernador “empezamos una nueva etapa en la vida institucional de Mendoza conforme al mandato que proviene de nuestra Constitución, continuando el largo camino que lleva 32 años desde el regreso definitivo a la vida democrática”, dijo ante la Asamblea, agregando que “vamos a gobernar con la misma imparcialidad y vocación de servicio para todos los mendocinos”.
“Soy un empleado público que tiene su tarea, como otros miles y la única patronal de todos nosotros son los dos millones de mendocinos que con el esfuerzo de sus impuestos pagan nuestros salarios”, señaló en otra parte de su discurso.
“Queremos establecer criterios de austeridad”, enfatizó, y resaltó que “el Estado provincial no puede ser solamente pagador de sueldos. Debe ser proveedor de servicios públicos de calidad y dinamizador de una economía que contribuya a la creación de empleo privado”.
Cornejo resaltó “quiero que tomemos el ejemplo del maestro que está frente al grado, el de los profesionales de la salud que están en las guardias de los hospitales por las noches, el de los policías que patrullan las calles. Ellos son los verdaderos héroes anónimos que enaltecen la función pública”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial, que establece la pauta de recursos y erogaciones para el ejercicio en curso, con 44 votos a favor y 4 en contra, del FIT, en el tratamiento en general. En particular, la norma fue aprobada por capítulos a excepción de algunos artículos que fueron votados en forma nominal.

Sólo el Artículo 42° - que autorizaba al Ejecutivo a hacer uso del crédito en operatorias con proveedores – no alcanzó las mayorías necesarias. Los bloques del FIT y del FPV se opusieron por lo que no alcanzaron los dos tercios que requería para su aprobación. Por lo tanto, fue eliminado del texto que se elevó al Senado.

Además, en el tratamiento del Artículo 37° - Autorización del Poder Ejecutivo para todo nombramiento de personal -, la bancada del FPV presentó un despacho alternativo en el que incorporaba dentro de las excepciones al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, que finalmente no prosperó. Al momento de la votación nominal, fue aprobado el texto original.

De esta manera, las erogaciones reales están determinadas en $ 64.015.054.619), en tanto que se estiman en $ 58.557.200.890 el cálculo de recursos destinado a atender tales erogaciones.

La Amortización de la deuda, está fijada en $4.622.000.000, y se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos del artículo 60 de la ley 8706 para atender el déficit del presupuesto 2016, hasta la suma de $ 5.023.396.871.

En cuanto al destino de la mayor recaudación real o estimada, también se permite al Ejecutivo provincial “aumentar el Presupuesto de Gastos, contra mayor recaudación estimada, neto de participación municipal, debidamente fundada, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución”.

Si se alcanzan los acuerdos necesarios, podrían ser tratadas mañana miércoles 30 en el recinto. Hay una búsqueda de maximizar la recaudación provincial aunque con la posibilidad de menor impacto en las clases medias. 

Integrantes de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja se reunieron esta mañana con senadores, en primer término, y luego con funcionarios de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con el objeto de continuar estudiando los proyectos de Avalúo e Impositiva 2016, normas esenciales en función de la recaudación provincial.

Los tópicos de la reunión giraron en torno al impuesto inmobiliario, automotor y sellos como los fundamentales, en materia Impositiva, y leves modificaciones en el avalúo de las tierras que impactarían en los tributos anuales ciudadanos.

El diputado Jorge López (UCR), quien preside la comisión de Hacienda, explicó que “se han podido salvar muchas dudas” y que se entiende que las leyes de Avalúo e Impositiva “toman como base las leyes vigentes por lo que no hay temas estructurales” modificados.

López indicó que se siguen los lineamientos propuestos por Alfredo Cornejo de “ordenar aquellas cuestiones que rozan lo injusto desde el ámbito tributario y también, llevar el sistema a evitar la discrecionalidad, fundamentalmente en el caso de automotores llevando a los modelos que el año pasado no estaban al listado nacional”.

El legislador puso en valor la predisposición de la oposición en colaborar con estas iniciativas, sumando los aportes específicos y corrigiendo otros puntos.

La Cámara de Diputados dio sanción final a la nueva Ley de Ministerios, la que contempla cinco áreas: Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; de Seguridad; Hacienda y Finanzas; Salud, Desarrollo Social y Deportes, y el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

Además, contempla la creación de tres Secretarías: la de Cultura; Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la de Servicios Públicos.

Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia: entre sus competencias se encuentra la coordinación y ejecución de las políticas del trabajo, de la actividad política y

de las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo Provincial, y su vinculación con el Poder Judicial, el despacho administrativo de todos los asuntos del Gobernador de la Provincia y la planificación y diseño de las políticas de gestión pública.

Ministerio de Seguridad: estará a cargo de la planificación, coordinación, organización, ejecución y control de la política de seguridad pública de la Provincia, “en orden a la protección de la vida, la libertad, los derechos y los bienes de los habitantes de la Provincia”.

Ministerio de Hacienda y Finanzas: será el encargado de todo lo referido a la administración financiera y tributaria del Estado.

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: entre sus competencias generales se encuentran las de crear las condiciones necesarias para la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. También, promover las condiciones que permitan a “los habitantes de la Provincia, a la familia y a cada uno de sus miembros alcanzar su realización, removiendo obstáculos que impidan o dificulten una correcta integración social, promoviendo el esfuerzo propio y la acción solidaria, en un marco de derechos y equidad territorial, en orden a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías, bajo la plena vigencia de las instituciones del sistema democrático”. Asimismo, fomentar, apoyar y controlar el desarrollo de las prácticas deportivas en la Provincia de Mendoza.

Los integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras, recibieron al ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié quien sostuvo que si bien el presupuesto para su área es acotado por la situación fiscal y financiera de la provincia, se buscan las herramientas necesarias, por fuera del presupuesto, para afrontar el 2016.

Entre los instrumentos financieros que tienen ese objetivo está la negociación para definir si el Banco Nación seguirá siendo el agente financiero de la provincia. En este sentido, Vaquié señaló que “hay que definir la situación antes de fines de octubre de este año” y que “el gobierno quisiera que sigamos con el Nación porque tiene la logística, la infraestructura y porque creemos que los dineros públicos tienen que estar en un lugar público”.
No obstante ello el ministro indicó que “lo que se busca es que la entidad financiera tenga una política de crédito para la clase media. Somos uno de los clientes más importantes por lo tanto queremos una cláusula de provincia más favorecida, queremos que nos traten igual que al resto de las provincias”, aseveró. En este sentido aseguró estar en conversaciones con los responsables del Nación.
El funcionario al ser requerido sobre el particular, dijo que hay un compromiso de pagar a los productores los veinte millones de pesos que se adeudan al Fondo Solidario del Agro y lucha antigranizo y que para ello se realizan los trámites necesarios para liberar ese monto muy pronto.
En cuanto al seguro agrícola, Vaquié aseguró que lo que se ha conseguido es que “el expediente se mueva” y si bien no dio un plazo definido dijo que “será rápido el pago” y que este seguro continuará en el 2016 una vez que se recupere la confianza de los productores en el mismo.
 Asimismo, dijo que se trabaja para encontrar recursos para el sector vitivinícola “alicaído por la inflación y por la baja en las retenciones” y consideró que la Nación debe colaborar con Mendoza.
También mencionó la necesidad de ocuparse de los más de veinte fideicomisos que tiene su ministerio, muchos de los cuales no han sido utilizados y suman unos 80 millones de pesos.
En cuanto a infraestructura aseguró que se encontró con “solamente 460 millones de pesos para obra pública” , lo que acota las expectativas que podrían haberse tenido en cuando a este ítem. ”Lo que podamos hacer tendremos que lograrlo con créditos, dijo, e intentado que se cumpla con las leyes de financiamiento para el IPV, incumplido desde 2010, y tener lo que nos corresponde en materia de impuestos a los combustibles”.

La comisión de Hacienda de Diputados inició hoy el análisis del proyecto de Avalúo e Impositiva 2016. Mañana se reúne con miembros del Senado y con representantes de la Agencia Tributaria Mendoza.

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el radical Jorge López, comenzó con el análisis para avanzar en los despachos de los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva para el ejercicio 2016.
La ley tomó como marco referencial la norma anterior, aunque a pedido de la oposición se incorporarán algunas modificaciones que tendrán que ver, por ejemplo, con un cambio en el precio del metro cuadrado según se trate de una mejora edilicia o de una avance de obra o de vivienda construida y se estudia zonificar para buscar “una suerte de justicia fiscal”.
En ese punto el legislador del FIT, Héctor Fresina, propuso trabajar en la zonificación al momento de actualizar la base impositiva “exceptuando a las viviendas únicas de sectores populares”.
En cuanto a los barrios privados no hubo definiciones porque se analizarán, primero, las modificaciones contenidas en el Código Civil y Comercial para estar en consonancia con lo determinado en esta ley marco.
Jorge López dijo que si bien “no hay aumento de alícuotas, lo que se hará son modificaciones particulares en el avalúo de proyectos inmobiliarios de zonas rurales y secano, diferenciándolas de las que no lo son, a través de la Agencia Tributaria Mendoza, a efectos de que las zonas residenciales paguen como tal. Si bien esto llevará un tiempo por el proceso catastral los impactos reales se darán durante todo el año”, señaló.
En este sentido, anunciaron la reunión de la comisión con representantes de ATM mañana a las 10.30, luego de analizar el texto de la iniciativa junto a miembros del Senado.
Asimismo, se continuará analizando la manera en que se valuará impositivamente a los predios de los consorcios, los Shopping, híper y supermercados, entre otros.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley, iniciativa la senadora Ana Sevilla (PJ-FPV), que tiene por objeto ampliar por el término de 18 meses, los plazos de ocupación temporaria de cooperativas de trabajo de la Provincia de Mendoza, cuyo origen se encuentra en la decisión de los trabajadores de distintas empresas en procesos de quiebra, de continuar con la explotación de las mismas y sostener así su fuente de trabajo.
“En nuestra Provincia, al igual que en la Provincia de Buenos Aires, en muchos de los casos, se han sancionado leyes, por las cuales se declaran de utilidad pública los inmuebles, las maquinarias, herramientas e instalaciones de las empresas quebradas, a los efectos de la “ocupación temporaria” de la empresa, a favor de las cooperativas de trabajo, conformadas por los trabajadores de las mismas, y dentro del marco de la Ley General de Expropiación”, se fundamenta.

Además, explican que “esta herramienta se ha utilizado a los efectos de otorgarles a los jueces que entienden en las causas de quiebras de las empresas, un instrumento jurídico que les impela a conferir la continuidad de la explotación y posesión de la empresa a los trabajadores, sin dejarlo al arbitrio de las facultades otorgadas por el artículo 190 de la Ley de Concursos y Quiebra”. 

Jorge Fernández Rojas realizó una investigación sobre los efectos perjudiciales del cianuro utilizado en la extracción minera que fue citada por la Suprema Corte para declarar constitucional la ley 7722.

La Cámara de Diputados reconoció a periodista mendocino Jorge Fernández Rojas por la publicación de su informe titulado “El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal” en la página www.unidiversidad.com.ar que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo.
El reconocimiento fue impulsado por el diputado radical Gustavo Villegas y se basó en que el artículo de Fernández Rojas sirvió como fundamento de la Suprema Corte para declarar constitucional a la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias que envenenen el agua en la extracción minera.
Villegas expresó que Fernández Rojas “es un ejemplo para los futuros periodistas” por su “valentía” y por la preparación que lleva a delante cuando redacta sus informes.
Además, el legislador opinó que “hay un antes y un después de esta nota en los medios de la UNCuyo; los medios de la UNCuyo están al nivel de los medios privados de la provincia pero con total libertad de prensa y expresión”.
Por su parte, Jorge Fernández Rojas, luego de agradecer la distinción y a su familia manifestó que “tenemos que trabajar por el futuro de Mendoza y el agua es esencial para el futuro”.
El trabajador de prensa agregó que su informe no es un “logro personal, sino colectivo” y mencionó a Verónica Gordillo y Pablo Icardi, otros periodistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
A su turno, la diputada Julia Ortega (UCR) concordó en que “el tesoro más grande que tenemos es el agua” y sumó que “es valioso contar con jóvenes de este nivel”.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Martín Kerchner, junto a miembros de su gabinete, presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras legislativas los detalles de los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva que remitió el Ejecutivo para el ejercicio 2016.

Kerchner explicó que en el caso de Impositiva, “es una ley que se enmarca en los términos de una emergencia que ayer tuvo sanción definitiva” en la Legislatura, en la que se resaltan aspectos de la política tributaria con “pequeñas modificaciones a la Ley vigente”.

Entre los objetivos que se persiguen se encuentran el de dar mayor “simpleza y transparencia al proceso tributario, que de por sí es muy complejo”, dijo, y restablecer el “contrato social” de manera tal que la imposición tributaria se observe no sólo en una cuestión presupuestaria sino también “en la calle” a través de “mejores servicios de salud, infraestructura, etc.”.

Como conceptos básicos hizo hincapié en el “no aumento de alícuotas” y la simplificación de la “tasa cero”, para potenciar las actividades primarias, además de agilizar los procesos de tramitación y la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En lo que respecta a Ingresos Brutos, el ministro afirmó que es el que “marca la diferencia en materia recaudatoria” y ejemplificó que, haciendo un corte de cómo ha evolucionado este impuesto en los últimos diez años, mientras en 2006 significaba el 60% del total de la recaudación tributaria de la provincia, actualmente representa el 80%.

“El objetivo de esta gestión es revertir” esos porcentajes para que pasen a tener más importancia los impuestos patrimoniales, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que para el próximo año en base a las estimaciones de recaudación, se prevén obtener alrededor de 16 mil millones de pesos, de los cuales unos 12.600 millones provendrían de Ingresos Brutos; 1.600 millones de Tasas de Justicia y Sellos; más de mil millones en concepto de Impuesto Automotor, y 660 millones por Inmobiliario.

También hizo referencia a la caída de Ingresos Brutos durante el mes de octubre y a un pequeño “repunte” durante el mes de noviembre y lo que va de diciembre, a lo que añadió que los dos sectores en donde se observan bajas en este impuesto, son el minorista y el de servicios conexos.

Según Kerchner, influyó en esa situación la variable macroeconómica pero también, “las sucesivas moratorias que han ido adelantando recaudación y haciendo que en el futuro el contribuyente tenga menos predisposición a cumplir ante la expectativa de una moratoria”. Hay que recuperar “la cultura tributaria”, acotó.