La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley que crea el Registro Único y Equipo Interdisciplinario de Adopción. El mismo funcionará como un cuerpo especializado y comprenderá en su órbita funcional al Registro Único de
Aspirantes a Adoptar y al Equipo Interdisciplinario de Adopción (E.I.A.). La iniciativa pertenece a la diputada Sonia Carmona (PJ).El Registro Único y el Equipo dependerán funcionalmente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien será la autoridad de aplicación de la presente ley en lo relativo al mismo. El Equipo podrá cumplir funciones en toda la provincia hasta tanto se organicen los Equipos técnicos en las restantes Circunscripciones.
Asimismo, el Registro tendrá competencia en toda la Provincia y ubicará su sede primaria en la Primera Circunscripción Judicial, pudiendo habilitarse Delegaciones en cada una de las Circunscripciones judiciales. Los trámites que se realicen ahí, no requerirán patrocinio letrado y estarán exentos del pago de Tasa de Justicia y/o aportes en Juicio.
Tanto el Registro y sus delegaciones coordinarán sus acciones con lo Juzgados de Familiar y de Paz; la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), los municipios, el Consejo Asesor Mixto sobre adopción y Familia (CAMISAF) y el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) de los Juzgados de Familia.
La comisión compuesta por legisladoras de todas las bancadas se reunió con Paola Legay, Oficial de la policía de Mendoza que se desempeñó como
bombera.Según denunció Legay, mientras se abocó a las tareas en la Dirección de Bomberos de la policía, se le impidió “sistemáticamente” el ejercicio de las tareas que le correspondían.
A pesar de ello, la licenciada en Seguridad Ciudadana, pudo gradualmente insertarse en las labores, según explicó.
La mujer relató maltratos por parte de miembros de la institución a la que pertenecía que llegaron al límite de depositar materia fecal en el espacio en el que ella hacía guardia y utilizaba como cambiador.
“Era un recinto que yo tenía para vestirme y dormir durante las guardias nocturnas y sobre la cama tenía materia fecal”, relató.
Legay aseguró que, antes de que el Instituto Nacional contra la Discriminación hiciera eco de sus reclamos, acudió a diferentes organizaciones no gubernamentales, al Instituto Provincial de la Mujer y ala Inspección general de Seguridad, donde no habría recibido respuesta.
El INADI dictaminó finalmente a favor de la denunciante, tras dos años de hacer el reclamo.
La denunciante acudirá también a la comisión de Derechos y Grantías.
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La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que indica la necesidad de instrumentar un programa de terminalidad educativa tanto para el personal policial como penitenciario de Mendoza.
La ley establece que el personal de seguridad deberá tener título secundario o equivalente, conforme las normas que sobre este particular estén establecidas.
Asimismo cabe destacar que quienes ingresaron al Servicio Penitenciario sin tener título polimodal, secundario o su equivalente y que a la fecha no han completado sus estudios, se les ha otorgado por única vez una prórroga para finalizar con el cursado obligatorio de los mismos.
Esta prórroga comprende en cada caso los ciclos lectivos que requieran para finalizar los estudios. En tanto, el personal penitenciario beneficiado con la prórroga no podrá ser confirmado o ascendido hasta tanto finalice los estudios del ciclo polimodal, secundario o equivalente.
La Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley de Adhesión al art. 64 de la Ley Nacional 12.908 que establece el estatuto del periodista profesional, presentado por Claudio Diaz (PJ) y Alejandro Viadana (PJ).
Por medio de la misma se establecen las condiciones laborales para el desempeño de esta profesión, previendo así mismo, que las empresas deberán cumplir con la legislación para acceder a la publicidad oficial.Las reparticiones de la Administración Pública Provincial que dependan del Poder Ejecutivo, incluyendo organismos autárquicos, descentralizados, sociedades del Estado o con participación mayoritaria del Estado, y los Poderes Legislativos y Judicial; no podrán disponer publicaciones de ninguna índole, cualquiera sea el medio y el soporte que utilice para informar, si no se cumple con esta legislación.
El Diputado Claudio Diaz (PJ), afirmó que “esto constituye un acto de justicia para los trabajadores de prensa, gran parte de ellos, en especial los jóvenes que comienzan a ejercer la profesión, no están en blanco, no se les realizan aportes, además que no se cumplen con los convenios colectivos de trabajo”.
Néstor Parés (UCR), confirmó el apoyo del bloque radical al proyecto y expresó que “asumimos el compromiso en labor parlamentaria junto a los trabajadores de prensa, porque consideramos que es justo el pedido, que es necesaria la ley y su pronto cumplimiento”.
Por su parte Néstor Piedrafita (NE), destacó que “esta ley se enriquece con el pedido de sanción a los funcionarios públicos que no cumplan; es muy importante igualmente porque abarca a la totalidad de los trabajadores de prensa”.
Daniel Cassia (PF) destacó el trabajo del Sindicato de Prensa, “han realizado una tarea ardua, a pesar de los conflictos lograron un gran trabajo”. Del mismo modo Raúl Guerra (EP), destaco el trabajo del Sindicato y agregó que “la Ley Nacional es del año 46`, es lamentable que hoy tengamos que tratar estos temas para hacerlos cumplir”.
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Los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el justicialista Alejandro Viadana recibió la visitas de Veteranos de Guerra “San Miguel Arcángel” que impulsaron, a través de un proyecto de Ley
del senador Guillermo Amstutz, la creación de una Pensión Honorífica, denominada “Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur”, de carácter mensual y vitalicio.El proyecto, que obtuvo sanción del Senado, es analizado por la comisión de LAC para su próximo tratamiento en el recinto de sesiones, razón por la cual los veteranos expusieron su opinión respecto de la necesidad de que obtenga sanción definitiva.
La norma establece que serán plausibles del beneficio los soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas y Seguridad que hayan participado en el conflicto bélico con Gran Bretaña, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el denominado Teatro de Operaciones Sur, al sur del Paralelo 42; personal civil de las Fuerzas Armadas que se encontraban cumpliendo funciones en dicho teatro; personal de cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro y aquellos que habiendo participado del conflicto, se hayan dado de baja luego de terminado el mismo y que no perciban ningún beneficio como veteranos de guerra por parte de la fuerza a la que pertenecieron y esta pensión no es compatible con cualquier otra provincial, derivada del mismo conflicto .
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de la diputada Sonia Carmona (PJ) por la cual se solicita se implemente en Mendoza un 0-800 informativo para asesorar a mujeres en situación de violencia.
En los fundamentos de la norma se destaca que la ley sancionada y promulgada en el 2009 “De Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia”, hace referencia a la implementación de una línea gratuita y accesible, destinada a dar información y brindar asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.
Asimismo, de acuerdo al último informe de feticidios del “Observatorio de Femicidios en Argentina”, elaborado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en el año 2010 murieron 260 mujeres y niñas en situaciones que pueden ser catalogadas como femicidios.
En tanto, según el Registro de Información de Violencia de Género (R.I.V.G.) de Mendoza, durante el 2011, se registraron 904 casos de personas atendidas por violencia de género en el seno familiar, de los cuales el 95% padece maltrato.
Esta media sanción es el complemento para otras leyes nacionales que están relacionados con este tema como son las normas “Para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica”, la de “aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” y la del parto humanizado entre otras.
Integrantes de la Bicameral de Educación, que preside el senador Daniel Vilches, recibieron a dirigentes del Sindicato Unidos de Trabajadores de la Educación, encabezados por Javier Guevara que hoy realizaron una jornada de lucha
frente a la Legislatura provincial.El SUTE pidió a los legisladores que en la Ley Provincial de Educación se tengan en cuenta los 25 puntos elaborados por el gremio en los distintos encuentros realizados con docentes de toda Mendoza y que contemplan entre otros, el financiamiento educativo.
Después de la reunión Vilches habló a los docentes reunidos frente a la Casa de las Leyes asegurando que desde la Bicameral se realizó un exhaustivo análisis comparativo de los 25 puntos presentados por el gremio y se concluyó que varios de ellos ya están incorporados a la ley y que otros son plausibles de discusión.
Concretamente el SUTE reclama que los recursos para educación de Mendoza alcancen el 8 por ciento del Producto Bruto Geográfico o no menos del 35 por ciento del presupuesto provincial.
También hay puntos en el reclamo docente que tienen que ver exclusivamente con el gobierno de la provincia por lo que se decidió que una vez aprobada la Ley de Educación, legisladores y gremios aporten a la reglamentación de los mismos.
Los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que preside el justicialista Alejandro Viadana recibió la visitas de Veteranos de Guerra “San Miguel Arcángel” que impulsaron, a través de un proyecto de Ley del
senador Guillermo Amstutz, la creación de una Pensión Honorífica, denominada “Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur”, de carácter mensual y vitalicio.El proyecto, que obtuvo sanción del Senado, es analizado por la comisión de LAC para su próximo tratamiento en el recinto de sesiones, razón por la cual los veteranos expusieron su opinión respecto de la necesidad de que obtenga sanción definitiva.
La norma establece que serán plausibles del beneficio los soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas y Seguridad que hayan participado en el conflicto bélico con Gran Bretaña, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el denominado Teatro de Operaciones Sur, al sur del Paralelo 42; personal civil de las Fuerzas Armadas que se encontraban cumpliendo funciones en dicho teatro; personal de cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en situación de retiro y aquellos que habiendo participado del conflicto, se hayan dado de baja luego de terminado el mismo y que no perciban ningún beneficio como veteranos de guerra por parte de la fuerza a la que pertenecieron y esta pensión no es compatible con cualquier otra provincial, derivada del mismo conflicto .
Luego de obtener aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto por el cual se declara de interés provincial la investigación, el desarrollo tecnológico, la fabricación local y la instalación de generadores fotovoltaicos para la generación de energía
eléctrica, a partir del aprovechamiento de la radiación solar; regresó al Senado. La iniciativa pertenece al senador Guillermo Amstutz (UP) y la Cámara de Diputados le realizó un agregado a uno de los artículos, por lo que regresó a la Cámara Alta para su tratamiento.La iniciativa especifica en su articulado que se creará el “Régimen de Promoción para la investigación, el desarrollo tecnológico, la fabricación local y la instalación de inversores fotovoltaicos duales, para la generación de energía eléctrica y térmica a partir del uso de la radiación solar en la Provincia de Mendoza”.
Establece que la finalidad de la norma es aumentar la producción de la energía eléctrica, diversificando la matriz energética. Además mencionan como objetivos: incrementar el volumen de producción energética local, fomentar la generación de energías limpias con fuentes renovables, reducir el riesgo de contaminación ambiental, incentivar el desarrollo tecnológico industrial local para esta tecnología, entre otros.
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La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Ejecutivo por el cual se ratifica el decreto nº 731, con fecha 3 de mayo de 2012, por el que se aprueba el contrato de Fideicomiso de Administración celebrado entre la Provincia
y Mendoza Fiduciaria S.A., ya que ante el vencimiento del plazo de la concesión de la Estación Terminal de Ómnibus, la provincia debe, como Poder Concedente, adoptar las medidas necesarias para darle continuidad a los servicios que se prestan. Este sentido, afirma la iniciativa en sus fundamentos, que la selección de Mendoza Fiduciaria S.A., responde a que ésta se especializa en la administración de Fideicomisos Públicos de la provincia y de vecinas provincias, y teniendo en cuenta que se trata de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, siendo el Estado de Mendoza el titular del 98% del paquete accionario.
Se aclara, también, que la figura del Fideicomiso evita que la provincia contraiga obligaciones y asuma riesgos de derivados de la operación de los servicios prestados por la Estación Terminal de Ómnibus durante el tiempo que transcurra hasta que se lleve adelante la licitación de la concesión recayendo la responsabilidad sobre el fideicomiso. Asimismo, los intereses de la provincia se ven garantizados por las facultades que le corresponden como fiduciante.
Empleados de la Empresa Provincial de Transporte (EPTM), entregaron un petitorio a los diputados Aldo Vinci (PD), Luis Petri (UCR) y Claudio Díaz (PJ), pidiendo mayor seguridad para la prestación de los servicios, luego de que un trabajador de trole fuera asesinado ayer mientras descargaba un camión con ramas cerca del barrio Campo Papa, de Godoy Cruz.
La delegación de trabajadores encabezada por Jorge Chávez y Carlos Barrionuevo, ambos delegados de ATE, pidieron “contención para la familia que ha quedado totalmente desprotegida” y una “partida presupuestaria para que la empresa pueda solicitar servicios extraordinarios de la policía”.
Además, indicaron que no tienen acceso a la investigación y que hasta ahora, nadie se ha comunicado con ellos para explicarlos los avances de la causa. “No queremos intervenir pero tampoco queremos este caso sea una página más que quede en el olvido”.
“Somos trabajadores sin bandería política que lo único que pretendemos es que se esclarezca este crimen y no quede impune”, expresaron.
Vinci, como presidente de la comisión Bicameral de Seguridad, anticipó que presentarán formalmente el requerimiento ante el Ministerio de Seguridad porque los trabajadores “tienen que estar protegidos Quienes prestan un servicio tienen que tener el resguardo necesario par cumplir su tarea”.
Adelantó también que se interiorizarán respecto a los avances de la investigación judicial al tiempo que los invitó a participar de la reunión que la comisión mantendrá el próximo martes 21, a la que también invitarán a funcionarios de la Dirección de Vías y Medios de Transporte y del Ministerio de Seguridad.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley pres
entado por el Poder Ejecutivo mediante el cual se trasfiere a la Dirección General de Escuelas un inmueble en calle Ozamis Nº 700, del Departamento de Maipú.El mismo cuenta de de 6.400,00 m2, y será destinado al funcionamiento de la Escuela Nº 4-003 “Emilio Civil”, y otro establecimiento que en el futuro la misma establezca.
Cambio en la Composición de Comisiones
El Bloque demócrata propuso el cambio de sus miembros en la composición de algunas Comisiones. Así, el diputado Rómulo Leonardi irá a la Comisión de Salud Pública en lugar de Aníbal Ríos. A su vez Ríos pasará a ocupar el lugar de Juan Riesco en la Comisión de Trasandina, Mercosur, y Cooperación Regional.
Por su parte. Riesco reemplazará a Ríos en al Comisión de Turismo y Deportes.
La comisión Bicameral de Seguimiento de Vale, acordó hoy proponer que los monobloques puedan participar en forma activa de las reuniones y actividades de la comisión que, por ley, está conformada por cuatro diputados y cuatro
senadores.Durante un encuentro mantenido hoy, el segundo desde su constitución, se decidió además que el tema sea planteado a través de una resolución para que sea aprobado por el Cuerpo, con la aclaración de que la participación de los miembros de los bloques unipersonales tendrán voz pero no voto.
El titular de la comisión, José Muñoz (PJ), indicó que como primera medida se informará tanto a las autoridades de la Secretaría de Ambiente, al Ministerio de Infraestructura, la Municipalidad de Malargüe y a la empresa Vale, sobre como quedó constituido finalmente este órgano legislativo creado por ley.
Según explicó, la idea es organizar reuniones para conocer el plan de trabajo de la empresa que desarrolla un proyecto de extracción de sales de potasio en el departamento de Malargüe, así como todo lo relacionado con el desarrollo general del emprendimiento, el arco de inversiones y plazos de ejecución de obras, entre otros aspectos.
La comisión está integrada además, por los diputados Aníbal Ríos (PD), Humberto Montenegro (UCR) y Silvia Ramos (Eje Peronista). Por el Senado, participan Germán Gómez (Eje Peronista), Ernesto Corvalán (PD) y Silvia Calvi (PJ). Falta la designación de un senador del bloque de la UCR.
La comisión de Derechos y Garantías, que preside Fernando Barrigón (UCR), recibió a integrantes de la Inspección General de Seguridad para analizar mecanismos de trabajo conjunto de manera tal de agilizar las denuncias que se presentan
habitualmente en ese órgano legislativo, relacionadas con el accionar de policías o agentes penitenciarios.Una de las sugerencias planteadas por la titular de la IGS, Mariana Herrero, fue que más allá que la comisión remita las denuncias de este tipo a la Inspección, podría también instruirse a los denunciantes a que inmediatamente presentado el trámite en Derechos y Garantías se les aconseje hacerlo también en el organismo provincial.
La idea, según Diego Arenas y Leopoldo Orquín, directores de la IGS, es “ver un sistema que institucionalmente funcione para que ante estos casos la Inspección intervenga rápidamente”.
Asimismo, se sugirió la elaboración de una especie de protocolo de funcionamiento entre ambos y que una vez al mes, se reúnan todas las partes con los denunciantes para que éstos expongan su situación y a la vez, se de cuenta de los avances en las investigaciones.
Las Comisiones de Desarrollo Social, presidida por Sonia Carmona (PJ) y de Derechos y Garantías presidida por Fernando Barrigón (UCR), se reunieron con la Subsecretaria de Familia, Dolores Alfonso y la Directora Provincial de Discapacidad, María del Carmen Cabutti, para abordar temáticas relacionadas al
Instituto Concepción Jorba de Funes de El Sauce, que brinda albergue actualmente a 47 personas con patologías mentales y diferentes discapacidades. Alfonso expuso que el plan de trabajo planteado cuenta con acciones a corto, mediano y largo plazo; pretendiendo mejorar en primer lugar las instalaciones del Instituto. Del mismo modo, Cabutti afirmó que hay deficiencias en los sanitarios y lavandería y que el “pabellón está colapsado”. Además afirmó que actualmente se están construyendo baños nuevos, se compró un lavarropas industrial, alrededor de 50 camas reforzadas e indumentaria y calzado para los albergados.
Por su parte, Dolores Alfonso destacó que se incorporaron cuatro trabajadores más para las tareas de cuidados, un médico clínico y prontamente una Coordinadora Asistencial de la Dirección de Discapacidad.
Con respecto al plano de mediano plazo, la Subsecretaria de Familia, afirmó que pretenden la aprobación de un decreto que incorpore el Instituto, que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, también al Ministerio de Salud para transformarlo en un Centro Sanitario de Atención. Esto permitirá realizar un trabajo interdisciplinario admitiendo la incorporación de farmacia, especialidades médicas, uso de ambulancia y planes de prevención.
La comisión de Economía, presidida por Alejandro Limas (UCR), se reunió con Gustavo Collado, Subsecretario de Hidrocarburos, Minería y Energía, y colaboradores del área para analizar aspectos vinculados a la distribución de garrafas y gas en la provincia; precio y abastecimiento de combustibles líquidos, y la aplicación
del decreto presidencial nº 1277 relacionado a la soberanía provincial hidrocarburíferas; entre los principales.Ante la consulta de los legisladores, Collado manifestó que los números que se manejan en la cartera luego de la recuperación nacional de YPF son mucho mejores que los del año pasado. Sostuvo que más allá de esos datos, a la Argentina le hace falta capacidad de refino, aunque se está trabajando en ello. El funcionario, aclaró que la reducción del octanaje en las naftas de YPF cumple con la normativa vigente de mínimos de esa graduación y no quiere decir que son de mala calidad como se publicó en algunos medios. Agregó que desde julio nuestro país dejó de importar algunos combustibles para elaborarlos aquí.
El Subsecretario explicó también que se trabajará en la posibilidad de tener un gasoil agrícola con menor costo, aunque anticipó que seguramente se harán anuncios en los próximos días en relación a ello. Remarcó que también estudiarán las normativas sobre la cantidad de litros que los productores pueden comprar, en envases que transportan, para el desarrollo de su actividad.
En ese tema, aclaró Collado que ha mantenido reuniones con el titular de AMENA, Domingo Franchetti, quien también le mencionó esta problemática. Dijo que debemos ser conscientes de que se están haciendo labores para aumentar la producción que evidentemente no alcanza.
La Comisión de Turismo, presidida por el diputado Daniel Dimartino (UCR), se reunió con distintos representantas de las asociaciones Argentina de Guías de Montaña, Profesionales de Mendoza y Guías Profesionales de Montaña,
respectivamente, con el fin de analizar la situación de los guías de montaña en la provincia y lograr concretar una ley que regule la actividad.Actualmente, si bien existen diversas iniciativas a nivel nacional y provincial, no existe ninguna ley que regule esta actividad en Mendoza y esto provoca situaciones que ponen en peligro la vida de las personas que trabajan y practican la misma.
Las asociaciones presentes sugirieron desarrollar una ley única que permita solucionar cada uno de los puntos conflictivos y que también brinde una mayor dinámica a futuras modificaciones, dado que la actividad está en permanente crecimiento.
En este sentido explicaron que desarrollar una ley general, que abarque a los guías de turismo, hoteleros, sommeliers, instructores de esquí, entre otros, implicaría tener que consultar a cada una de las actividades intervinientes cada vez que se lo requiera, obstaculizando más que facilitando.
Entre los puntos que para ellos deberían estar dentro de la ley nombraron la definición del guía de montaña; la regularización de la actividad; las obligaciones y responsabilidades de los profesionales; la creación de un registro provincial de guías y escuelas formadoras de guías, la forma y unificación de tributación, la situación de los guías extranjeros y la obligatoriedad del seguro civil, entre otros.
Al respecto, los diputados estuvieron de acuerdo en que se trabaje para concluir una ley específica en conjunto con las asociaciones que contemple cada uno de los puntos planteados, ya que lo primordial es cuidar al usuario y a los profesionales de montaña dentro de la ley.
El presidente del IPV dijo que a la fecha se ha cumplido el 95% del Plan Provincial anunciado en febrero y pidió a los diputados aprobación de la Ley con sanción del Senado que permitiría escriturar 4000 viviendas.
Los integrantes de la comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que preside el demócrata Hugo Babolené, recibieron al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Omar Parisi quien respondió las consultas de los legisladores relacionadas con distintos temas que hacen al funcionamiento de la cartera a su cargo.
Entre ellos el gasto anual que demanda la repartición en personal, proyectos de inversión a realizar en este período de gestión, tipo de financiamiento que recibe el IPV para obras nuevas, mejoramiento y urbanización y proyectos licitados y ejecutados a la fecha.
Parisi aseguró que desde el organismo a su cargo se ha dado cumplimiento al 95 por ciento de lo proyectado cuando se lanzó en febrero el Plan Provincial de Vivienda.
“Se han entregado 611 casas, 150 mejoramientos habitacionales, 600 escrituras y hay en construcción 3444 casas. Licitadas y en etapa de firma de contratos hay 819 y 1516 están en etapa de adjudicación”, dijo el funcionario.
Aseguró que a “ese ritmo llegaremos diciembre de 2013 con 6 mil viviendas entregadas en toda la provincia”. Para llevar a cabo este objetivo Parisi advirtió que necesitará autorización para endeudarse o tendrá que percibir fondos del tesoro provincial ya que el presupuesto actual, que alcanza casi los 800 millones de pesos se verán reducidos en 350 millones, porque no será posible emitir bonos como se hizo durante el 2012 a través de la ANSES.
En cuanto al déficit habitacional Parisi manifestó que, tomando los datos del censo del 2010, “el déficit de vivienda nueva alcanza a 40 mil y el cualitativo que incluye mejoras, reparación, etc., sumarían otros 40, llegando así a la cifra de 80 mil.”
Los integrantes de las comisiones de Obras Públicas e Infraestructura y Ambiente, Urbanismo y Vivienda, presididas por Cristian González (Eje Peronista) y Hugo Babolené (PD), respectivamente, recibieron al gerente del banco Hipotecario Regional de
Mendoza, Ana Soto y al presidente del IPV, Omar Parisi, quienes respondieron las consultas de los legisladores relacionadas con distintos temas que hacen al funcionamiento del Plan Procrear.Entre ellas el número de beneficiarios del plan, las variables que intervienen en la selección del sorteo, la función del banco Hipotecario y los terrenos fiscales, entre otros.
Soto aseveró que actualmente en la provincia de los doce mil inscriptos en julio, 505 fueron los beneficiados, que ya han sido atendidos para corroborar si cumplen con los requisitos en Ciudad y San Rafael.
De las 505 personas, el 80 % se le ha otorgado un crédito y un 20 % aún no. “Esto se debe a que no ha cumplido con la entrega de la documentación de las escrituras de los terrenos, tienen deudas o aparecen en el Veraz”, expresó Soto.
En cuanto a las variables que intervienen en el sorteo, existen 250 grupos diferentes, que son agrupados por: necesidad habitacional, composición familiar, individuos que tienen a su cargo una persona con discapacidad, combatientes de Malvinas. Las mismas son cruzadas por ANSES, dando como resultado las probabilidades de cada inscripto para acceder al crédito.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley presentado por el diputado Gustavo Arenas (PJ), que modifica un artículo de la ley 6858 que establece la inembargabilidad e inejutabilidad, de los bienes e inmuebles
que estén afectados a fines deportivos.Anteriormente sólo establecía la inembargabilidad e inejecutibilidad de los bienes de clubes de fútbol afiliados a ligas de fútbol de la Provincia y al Consejo Federal de Fútbol Argentino. Con las modificaciones se declararan inembargables e inejecutable los bienes muebles e inmuebles de los clubes deportivos y recreativos, y que sean propiedad de entidades sociales y deportivas sin fines de lucro, que se encuentren inscriptas en la Dirección de Personas Jurídicas y se encuentran afiliados a Ligas, Asociaciones, o Federaciones Provinciales y/o Nacionales debidamente conformadas por organismo competente.
Cabe recordar que la norma establece la eximisión de pago de todos los impuestos provinciales a las entidades comprendidas. Además que los ingresos corrientes de las entidades sólo serán susceptibles de embargos hasta el máximo total del veinte por ciento (20%) de los mismos.
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