Por iniciativa de la diputada Gisela Valdez (UCR) la Cámara de Diputados entregó reconocimientos a destacados deportistas del sur mendocino, todos ellos con discapacidad, y al profesor Eduardo Amézqueta, por su trabajo en la integración con el deporte.
La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial a la ratificación del decreto gubernamental por el que se homologan diversas actas paritarias suscriptas por el Poder Ejecutivo y organizaciones de trabajadores, en el marco de las discusiones paritarias dadas en los últimos meses del presente año.
Integrantes de la comisión de Cultura y Educación, que preside Natalia Vicencio (FdT-PJ), abordaron diversos expedientes obrantes en su índice y, entre ellos, votaron despacho favorable para una iniciativa de Josefina Canale (PDP) que promueve declarar de interés el libro “Unas cuantas mujeres” escrito por la Lic. Bettina Ridois.
En el Salón Azul de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo el acto de reconocimiento al deportista Guido Giambastiani, uno de los navegantes con mayor experiencia a nivel nacional. Es entrenador principal de la Escuela De Vela Del Club Mendoza Regata y Team Leader de la Selección Argentina de Optimist, embarcación a vela para quienes están comenzando a competir deportivamente.
La Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa de Mauricio Di Césare (UCR), por la que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, una fracción de terreno que será destinada al ensanche de calle Ejército de los Andes, en el departamento de Rivadavia.
La Cámara de Diputados otorgó sanción final a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que declara a la “Alfabetización como política educativa prioritaria para todo el territorio provincial”, estableciéndose “un Plan Estratégico de Alfabetización de Mendoza (PEAM), como política pública, responsabilidad indelegable del Estado”.
Integrantes de la comisión de Desarrollo Social, que preside Sandra Astudillo (UCR), continuaron el análisis de diversos expedientes en su índice. Consideraron respuestas escritas remitidas por especialistas y responsables de distintas áreas sobre consultas puntuales, y se definió el abordaje de los proyectos, en vistas a la finalización del año.
La comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, que preside Verónica Valverde (FdT-PJ) continuó con el tratamiento del proyecto de Ley relacionado al ciclo de recolección y disposición final de los residuos eléctricos y electrónicos, denominados RAEEs.
El proyecto contemplando también conductas como el hostigamiento digital y la suplantación de identidad, además del ciberacoso sexual.
La Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa de Daniela García, Adrián Reche y Ana María Andía (MC), por la que se incorporan figuras como el hostigamiento digital, el ciberacoso sexual y la suplantación de identidad al Código Contravencional de la provincia.
Según indicó García, se trata de tres proyectos que fueron acumulados y de los cuales surgió un único texto, como parte "de las nuevas legislaciones para custodiar los derechos humanos offline y online, en donde cada persona convierte su identidad personal de una manera y que habitualmente y por diversas causas, son hostigadas digitalmente a través de los distintos formatos que existen en lo que se llama ciberdelito”.
Señaló que como Nación “no reforma el Código Penal, teniendo en cuenta que la Convención de Budapest dice que es delito, se empieza a avanzar en las provincias a través de los Códigos Contravencionales”, siendo Mendoza, la primera en contar con una Ley al respecto después de CABA. “Es una manera de llegar antes”, dijo la diputada.
El proyecto había sido analizado por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales recibiendo aportes de jueces, fiscales y de organizaciones no gubernamentales que hicieron aportes. Así, se alcanzó un texto unificado que contempla el ciberacoso sexual, la suplantación de identidad, la publicación de imágenes de contenido íntimo, el hostigamiento, agravantes y penas.
Reche indicó al respecto que “no sólo han intervenido personas fuera de la provincia sino también jueces y fiscales de la provincia que atienden normalmente estos casos y no pueden encuadrarlos por, incluso, artilugios que hacen que caigan en una zona gris”.
“Hoy ha cambiado tanto la situación con el avance de la tecnología y la justicia no siempre tiene las herramientas para avanzar. Lo ideal sería modificar el Código Penal, pero esto no pasa y por ende tenemos que avanzar con las herramientas de las que se disponen en la provincia”, acotó.
La media sanción contempla sanciones que van desde multas, trabajo comunitario o arresto, según el caso.
En ellas, se incluye la difusión no autorizada de imágenes de contenidos de carácter sexual, para casos en que una persona difunda, publique, distribuya, facilite o ceda a terceros imágenes, grabaciones, filmaciones de carácter sexual de una o más personas mediante la utilización de cualquier comunicación electrónica, medio de transmisión de datos y/o página web sin mediar consentimiento expreso, libre e informado de las personas mayores de edad que se puedan identificar en las mismas.
Asimismo, el acoso digital. “Quien intimide, acose u hostigue en forma reiterada a otra persona mediante el uso de cualquier medio digital”.
De igual forma el ciberacoso sexual: “quien intimide, acose u hostigue a otra persona mediante el uso de imágenes, filmaciones, comunicaciones y/o contenidos de naturaleza o connotación sexual y utilizando para ello cualquier medio digital, en forma única o reiterada, en tanto las mismas no desean o rechazan estas conductas y afecten su dignidad, libertad e integridad, provocando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo en los espacios virtuales”.
La suplantación, usurpación y supresión digital de la identidad en espacios digitales, también forma parte de este proyecto, esto es, “quien utilizare la imagen y/o datos filiatorios de una persona, creare una identidad digital falsa utilizando la imagen y/o datos filiatorios de otra persona o suprimiere los mismos de plataformas de acceso público o privado”.
Finalmente, la publicación y difusión de imágenes de contenido íntimo: “quien divulgare, publicare, difundiere o cediere a un tercero imágenes y/o contenidos de carácter íntimo por cualquier medio de comunicación electrónica, telecomunicaciones, tecnología de transmisión de datos o por cualquier otro medio virtual, sin contar con el consentimiento expreso, libre e informado de las personas víctimas”.
Sanciones
Para el caso de la difusión no autorizada de imágenes de contenidos de carácter sexual, se prevén multas de 2.000 a 4.500 U.F, o arresto desde 10 a 30 días, mientras que para el acoso digital, multas de 500 a 2.000 U.F.; de 5 a 15 días de trabajo comunitario o de 3 a 10 días de arresto.
Por otra parte, para el ciberacoso sexual contempla multas de 500 hasta 1000 U.F., o de 10 a 30 días de arresto; para la suplantación de identidad, multa de 2.000 a 3.000 U.F, o de 15 a 45 días de arresto, y finalmente para el caso de la difusión de imágenes de contenido íntimo, de 500 a 2.000 U.F., o de 5 a 15 días de trabajo comunitario.
Agravantes
El texto legislativo plantea además agravantes a las conductas descriptas, en cuyos casos se duplicarán en su mínimo y máximo las sanciones.
Estos casos están vinculados a si la víctima fuera niño, niña o adolescente, siempre que el hecho no constituya delito, mayor de 60 años o persona con discapacidad; cuanto la contravención fuera cometida por el/la cónyuge, ex cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia, o cuando la contravención sea cometida por un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
También cuando fuese cometida con el concurso de 2 o más personas; cuando mediante el uso indebido de los datos personales, adquiriera productos o mercancías, contratara servicios o hiciera que terceras personas se pusieren en contacto con la persona víctima por cualquier motivo; cuando la información divulgada hubiese sido obtenida mediando engaño; en caso de que fuese cometida mediante la utilización de identidades falsas o anónimas o mediando la suplantación de la identidad de otra persona humana o jurídica, y cuando la utilización de imágenes y datos filiatorios sea realizada con la finalidad de conformar un banco digital de datos de acceso público o privado.
De igual forma, dispone que las penas de multas o arrestos establecidas en los casos de difusión no autorizada de imágenes de contenidos de carácter sexual, ciberacoso sexual y suplantación de identidad, no podrán convertirse en penas de trabajo comunitario, mientras que las sanciones de trabajo comunitario que se impongan por acoso digital y la publicación y difusión de imágenes de contenido íntimo, no podrán cumplirse en organizaciones en cuyo objeto se encuentren relacionadas con mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Debate
Daniela García (UCR), indicó al respecto que “se logró un despacho en común” en base a tres proyectos, y repasó el trabajo realizado en la comisión de LAC.
Indicó que “En 2017 Argentina aprueba la convención de Budapest, que es una convención que habla de la adecuación de las normas nacionales y provinciales a todo lo que hace al ciber delito y a la necesidad de adecuar su legislación debido a que hemos quedado desactualizados. La idea es proteger a las personas que son cibernautas”.
Asimismo, repasó la legislación nacional en materia de delitos informáticos, grooming y tenencia de pornografía infantil, subrayando que “falta la tipificación de ciertos delitos como difundir fotos y videos de una persona, que ya en la convención de Budapest se solicitaba que se tipifiquen en el Código Penal, pero no se ha logrado y es por eso que diversas provincias trabajan para generar esta tipificación dentro de lo que sería una contravención”.
“Este proyecto busca sancionar aquellas actitudes o actividades hacia una tercera persona, como la difusión de material intimo sin autorización, la usurpación de identidad, los mensajes misóginos, el acoso digital que se puede dar de diferentes maneras”, dijo la diputada, a lo que agregó que “como aún no se asume a nivel nacional este derecho nosotros lo tipificamos con agravantes que tienen que ver la edad y la condición de la persona acosada. Mendoza, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sería la primera provincia que ejecuta y sanciona ciber delitos”.
Por su parte, Adrián Reche agradeció el tratamiento y rescató “el gran trabajo” realizado y “los aportes de las fuerzas opositoras”. “Con este proyecto buscamos generar herramientas y aportarlas a la Justicia para tratar una conducta antisocial que la vemos día a día”, remarcó.
El legislador agregó que “Internet nos ha cambiado la vida pero también tiene esta parte oscura que generan estas situaciones. Tiempo atrás el acoso lo veíamos en la calle, una escuela, nunca nos imaginamos que se iba a trasladar a la red, y que podemos ser víctimas todos; por lo tanto, no podemos quedarnos quietos frente a ello”, manifestó.
Por último, Reche indicó que “lo ideal sería que lo contempláramos en el Código Penal” como una acción típica jurídica punible, y que frente a que el Congreso Nacional no ha avanzado en ello, “debemos darle herramientas a la Justicia (local) para que pueda avanzar en el ciberespacio que está de manera continua con nosotros. Esta herramienta suple ciertos grises que tenemos”.
Mercedes Llano (PD), expresó a su turno que “representa un avance el establecimiento de estos derechos a la protección de la intimida y privacidad y la aplicación de sanciones”. Además sostuvo que “lo que nos parecería adecuado es definir qué es una conducta de hostigamiento, porque esto puede generar la limitación de la libertad de expresión”.
Por otra parte consideró que “habría que avanzar en la regulación de ciber-bullying en las escuelas, la violencia a nivel intraescolar está avanzando de manera preocupante”.
Germán Gómez, presidente del Bloque del Frente de Todos, subrayó que “nos parece en líneas generales muy bueno este proyecto”.
Asimismo consideró importante que se tenga como agravante que el hecho delictivo sea cometido por profesionales de la materia, y por agentes de seguridad digital.
En tanto, Verónica Valverde (FdT-PJ), fundamentó la postura de su espacio manifestando que “vemos con agrado este proyecto. Nos parece importante que se avance en este tipo de delitos en la provincia, y esperamos también que se pueda avanzar en el Congreso Nacional. Es un derecho 5G, de identidad digital, y que si es vulnerado, sea sancionado”.
La diputada llamó la atención sobre el incremento que se ha evidenciado en intentos de suicidio y suicidios efectivos en la provincia, una lamentable consecuencia que han tenido estos delitos en su instancia más grave para la víctima, con lo cual “se obliga a poner el foco en que deberíamos hacer todo lo posible para poder evitarlo”.
Sintetizó Valverde al mencionar que “cuando alguien va constituyendo su perfil digital, muchas veces se ve entorpecido por la información que suben terceros; y con eso, se viola el derecho de la persona a la autodeterminación. Pudimos aportar que sea tenido como contravención a quienes envían este tipo de imágenes sobre todo las que tienen contenido sexual”; y abogó por capacitaciones y enseñanzas sobre el impacto que tiene el contenido que subimos a las redes sociales y/o internet.
Por iniciativa de Valentina Morán (FdT), la Cámara de Diputados declaró de su interés el Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC–Derechos Humanos en América Latina y el Caribe (IMD) realizado los días 11, 12, 13, 14 y 15 de octubre.
Integrantes de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, que preside Jorge López (UCR), votó despacho favorable a diversas actas paritarias suscriptas por el Poder Ejecutivo y organizaciones de trabajadores el pasado mes de noviembre. Asimismo, la comisión abordó otros expedientes en su índice, vinculados a servicios extraordinarios de la Policía de Mendoza, y tomó la decisión de enviar consultas a otros organismos para decidir sobre el futuro de esos proyectos.
La Cámara de Diputados dio curso favorable a distintos proyectos de resolución y declaración de las distintas bancadas políticas
Por iniciativa de Paula Zelaya (UCR), se realizó en el Auditorio de la Legislatura provincial el acto de apertura del Espacio de Emprendedores de la Economía Social, que convocó a funcionarios del área y representantes de este sector de la economía que expuso sus productos en la explanada de la Casa de las Leyes.
La Ley fue impulsada por la diputada María José Sanz (UCR), quien presenció la sesión del Senado en la que se le dio sanción definitiva.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Claudia Salas (UCR), mediante el cual se transfiere al Instituto Provincial de la Vivienda, a título de donación por parte de la Municipalidad de Gral. San Martín, un grupo de lotes del barrio Palmira Crece que serán destinados a la construcción de 53 viviendas individuales y obras complementarias de conexión a los servicios de agua, cloacas y electricidad.
En su sesión de tablas, la Cámara de Diputados aprobó diversos proyectos de Resolución y Declaración impulsados desde los distintos bloques.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Jorge Difonso (FR-UP) dio despacho favorable a una iniciativa de Mauricio Di Césare (UCR), mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, una fracción de terreno que será destinada al ensanche de calle Ejército de los Andes, en el departamento de Rivadavia.
El Voluntariado Legislativo 2022, cerró esta nueva edición en la Legislatura provincial con la entrega simbólica al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, de una de las catorce iniciativas trabajadas y elaboradas a lo largo de más de dos meses de encuentros.
La iniciativa, de la senadora Mercedes Rus (UCR), propone instaurar un Régimen Preventivo y de Control de Actividades con metales no ferrosos.
La Cámara de Diputados envió nuevamente en revisión al Senado al proyecto por el cual se busca terminar con el robo de transformadores y cables que afectan la prestación de servicios y el desarrollo de distintas actividades.
Impulsado por Carolina Lencinas (UCR), la comisión de Salud se abocó al análisis de una iniciativa que promueve la colocación de cartelería en centros asistenciales, que brinde información actualizada sobre la Red Asistencial de Consumos problemáticos.
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